"Los recortes en sanidad ya afectan a los enfermos. De dos maneras. Por un lado, porque después del cambio del copago y la desfinanciación de algunos medicamentos
tienen que pagar más por los tratamientos que necesitan. Por otro,
porque ven con impotencia que, por un motivo económico, se les niegan
las últimas novedades.
Así lo ha denunciado esta mañana la Asociación
General de Pacientes en un acto en el que ha presentado un manifiesto en
el que denuncian esta situación. “Se antepone la crisis a nuestra
salud”, dice Alejandro Toledo, presidente de la asociación.
No es un ejercicio teórico. Y si no, que le pregunten a Carmen Varela. Esta mujer, socia de la Asociación Catalana de Pacientes con Hepatitis C (Asscat)
—“aunque vivo en Madrid”, matiza— fue diagnosticada de esa enfermedad
hepática hace 10 años “por casualidad, como muchos”.
Después de un
tiempo con controles, numerosas pruebas –ninguna especialmente barata-
como ecografías y análisis, su médico le recomendó seguir el tratamiento
estándar hasta ahora para esta enfermedad: ribavirina e interferón.
“Estuve un año y tres meses. Pareció que había resultado, y que el virus
estaba inactivo, pero poco después se vio que el virus había vuelto a
hacer de las suyas”, cuenta.
La noticia no podía ser peor. No solo se había malgastado un esfuerzo
y un dinero en tratarla sin resultado (con unos efectos secundarios que
pueden ser muy duros para los pacientes).
Con el virus sin control, la
perspectiva de una persona con hepatitis C es desarrollar una cirrosis o
un cáncer hepático. Pero Varela vio cómo, hace relativamente poco,
aparecían “nuevos tratamientos” (unos inhibidores de un proceso celular
que hay que tomar acompañado de la medicación estándar y que ha
aumentado en algunos tipos de virus la curación del 60% a casi el 100%).
“Están aprobados aquí, pero en el hospital me han dicho que no me lo
dan porque no hay dinero. Por lo visto tenemos que esperar a ponernos
muy malitos y tener una cirrosis o necesitar un trasplante para que nos
lo den”, se queja.
No es la única. Otro grupo de enfermos que espera con ilusión un nuevo
fármaco es el de los anticoagulados. “Después de 60 años con el Sintrom,
hay un nuevo producto para la fibrilación auricular que permite
controlar lo sin necesitar de controles periódicos”, dice Luciano
Arochena, presidente de Feasan (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados),
“Las altas esferas nos dicen que no nos lo dan porque está en
estudio, que no es por el costo, pero la realidad es la contraria”,
afirma Arochena. El problema es que “no se puede comprar caja a caja”.
Porque si solo eso es el criterio, la opción está clara: de los dos
euros que cuesta el tratamiento tradicional a los más de 90 del nuevo.
Pero Arochena, que es ingeniero, cree que hay que mirar más allá. El
nuevo fármaco “no requiere control periódico, sino uno cada seis meses.
También se ahorra en tiempo de la enfermera, en las tiras reactivas -a
veces se usan cuatro en cada análisis y cada una cuesta cinco euros,
dice-. Y permite viajar. Tuvimos un paciente que estaba en China. Para
hacerse el control tuvo que buscar un hospital, buscar un intérprete y
pagar todo eso. ¡Imaginen la factura que presentó!”, dice Arochena.
De las ventajas de este fármaco sabe José Luis de Haro Ortega. Este
hombre de 83 años lleva unos cinco con tratamiento de anticoagulación.
“Pero es muy latoso”, dice. Un médico especialista le recetó el nuevo, y
empezó a tomarlo.
“Pero llegó el médico del seguro y me dijo que no me
lo podía recetar porque es muy caro”, cuenta. Así que ahora no puede
seguirlo, y tiene que plantearse volver al tratamiento anterior, porque
no puede pagar los 98 euros que le costaría seguir con el nuevo.
“Vivo
en Barcelona, y entre el euro por receta, el cambio del copago y esto le han pegado un buen mordisco a mi pensión”, dice.
La casuística es variada. Antonio Canalejo está trasplantado de
hígado, y su mujer, de corazón. Con el cambio del copago las
medicaciones que toman han pasado de costarles cero euros, a más de 60.
“Y todavía no nos han devuelto nada”, dice, aunque son jubilados y han
excedido claramente el límite marcado por el real decreto de recortes.
Canalejo tiene otro problema: uno de los medicamentos que tomaba, el
Omacor, ha salido de la lista de los financiados por la sanidad pública.
Y la caja de 100 comprimidos cuesta 68 euros. Toma dos comprimidos al
día. Así que ahora ha decidido reducir la dosis a uno diario. “Pero me
encuentro que las piernas se me hinchan. No sé si será por eso”, dice.
Y, sobre esta incertidumbre, está el hecho de las desigualdades en el tratamiento según las comunidades. Emilio Iglesia, de Europacolon,
no lo entiende. “Al enfermo se le debe dar el mejor tratamiento posible
y unificado en todas las comunidades autónomas. Que el mejor
tratamiento sea el único que se emplee”, dice." (El País, 17/10/2012)
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