"La iglesia católica acumula en España, a través de sus más de 40.000
instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones
religiosas, asociaciones, ONG, fundaciones, universidades o centros de
enseñanza) un enorme poder. Más de 110.000 propiedades en forma, por
ejemplo, de lugares de culto, pisos o locales.
Posee, según sostiene
Europa Laica, el 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y
Santiago, además de porcentajes menores en otros muchos municipios. Más
de 150.000 hectáreas de suelo rural, obras de arte, participaciones en
bolsa, depósitos, capital en fundaciones, letras del tesoro…También
participa la iglesia católica en el sector financiero, negocios
mediáticos y editoriales, entre otros ámbitos.
A estos capítulos se podría agregar el poder ideológico. Y el tratamiento fiscal que recibe del estado. Según las estimaciones de Europa Laica, el estado español (incluidas el conjunto de las comunidades autónomas) financiará a la iglesia católica con cerca de 10.200 millones de euros, entre subvenciones directas y exención de tributos.
A estos capítulos se podría agregar el poder ideológico. Y el tratamiento fiscal que recibe del estado. Según las estimaciones de Europa Laica, el estado español (incluidas el conjunto de las comunidades autónomas) financiará a la iglesia católica con cerca de 10.200 millones de euros, entre subvenciones directas y exención de tributos.
En términos comparativos,
esta cifra representa más del 1% del PIB español, e implica una
“cuota” o “dádiva” a la iglesia de unos 18 euros al mes por ciudadano.
Los datos proceden del informe “Opacidad y financiación de la iglesia
católica”, presentado en abril de 2014, y elaborado por el presidente
de Europa Laica para el Observatorio del Laicismo y de la Laicidad,
Francisco Delgado.
Según el citado estudio, sólo por la vía del IRPF la Conferencia Episcopal recibirá en 2014 la cantidad de 249,2 millones de euros, que sirven para financiar el funcionamiento de la iglesia, campañas de publicidad, eventos y sobre todo para los gastos de culto y clero. Además, a través del impuesto del IRP (por el 0,7% destinado a “fines sociales”), unas 50 organizaciones de la iglesia católica se repartirán aproximadamente 100 millones de euros.
Según el citado estudio, sólo por la vía del IRPF la Conferencia Episcopal recibirá en 2014 la cantidad de 249,2 millones de euros, que sirven para financiar el funcionamiento de la iglesia, campañas de publicidad, eventos y sobre todo para los gastos de culto y clero. Además, a través del impuesto del IRP (por el 0,7% destinado a “fines sociales”), unas 50 organizaciones de la iglesia católica se repartirán aproximadamente 100 millones de euros.
Los
contribuyentes que en la Declaración de la Renta de 2012 no señalaron
la casilla de la iglesia católica fueron el 65%, recuerda el informe.
Se añade en el mismo que la jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos de enero de 1979 entre el estado español y el Vaticano, se comprometió a la autofinanciación.
Se añade en el mismo que la jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos de enero de 1979 entre el estado español y el Vaticano, se comprometió a la autofinanciación.
“Han pasado 35 años y
la iglesia católica no ha cumplido su compromiso, por lo que el estado
estaría obligado a revisar o a no cumplir este Acuerdo”. Por el
contrario, “se han ido aumentando las partidas destinadas a la
financiación de la Conferencia Episcopal, incluso el estado adquirió
nuevos compromisos desde 2007”.
La iglesia católica se beneficia, además, de exenciones y bonificaciones tributarias que podrían alcanzar los 1.700 millones de euros. Sólo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (rústico y urbano), las administraciones locales podrían estar dejando de ingresar unos 700 millones de euros (se consideran todos los bienes inmuebles y suelo, sean o no destinados a culto).
La iglesia católica se beneficia, además, de exenciones y bonificaciones tributarias que podrían alcanzar los 1.700 millones de euros. Sólo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (rústico y urbano), las administraciones locales podrían estar dejando de ingresar unos 700 millones de euros (se consideran todos los bienes inmuebles y suelo, sean o no destinados a culto).
Además, las donaciones a la iglesia católica, señala el
informe de Europa Laica, desgravan un 25% del IRPF (en el caso de
personas físicas) y un 35% en el impuesto de sociedades (personas
jurídicas), porcentaje que Hacienda devuelve a los donantes y que por
tanto deja de ingresar.
En el capítulo educativo, durante el curso 2013-2014, los presupuestos públicos destinan cerca de 610 millones de euros al pago de salarios de unas 19.000 personas que imparten religión católica en centros educativos públicos y privados-concertados. Del mismo modo, el estado y las comunidades autónomas se gastan unos 4.000 millones de euros en financiar a los centros de enseñanza privada concertada, de ideario católico.
En el capítulo educativo, durante el curso 2013-2014, los presupuestos públicos destinan cerca de 610 millones de euros al pago de salarios de unas 19.000 personas que imparten religión católica en centros educativos públicos y privados-concertados. Del mismo modo, el estado y las comunidades autónomas se gastan unos 4.000 millones de euros en financiar a los centros de enseñanza privada concertada, de ideario católico.
A estos
conceptos cabe agregar el apoyo de los poderes públicos –por ejemplo,
con exenciones fiscales- a las universidades católicas y a sus
fundaciones. O las donaciones que ayuntamientos y comunidades autónomas
hacen a fundaciones, universidades privadas católicas y otras
entidades educativas de la iglesia. (...)
El estado paga asimismo las nóminas de capellanes en hospitales (más de
800) y en centros penitenciarios (158). El costo puede alcanzar los 50
millones de euros anuales, si se suma el Servicio de asistencia
religiosa de las Fuerzas Armadas (110 capellanes), los capellanes de
universidades y facultades públicas, o los de algunos cementerios (a
cargo de los presupuestos municipales).
Muchas veces resulta extraordinariamente complejo conocer los datos con exactitud. Pero Europa Laica estima que el erario público (incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos) podría dedicar unos 600 millones de euros anuales en ayudas directas a la iglesia católica para la reforma y conservación del patrimonio artístico e inmobiliario que figura en sus manos, “acumulado en gran medida de forma ilícita e irregular”.
Muchas veces resulta extraordinariamente complejo conocer los datos con exactitud. Pero Europa Laica estima que el erario público (incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos) podría dedicar unos 600 millones de euros anuales en ayudas directas a la iglesia católica para la reforma y conservación del patrimonio artístico e inmobiliario que figura en sus manos, “acumulado en gran medida de forma ilícita e irregular”.
También
es muy difícil de cuantificar la cesión de suelo público y las
donaciones directas e indirectas, por parte de ayuntamientos, a
obispados para lugares de cultos, la denominada “obra social” o la
enseñanza.
Caso muy singular es el de la Ley Hipotecaria, que, explica el informe, permite a la iglesia católica “apropiarse ilegalmente de patrimonio de dominio público, y que en muchos casos pertenece a la ciudadanía de un municipio; la legislación hipotecaria y su reglamento considera a la iglesia organismo público, y a los obispos diocesanos, funcionarios; esta anomalía jurídica les permite registrar a su nombre templos, cementerios, terrenos, viviendas o plazas, que carecen –aparentemente- de títulos de propiedad conocidos”. Estos hechos se producen “con la vergonzosa complicidad de los poderes públicos”.
En subvenciones y gastos en eventos religiosos el estado podría gastarse 300 millones de euros. Se incluye (aunque los gastos son muy difíciles de cuantificar) el pago de las facturas (energía, limpieza, mantenimiento o agua) de algunas casas parroquiales e iglesias; los gastos de consistorios en cartelería, anuncios en medios de comunicación sobre eventos religiosos y donaciones a cofradías (semana santa y otros desfiles procesionales, ofrendas florales, romerías, fiestas religiosas, etcétera); costos extra en fuerzas de orden público, bandas de música y servicios de limpieza para todo tipo de eventos religiosos, entre otros muchos.
Caso muy singular es el de la Ley Hipotecaria, que, explica el informe, permite a la iglesia católica “apropiarse ilegalmente de patrimonio de dominio público, y que en muchos casos pertenece a la ciudadanía de un municipio; la legislación hipotecaria y su reglamento considera a la iglesia organismo público, y a los obispos diocesanos, funcionarios; esta anomalía jurídica les permite registrar a su nombre templos, cementerios, terrenos, viviendas o plazas, que carecen –aparentemente- de títulos de propiedad conocidos”. Estos hechos se producen “con la vergonzosa complicidad de los poderes públicos”.
En subvenciones y gastos en eventos religiosos el estado podría gastarse 300 millones de euros. Se incluye (aunque los gastos son muy difíciles de cuantificar) el pago de las facturas (energía, limpieza, mantenimiento o agua) de algunas casas parroquiales e iglesias; los gastos de consistorios en cartelería, anuncios en medios de comunicación sobre eventos religiosos y donaciones a cofradías (semana santa y otros desfiles procesionales, ofrendas florales, romerías, fiestas religiosas, etcétera); costos extra en fuerzas de orden público, bandas de música y servicios de limpieza para todo tipo de eventos religiosos, entre otros muchos.
El informe apunta
que en estos capítulos el gasto anual por habitante y año en algunos
municipios supera los 2 euros; en otros, podría superar los 10 euros.
Asimismo, las subvenciones de comunidades autónomas y ayuntamientos a
asociaciones vinculadas a la iglesia católica, “en algunos casos muy
radicales e integristas”, podrían elevarse a varias decenas de millones
de euros anuales. (...)" (Enric Llopis, Rebelión, 23/05/2014)
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