"Habitantes de los 13 bloques recuperados por la PAH en Catalunya
se concentran desde las 11 h de la mañana frente a la sede de la
Generalitat en la plaza de Sant Jaume de Barcelona en demanda de una
solución para la situación de “emergencia habitacional” en la que
consideran se encuentra la región.
La concentración coincide con el fin
del plazo que se había dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para
pronunciarse sobre la posición del Gobierno español respecto a las
familias realojadas por la PAH en el Bloc Salt, el inmueble del 'banco
malo' cuyo desalojo fue paralizado cautelarmente por este tribunal el día 18. El TEDH fijó inicialmente el 28 de octubre como fecha para dar a conocier su resolución, fecha que prorrogó hasta el 5.
La PAH espera que la Generalitat dé pasos efectivos para solucionar
esta situación de emergencia habitacional, y en concreto la situación de
las 43 personas que viven en el bloque recuperado a la Sareb en la
localidad gerundense de Salt. Según destaca la plataforma, son 15.000
los inmuebles de los que dispone el conocido como 'banco malo' sólo en
Catalunya.
Tras la acampada de 700 personas que se reunieron a las
puertas del bloque en la víspera del desalojo dictado por la Audiencia
Provincial de Girona, ha trascendido que la Generalitat ha ido ofreciendo distintas salidas individuales de realojo a las familias del bloque.
“La solución planteada por la Generlitat ha de ser generalizable para
todas las personas que se han visto obligadas a recuperar una vivienda
para no quedarse en la calle”, afirma la PAH, que también destaca que el
Gobierno catalán “no está en disposición, ni cuenta con los recursos
para garantizar el derecho a la vivienda de las centenares de personas
realojadas por la PAH”, con lo cual le exige que haga valer su posición
frente a la Sareb para forzarla a más cesiones de pisos.
Del lado del banco malo las respuestas llegan a cuentagotas y parecen
ir al compás de las protestas. Tras la ocupación de su stand en el
salón inmobiliario de Barcelona por parte de activistas de la PAH, el
organismo anunció la semana pasada que pondría a disposición de las comunidades autónomas 2.000 pisos para destinarlos al alquiler social,
si bien por un tiempo limitado de dos años -la actual ley de
arrendamientos urbanos no les obligaría a más de tres años-. Mientras,
mantiene la denuncia sobre el bloque de Salt.
Y el escrito de la
abogacía del Estado presentado ante el TEDH no va mucho más allá. La PAH
lo conoce desde el lunes 4, y una de sus perlas es que la Justicia
europea no puede amparar a las familias del bloque dado que esto
alentaría nuevas ocupaciones y es de "interés nacional" que esto no
suceda. (...)" (Diagonal, 05/11/2013)
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