"Jaime Nicolás, el alto funcionario que tras 18 meses sin recibir trabajo ha denunciado por acoso laboral a Jorge Fernández Díaz,
mantuvo un agrio enfrentamiento con Jaime Rodríguez Arana, ‘guía
espiritual' del ministro del Interior, miembro del Opus Dei como él y,
por aquel entonces, director del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP).
El conflicto provocó una reprimenda personal a Arana del
titular de Administraciones Públicas de la época, Jesús Posada, y
determinó su destitución pocos meses después.
La historia se
remonta al año 2002. Rodríguez Arana, un catedrático especializado
curiosamente en ética pública, transparencia y buen gobierno, se había
granjeado cierto prestigio en el entorno monclovita del PP como teórico
del centro político gracias al apadrinamiento de Fraga y de Romay
Beccaría.
Le precedía una fama de escritor infatigable hasta que Jaime Nicolás denunció el plagio al que eran sometidos sus trabajos por parte de Arana,
quien los publicaba con su firma en revistas especializadas. Fue
bautizado como "el plagiador del INAP" por su reiterada costumbre de
apropiarse de la propiedad intelectual ajena.
El episodio truncó en buena medida la carrera política de Arana,
que había sido subsecretario de Administraciones Públicas con Mariano
Rajoy y Ángel Acebes. En la actualidad trabaja en el despacho de
abogados Cremades & Calvo Sotelo y se dedica a asesorar a los
letrados de la firma en su especialidad: el derecho administrativo.
Paralelamente
a su dedicación al INAP, Rodríguez Arana desempeñaba otras tareas que
le eran propias de su condición de numerario del Opus Dei.
Supuestamente, consistían en la dirección de un grupo de
meditación y oración de supernumerarios y simpatizantes de la Obra.
Entre los primeros se encontraba el actual ministro del Interior.
Según
confirmaron a este diario fuentes solventes conocedoras de las
reuniones, Arana convocaba a través de su secretaria y con periodicidad
mensual a un grupo más menos compacto de diputados -tanto del PP como de
otros partidos- y secretarios de Estado, citas a las que ocasionalmente
llegó a incorporarse algún periodista, hoy director de un medio
nacional, y hasta el presidente de un club de fútbol.
Fijo en
las quinielas era Fernández Díaz, en aquel entonces secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes, que con frecuencia se quedaba también a
cenar. Los encuentros tenían lugar en la residencia de Rodríguez Arana,
una casa del Opus situada en la madrileña calle de Villanueva." (Público, 13/11/2013)
Jaime Nicolás Muñiz no es un empleado público cualquiera. Nivel 30
desde hace más de 25 años y con 40 de antigüedad, este alto funcionario
se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la
Universidad de Constanza (Alemania).
Es administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional.
Hasta su cese en 2012 fue el director de gabinete y mano derecha del
entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. Con
anterioridad ejerció de asesor ejecutivo de la Dirección General de la
Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de
la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva en RTVE
y el subdirector de Investigación del Centro de Estudios
Constitucionales, organismo que llegó a dirigir en funciones . Ponente,
conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor
de decenas de estudios sobre constitucionalismo y gobernanza, su extenso currículo es casi inabarcable.
Tras
el relevo en la presidencia del Consejo de Estado, a Nicolás Muñiz le
correspondía por derecho regresar al Ministerio del Interior, trámite
que se postergó artificialmente casi dos meses. Finalmente, fue
destinado a la secretaria de Estado de Seguridad como vocal asesor y
asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Se
le dio un despacho y comenzó a cumplir su jornada laboral.
Lo
que nadie le dio jamás fue trabajo, lo que le ha llevado a presentar el
pasado 25 de octubre, 18 meses después de estar mano sobre mano, un
recurso ante la Audiencia Nacional por violación de sus derechos
fundamentales. (...)
"Una persona de su más inmediato entorno, tras contactar con
él, me informó que había recibido órdenes tajantes de que no se me diera
ni agua y que, con esa premisa, el secretario de Estado no
podía hacer nada para ayudarme". La denuncia fue remitida por registro
al secretario de Estado cinco días después. (...)" (Público, 04/11/2013)
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