"La propuesta de revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución
Española, efectuada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
ha servido para que los principales portavoces del PP se hayan lanzado
en tromba contra él, (...)
Lo que pretende es suprimir la parte más dañina y estrambótica de
aquella reforma constitucional, pactada con nocturnidad y alevosía por
Zapatero y Rajoy, e implementada en el tiempo récord de quince días de
agosto de 2011.
Porque su redacción, tal vez fruto de las
extraordinarias prisas si no de la impericia de sus redactores y de la
irresponsabilidad de los dirigentes de ambos partidos, fue más allá de
lo exigido por el diktat del BCE y del gobierno alemán, al
establecer la prioridad absoluta del pago de la carga de la deuda sobre
cualquier otro gasto presupuestario, por muy vital que fuese para la
ciudadanía del Estado Español o para sus instituciones. (...)
¿Nos podemos imaginar cómo se podrían renegociar unas mejores
condiciones de pago con los acreedores de España, si estos pueden
parapetarse en un mandato de nuestra Constitución para negarse a ello?
¿Por qué no existe esta prescripción de prioridad absoluta de pago ni en
la Constitución alemana ni en ninguna otra de la UE? (...)
lo que se hizo no fue otra cosa que constitucionalizar uno de los
principios de la corriente más influyente de la economía política
alemana, el ordoliberalismo. (...)
Al constitucionalizar un principio de economía política tan discutible y tan de parte, tan ferozmente antikeynesiano, el PSOE y el PP rompieron, en agosto de 2011,
el consenso constitucional más allá de la aritmética de aquella
votación parlamentaria.
Y lo hicieron introduciendo un precepto que
sintetiza como pocos las políticas de austeridad que simultáneamente
imponían las instituciones europeas y sobre las cuales la opinión, hoy
mayoritaria, entre analistas e instituciones internacionales es que han
fracasado, además de ser socialmente injustas por el tipo de reparto de
las cargas de la crisis que establecen.
(...) pienso que es más que razonable reclamar la anulación de una reforma
constitucional que simboliza la esencia de una política tan fracasada
como injusta, máxime cuando su precepto esencial, el déficit cero, no se
cumple porque resulta imposible de cumplir. (...)
Por otro lado, como recientemente acaba de recordar Joaquín Estefanía,
la redacción primigenia del 135 contenía ya otro párrafo sumamente
inconveniente. Aquel que refiriéndose a los créditos destinados a hacer
frente al pago de la deuda afirma: “Estos créditos no podrán ser objeto
de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la
ley de emisión”.
Una interpretación literal de este precepto impediría
cualquier tipo de reestructuración de la deuda española, sea por quita,
ampliación de los plazos de pago o reducción de los tipos de interés que
se pagan por ella. (...)" (Javier Doz , Economistas frente a la crisis, 17/01/2015)
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