"El Ayuntamiento de Madrid se comprometió en un contrato a echar de sus
casas a las 131 familias que disfrutaban de una vivienda protegida para
vender cinco edificios a un grupo inmobiliario por 21 millones de euros.
Así consta en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y
en el que la institución que dirige Ana Botella se compromete por
escrito a “hacer sus mejores esfuerzos para liberar la finca de
arrendatarios, iniciando tal acción desde el momento de la firma del
presente contrato”.
El contrato compromete al Ayuntamiento a echar a los vecinos de sus
casas porque establece una cláusula de penalización de entre 31.848
euros como mínimo y 117.256 euros como máximo por cada vivienda que
todavía esté habitada en el momento en que se produzca la venta, según
consta en ese documento.
El texto considera “okupas” a los inquilinos
que puedan permanecer en sus hogares y establece una cláusula con la
siguiente redacción: “Para las unidades que haya Okupas en el momento de
la formalización de la compraventa, las partes establecen una
penalización en el precio del 25% del mismo”.
La Empresa Municipal no ha respondido a las cuestiones planteadas por Vozpópuli pero
una portavoz de Renta Corporación sí ha aclarado que la compañía
recuperó ese dinero al dar por fallida una operación que se firmó en
octubre del año pasado. "Al no cumplirse lo pactado en la due dilligence -explica el grupo inmobiliario- se renunció al contrato ante el conflicto social al que dio lugar y que podía generar".
Renta Corporación ha renunciado ya a esa operación,
aseguran fuentes de la compañía que añaden que "ya no hay ninguna
conversación con el ayuntamiento". Sin embargo, el consistorio sigue a
día de hoy intentando desalojar a esos vecinos, según denuncian algunos
de ellos. Los inquilinos se han agrupado en un movimiento llamado "¡Yo no me voy!"
que agrupa a las 131 familias que viven en esos cinco edificios y a
otros 70 de otros bloques que denuncian situaciones similares.
Según
esos vecinos, a día de hoy algunos de ellos han dejado de recibir los
recibos municipales como parte de lo que denuncian es una "maniobra
municipal" que pretende declararles morosos para poder desalojarlos,
denuncia el presidente de esa organización, Alberto Romeral.
Los inquilinos aseguran que esas presiones para el desalojo continúan
a día de hoy hasta el punto de que han recibido nuevas cartas
instándoles a abandonar los pisos fechadas el pasado 10 de abril. Por
ese motivo, han presentado una querella contra el Ayuntamiento de la
capital por mobbing inmobiliario, que está pendiente de calificación por parte del ministerio fiscal. " (Vox Pópuli, 12/11/2013)
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