"Todavía no contamos con datos oficiales completos para 2011, pero sí sabemos que según informa el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) ya en 2010 la economía española acumulaba una deuda total que se aproximaba al 400% del PIB del país. Un nivel de endeudamiento crítico. Sin embargo, si nos detenemos a analizar su composición nos llevamos alguna sorpresa. A pesar de la insistencia por señalar a las entidades públicas y a las familias como principales responsables del “despilfarro”, la realidad es que es el sector privado empresarial quien en mayor medida vivió por encima de sus posibilidades: empresas financieras y no financieras acumulan un 63% de la deuda, mientras que la deuda de las familias constituye sólo un 21% y la de titularidad pública es un 16% sobre la total. Como poco, hay que decir que es sorprendente que, siendo esta la radiografía del gasto excesivo que se llevó a cabo durante los años previos a la crisis, sea ahora la situación de las familias más vulnerables y el gasto público social -que afecta sobre todo a esas mismas familias- quienes cumplen el papel de chivo expiatorio.
Pero más allá de ese trato claramente desproporcionado, no podemos obviar el hecho de que, efectivamente, las cuentas públicas se encuentran en una situación crítica. (...)
Pero en 2011 el endeudamiento público ya se situó en el 68,5% del PIB, y la previsión actual del gobierno es que alcance el 79% en 2012. Los niveles comienzan a ser elevados y la tendencia de crecimiento inequívoca. Y la situación es general en Europa. No se trata sólo de Grecia, Portugal o Irlanda. El promedio de deuda pública de la UE se sitúa casi 20 puntos porcentuales por encima de la española.
Se constata, pues, que el desarrollo de la crisis ha devenido en un generalizado deterioro de las cuentas públicas. Lo que no debe hacernos olvidar cuál fue el detonante de la crisis: los problemas financieros en EEUU y sus repercusiones inmediatas sobre entidades financieras a escala mundial. (...)
La incapacidad de obtener recursos suficientes por la vía impositiva se conjuga con otro rasgo muy acusado: los impuestos que se recaudan responden a un criterio cada vez más regresivo. (...)
En definitiva, conviene no olvidar que la crisis actual afecta a las cuentas públicas sobre un telón de fondo de prolongado deterioro de la capacidad financiera de los Estados. El caso español permite hablar claramente de una carga impositiva insuficiente y cada vez peor distribuida. Es en este panorama en el que impacta la crisis. El estallido de las burbujas inmobiliarias, el impacto inmediato en el sector financiero, y el consiguiente colapso del crédito con sus efectos negativos sobre la actividad económica general, suponen un perjuicio adicional sobre las cuentas públicas en dos sentidos. De un lado, los gastos públicos se incrementan. Se trata de gastos de muy distinta naturaleza: los programas de inversión expansivos en la primera fase de la crisis, las subvenciones directas e indirectas al sector inmobiliario y especialmente, los rescates al sector bancario, por un lado. Pero también aumenta, por ejemplo, el gasto en subsidios de desempleo. Simultáneamente los ingresos públicos, fundamentalmente los impuestos, se reducen. Esto se debe a que la mayoría de los impuestos se recaudan en función del nivel de consumo o de renta de la población, y desde el inicio de la crisis estos no han dejado de caer. Además, esta reducción en la recaudación de impuestos como consecuencia de la crisis refuerza su sesgo regresivo: según datos de Eurostat, entre 2007 y 2009 la carga impositiva implícita sobre los rendimientos del trabajo se reduce poco más de 2 puntos porcentuales, mientras que el capital ha disminuido su aportación en términos de impuestos casi tres veces más (6 puntos porcentuales)." (Bibiana Medialdea, Artículo aparecido en el Anuario 2012 de la Fundación Primero de Mayo. Economái Crítica, 29/05/2012)
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