"Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros.
Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se están
articulando medidas coyunturales, como la ampliación de 2012 a 2021 de
la compensación por la caída del tráfico —un sistema en el que el Estado
adelanta el dinero— y los 250 millones en préstamos participativos (con
aval del Estado) presupuestados para este año.
A largo plazo, Fomento
asegura que “se está trabajando en soluciones estructurales que
proporcionen un horizonte sostenible al sector”. Según López Casas, su
concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensación y
créditos participativos. (...)
La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga:
accionistas, acreedores (además de Bankia, el Santander, BBVA, el
Sabadell, Caixabank e ING)… pero los ciudadanos también pueden acaban
pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidación, alguien
tendrá que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato.
Si la
Administración tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, López Casas
calcula que tendría que asumir como máximo 670 millones, que computarían
como déficit público. Eso, más el sobrecoste de las expropiaciones. Del
resto deberían hacerse cargo los acreedores." (El País, 16/09/2012)
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