"El 1 de abril se ha cancelado la tarjeta sanitaria de numerosas personas
en situación irregular que, hasta la fecha, tenían la cobertura
universal. Pasarán a tener una cobertura, sin acceso al especialista,
como ciudadanos de segunda.
Para acceder al especialista se necesitará
el informe de una comisión médica. No obstante, los estudiantes
extranjeros y las personas sin un documento de identidad en vigor no
podrán acceder a esta nueva tarjeta. Los demás colectivos tendrán que
enfrentarse a trámites burocráticos complicados.
Mark, oriundo de
Camerún, estudiante de Máster en la Universidad de Barcelona, empezó su
carrera de peregrino, de consulta en consulta, por un simple dolor en la
pierna que se agudizó hasta ocasionarle graves problemas a la hora de
caminar. Acudió a urgencias, pero su dolencia precisaba de un
traumatólogo. Salió de la consulta con sólo un calmante que paliaba el
dolor puntualmente.
Para poder ser atendido necesitaba una tarjeta
sanitaria que no pudo tramitar: “Me dijeron que al tener un permiso de
estudiante, tenía un seguro privado y, en consecuencia, no se me
tramitaba la tarjeta sanitaria. La verdad es que la matrícula incluye,
por defecto, un seguro médico pero, a decir verdad, este seguro no sirve
de nada, no te atienden en ningún lado”.(...)
No obstante, la mayor complicación para las personas sin papeles
surge cuando se tiene que obtener el certificado del INSS que demuestra
que no cotizan en la Seguridad Social. Mónica, de México, lleva 3 años
en Barcelona como estudiante y, actualmente, se encuentra sin un permiso
de residencia.
Cuando se dirigió a la oficina del INSS de la calle
Numancia de Barcelona, le comentaron que no podía acceder a ningún
trámite en el INSS por no tener los papeles. Acudió a otra oficina en
Drassanes, donde sí le sellaron un documento para la tarjeta sanitaria:
“El trámite en sí mismo es absurdo. Nos piden un certificado para
comprobar que no tenemos el alta en la Seguridad Social, ¡pero cómo
íbamos a tener el alta como trabajadores asegurados si no tenemos
permiso de trabajo!”.
Desde SIS (Servei d’Inserció Social) confirman el
caos en la gestión de este documento, dado que se encuentran con
oficinas que desconocen el trámite o con ambulatorios que no reconocen
posteriormente el documento sellado por el INSS. La falta de
coordinación favorece el trato diferente de un centro a otro.
Arbitrariedad en urgencias y en la atención a menores
Las
atenciones médicas en urgencias, así como a menores y embarazadas son
de obligatorio cumplimiento según la ley, pero la realidad difiere.
Desde el Centro Reto, donde atienden a personas con problemas de
drogodependencia, explican que han recibido facturas emitidas por
utilizar el servicio de urgencias en el Hospital del Mar.
Katerina
acudió con su hijo de 6 años al ambulatorio de Manso en Barcelona, donde
se le emitió una factura por la atención médica que recibió el menor en
un servicio de urgencias. Al mismo tiempo, no se sabe quién decide qué
es emergencia para poder ser atendido. Juan, de República Dominicana,
acudió a urgencias al mismo ambulatorio de Manso, donde se le negó la
atención médica:
“Me dijeron que lo mío no era una urgencia. Que una
urgencia significaba llegar en camilla, que en mi caso debía consultar
con un especialista. Pero no tengo la tarjeta sanitaria, solamente puedo
ir a urgencias.” La nueva normativa sanitaria le afecta a él y a su
hijo de 6 meses. Para asignarle un pediatra se requiere que el menor
esté inscrito en la cartilla de seguridad social de los padres.
Sin
embargo, al no tener permiso de residencia y trabajo, los padres no
pueden tener una cartilla de seguridad social. No saben qué va a pasar
con su hijo: “Me dijeron que fuera sólo a urgencias, pero ¿qué haremos
con las vacunas y las revisiones?” (CorinaTulbure, Rebelión, 02/04/2013)
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