"45 años después de que James Tobin propusiera la tasa que lleva su
nombre, un grupo de países europeos, incluido España, está muy cerca de
aplicar conjuntamente un Impuesto sobre las Transacciones Financieras
(ITF) inspirado parcialmente en las ideas del economista americano. (...)
La ITF es también una cuestión de justicia. Las entidades financieras,
aparte de tener una tributación más baja que el resto de sectores, se
han beneficiado enormemente, de forma directa o indirecta, de las
operaciones de rescate financiadas por los contribuyentes europeos. (...)
Dado el enorme volumen de transacciones financieras, muy superior a las
de la economía real, el impuesto tiene un altísimo potencial
recaudatorio, incluso si se redujeran las operaciones como consecuencia
del gravamen. La Comisión Europea estima que dependiendo de las transacciones gravadas
se podría recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros.
Además, se trata de un impuesto progresivo y redistributivo; el grueso
de la recaudación será soportado por un grupo pequeño de personas de
altos ingresos, e instituciones como fondos de inversión. (...)
Un aspecto fundamental de la ITF es el destino de los recursos
recaudados. Desde sus inicios, sus promotores (Gobiernos, instituciones
multilaterales, ONGs, economistas prestigiosos), han defendido su
carácter finalista: que los fondos sean destinados a paliar las
consecuencias de la crisis financiera, en programas sociales en los
países que lo implementen o para la lucha contra la pobreza en el mundo.
La tentación de los gobiernos será probablemente dedicar esos recursos a
reducir el déficit público o al saneamiento de los bancos. Es por ello
fundamental movilizar a la sociedad civil europea para impedir que eso
ocurra. (...)
Tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Reino Unido y otros
países, el 22 de enero de 2013 el Consejo Europeo aprobó que la ITF se
llevara adelante como una Cooperación Reforzada por 11 países miembros
de la UE, siguiendo la propuesta de la Comisión ampliamente argumentada y
validada legalmente.
Sencillamente, consiste en la imposición de una
mínima tasa de entre 0,05 y 0,1% sobre todas las transacciones
financieras internacionales que se realicen en estos países o con
valores generados en ellos. Esto último es lo que se conoce como una
base amplia, que incluye no solo las acciones, sino también los bonos,
los derivados, e incluso las divisas. (...)
España ha sido uno de los países líderes en promover la ITF a nivel
mundial en los foros internacionales y uno de los primeros que
comprometió su apoyo a nivel europeo. Sin embargo, recientemente el
Gobierno se ha desmarcado de manera desafortunada de su postura inicial,
en favor de una versión “desvirtuada” del gravamen.
Así, en lugar de
una base imponible amplia de aplicación, como desean Alemania y Austria,
defiende ahora limitarla a la compraventa de acciones de grandes
compañías, excluyendo otros productos como los bonos o los derivados.
El cambio en la posición española, bastante similar a la de Francia
por cierto, altera radicalmente los beneficios esperados del impuesto
hasta dejarlos en menos de 4 mil millones de euros, reflejando a las
claras la rendición del gobierno ante los lobbies financieros. (...)
Evidentemente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras no evitará
todos los desmanes del sistema financiero, pero no por ello deja de ser
un instrumento útil para la regulación financiera. En último término,
el ITF constituye una fuente importante de recursos para la lucha contra
la pobreza y un acto de justicia con los ciudadanos, a un mínimo coste
sobre el sistema económico." (
Manuel de la Rocha Vázquez /
Érika Rodríguez Pinzón , El País, 4 ABR 2014)
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