"La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector
público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien,
habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del
sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco.
Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un
promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin
embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el
36.3% del PIB, es decir,
7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos.
Esto quiere decir que,
si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión
Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo
tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de
recursos para estimular la economía.
España recaudó menos
porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del
Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y,
además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva
1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de
naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria.
En
suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos,
la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la
enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de
dinamitar el incompleto estado del bienestar español.
Mientras
que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y
2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en
España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8
puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos
preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio
revés.(...)
En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes
empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las
cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar
un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se
ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los
defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco.
Como
afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante
otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de
algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”.
Quienes dicen que
no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos
ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero.
Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro
puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las
empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y
del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB.
Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales
evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno
y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está
claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar
que estamos sufriendo. " (Rebelión, o2/05/2012, '¿Hay o no hay dinero?
', Ramón Trujillo,
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