"Desde el año 2008 la Fundación Alternativas
elabora un informe anual sobre la calidad de la democracia en España.
Este estudio se basa en una encuesta entre politólogos, sociólogos y
otros científicos sociales conocedores de la realidad española para
establecer una medición de la calidad de la democracia en términos de
procesos y de resultados.
En este informe la calidad de la democracia se
mide a través de un conjunto de 59 indicadores independientes que los
encuestados evalúan de 1 a 10. Dichos indicadores se agrupan en cinco
ámbitos claramente diferenciados: ciudadanía y Estado de derecho,
representación política, gobernabilidad y rendición de cuentas, sociedad
civil y participación y relaciones internacionales.
El informe señala
que el año 2012 –al que corresponde el estudio de 2013– fue
descorazonador para la democracia española: el estudio arroja la
puntuación más baja desde que se realiza, con un 5,2 sobre 10 y además
constituye el mayor descenso en la puntuación desde que se realiza, en
más de 0,6 puntos.
Los motivos de este acusado
descenso en la calidad de la democracia tienen que ver fundamentalmente
con el deterioro de las condiciones de vida como resultado de la crisis
–los resultados de la democracia– con la erosión de la confianza en las
instituciones – los procedimientos de la democracia – y con la pérdida
de soberanía en el marco de la crisis del euro.
El único ámbito en el
que se observa una evolución positiva es en el relativo a la
participación ciudadana gracias a la fuerte activación de movimientos sociales en el año 2012. (...)
Llama la atención además la forma poco democrática de gestionar la
política económica en la medida en que la impopularidad de las políticas
de austeridad no impide su puesta en práctica. En lo relativo a la
política institucional el informe señala el claro deterioro debido
fundamentalmente a la ausencia de rendición de cuentas –abuso del
decreto, falta de transparencia y debilidad de la oposición– y a la
corrupción sumada a la percepción de impunidad.
Este deterioro se
manifiesta en un acusado descenso en la valoración de las instituciones
por parte de los ciudadanos. (...)
Los ciudadanos pueden preguntarse legítimamente qué valor tienen las
promesas políticas, en la medida en que tanto los gobiernos del PSOE en
2010 como del PP en 2012 han llevado a cabo medidas contrarias a las
prometidas en sus programas electorales.
Si bien un cambio de programa
de gobierno puede entenderse en un marco representativo en el que los
ciudadanos pueden optar por otras formaciones en las siguientes
elecciones, esta justificación resulta difícil de extender al terreno
económico en la medida en que se institucionaliza la falta de
alternativas. Por otra parte resulta cuestionable que podamos hablar de
una democracia de calidad ante la ausencia de todo elemento
deliberativo.
Puesto que no se puede aceptar el argumento del
desconocimiento de la situación de las cuentas públicas en las
elecciones celebradas en 2011 las promesas electorales se hicieron a
sabiendas de la imposibilidad de aplicarlas y resulta difícil aceptar
que los ciudadanos hayan dado su consentimiento. La falta de
credibilidad de las instituciones tiene que ver con el incumplimiento
sistemático de los compromisos: sería más fácil creer al presidente del
Gobierno en el asunto Bárcenas si no viniese precedido de un incumplimiento de muchas de sus promesas.
Quizá también debamos exigirles realismo a los ciudadanos respecto a
sus preferencias electorales –muchos sabían que numerosas promesas eran
imposibles de cumplir– pero si nos conformamos con institucionalizar el
cinismo no nos extrañemos de tener una democracia de poca calidad. " (eldiario.es, 28/08/2013)
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