"Así pues, centrémonos esta vez, exclusivamente, en un aspecto que
atañe en la actualidad y de forma particular a los países de la Europa
periférica, entre los que se incluye España: la cuestión no es si el
impago de deuda es o no posible; porque lo cierto es que en las
condiciones económicas actuales algún tipo de impago es inevitable. Y
tanto los acreedores como la troika, por supuesto, lo saben.
Sintéticamente, la situación es la siguiente. Estos países acumulan
volúmenes de deuda, mayoritariamente privada, desorbitados; deudas que
multiplican varias veces todo lo que producen en un año (en el caso
español se acerca al 400% del PIB).
Por otra parte, su producción –de
donde proceden los ingresos con los que habría que pagar las deudas-
disminuye o, en el mejor de los casos, crece a un ritmo insignificante.
Así las cosas, la fórmula a la que recurren para pagar la deuda es
refinanciarla: es decir, contraer nuevas obligaciones para saldar las
que van venciendo.
Pero los tipos de interés que los mercados
financieros privados exigen a los países de la Europa periférica para
concederles nuevos créditos están muy por encima de su exigua capacidad
de generación de ingresos con los que afrontar los pagos. Como
resultado, su deuda acumulada registra una inercia de crecimiento
imparable.
La secuencia, además, tiende a retroalimentarse
convirtiéndose en una espiral perpetua, debido a que los acreedores
imponen políticas de austeridad que profundizan la recesión
(dificultando cada vez más la generación de ingresos), lo cual obliga a
recurrir de forma creciente al mecanismo perverso de la refinanciación
del endeudamiento a tipos de interés inasumibles. Bajo estas
condiciones, como decíamos, saldar las deudas pendientes resulta
imposible.
A primera vista parece absurdo: ¿Qué sentido tiene
que los acreedores hagan del impago un tabú, si antes o después tendrán
que avenirse a negociarlo? Precisamente, cuando se camina hacia un
impago, convertirlo en un tabú es muy importante.
Una vez que una
deuda se evidencia impagable el problema deja de afectar en exclusiva
al deudor. La función del sector financiero es proveer de crédito, y el
beneficio (interés) que obtiene por ello se supone correspondido por el
riesgo que asume en su actividad.
Son profesionales de la concesión de
créditos. Siempre que alguien accede a crédito por encima de sus
posibilidades hay una contraparte que está concediendo crédito por
encima de las suyas.
La pérdida en caso de impago, por tanto, está no
sólo justificada sino “prevista” en la operación. Pero lógicamente, y en
la medida en que sea capaz, la parte acreedora tratará siempre de
minimizarla. Y en el contexto político actual, la capacidad de esta
parte acreedora -el sector financiero- para conseguir lo que se propone
es, según se ha demostrado, considerable.
Una vez que no se puede
seguir ignorando que la parte deudora es incapaz de atender sus pagos,
se inician las negociaciones en torno a la reestructuración de su deuda.
Y ahí lo que se abre es una disputa distributiva fundamental:
¿Quién se
hace cargo de los platos rotos? ¿Cómo se reparte la factura entre la
parte deudora y la acreedora, si es que se reparte? Incluso si la
reestructuración incluye impagos parciales, los resultados de esta
negociación pueden ser escandalosamente desfavorables para la parte
deudora. El diablo, como suele, está en los detalles.
En este sentido, resulta muy ilustrativo estudiar qué pasó con las renegociaciones de deuda en la crisis latinoamericana de los años ochenta.
Ahora que ha pasado el tiempo y es posible realizar los cálculos, se
constata que las reestructuraciones de deuda intermediadas por el FMI,
incluso cuando incluían quitas que se vendieron como grandes
concesiones, favorecieron enormemente a los bancos acreedores frente a
los Estados endeudados.
Esto se debió a dos razones fundamentales. Por
una parte, porque al reprogramar los pagos los acuerdos priorizaban
siempre el pago de intereses frente a la amortización del capital, que
de esa forma no se liquidaba y seguía generando nuevos intereses.
Así,
según el nuevo esquema de pagos negociado, aunque se pagaba deuda, ésta
no disminuía proporcionalmente. Y por otra, porque la reprogramación de
la deuda suponía alargar los plazo y, por tanto, incrementar el pago
final de intereses. Los cálculos señalan que en muchos casos ambos
elementos compensaron de sobra las quitas concedidas.
El saldo
de la negociación en torno a la reestructuración de la deuda (impago
incluido) depende de la correlación de fuerzas entre deudores y
acreedores. Y la posición de fuerza de la parte deudora radica,
precisamente, en su capacidad de no pagar. De decidir no pagar. Fingir
que la opción del impago no existe es la forma más efectiva de despojar a
la parte deudora de su poder de negociación.
Hay que recordar que la
opción del impago unilateral existe, es la única forma de que los
deudores cuenten con todo el poder que les corresponde. De nuevo América
Latina, con los casos del impago unilateral argentino de 2001 y la política del gobierno de Correa en Ecuador a partir de 2007, puede ayudarnos a ilustrar la cuestión.
Lo que ahora está en juego en Europa no es si habrá o no impago. La
cuestión política fundamental serán sus características concretas:
- Qué deuda deja de pagarse: ¿deuda pública? ¿deuda hipotecaria de familias con dificultades? ¿deuda de las entidades financieras?
- Qué acreedores asumen la quita: ¿los Estados? ¿otras instituciones públicas? ¿el sector financiero privado?
- Qué condiciones afectan a la deuda restante.
En definitiva, lo que se dirime es si el impago será diseñado por los
acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos
recibidos), o si será usado como instrumento de legítima defensa por
parte de los grupos sociales que están pagando la deuda. Una deuda que,
es preciso recordarlo, no les corresponde." (Bibiana Medialdea, eldiario.es,Rebelión, 27/12/2012)
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