"La política de vivienda postcrisis tiene un actor principal para
intentar relanzar la actividad: los llamados fondos buitres. Estos
instrumentos están comprando a precio de saldo una gran parte de
inmuebles en manos del sector financiero, incluida la Sareb, y están
generando en muchos casos un drama social que cuenta con la complicidad
de las autoridades políticas del actual gobierno.
En el año 2014 hubo en España 50.582 desahucios, liderando este triste
ranking Cataluña con el 23% del total, seguida por la Comunidad
Valenciana, Andalucía y Madrid. Esta contingencia muestra que no ha
habido ningún interés político, ni tampoco por parte del sector
financiero, de atajar este drama social que cada día supera las escenas
de dolor y frustración para las familias más pobres, como es el caso de
la última familia con tres hijos, uno de ellos de mes y medio, que entre
risas y desprecio por parte de los lanzadores, ha tenido que abandonar
un piso propiedad de la EMV de Madrid.
Es precisamente este último caso, la venta de pisos públicos a fondos
buitres, lo que marca cuál es la política de vivienda que se nos
avecina en el futuro más próximo. Tras el abandono de la política de
promoción de viviendas de protección pública para la venta, cabría
pensar que España abrazaría lo que en tantos países de nuestro entorno
es la norma.
Es decir, tener un parque público de vivienda social que
permita, primero, estabilizar los precios de alquiler, y después
permitir que un sector de la población pueda tener un techo digno. Estas
políticas tan frecuentes y estables son las que han llevado a Alemania o
a Austria, por ejemplo, a tener una política de vivienda envidiable,
sin inflación de activos y con un derecho real al acceso a una vivienda
digna en alquiler.
Por el contrario, España es el país con menor proporción de vivienda social, apenas un 1% del total de vivienda en alquiler,
con el agravante que este escaso y mal gestionado parque está siendo
vendido, con inquilinos incluidos, a este conjunto de fondos cuyo único
objetivo es desalojar, incluso de forma violenta, a los habitantes.
Lo
más sangrante es que estas viviendas se han financiado con impuestos y
forman parte del patrimonio público, y ahora se malvenden a meros
especuladores que pagan un porcentaje ínfimo de su valor y no tienen
ningún miramiento hacia los derechos que asisten a los que allí moran.
Esta política de trasvase de riesgo de los bancos a estos fondos
tiene, en el fondo, un fin de marketing. La banca tiene en este momento
muy dañada su reputación, por todos los escándalos que han acontecido,
por lo que traspasar estos activos a los fondos buitre, y que sean estos
quienes lleven a cabo el desalojo y lanzamiento de las familias más
desfavorecidas significa un triunfo.
Además, los beneficios económicos
también son perceptibles, pues al margen de dar de baja un inmueble, o
una hipoteca morosa, dicha venta supone una liberación de recursos que a
gran escala les otorga oxigeno.
Por el lado de los fondos, el negocio es realmente grandioso. Puede
llegar a tasas que superen el 1000%, como reflejaba en el último número
de Alternativas Económicas el periodista Pere Rusiñol.
A esta realidad se ha unido la macroconcesión que ha hecho la Sareb a estos mismos buitres, más de 18.000 millones a Cerberus y 14.000 millones a Apollo.
Como se puede ver la coordinación entre la banca y estos agentes
depredadores es máxima y se reparten los papeles, lo que sin duda es una
señal de que en los próximos meses seguirán los alzamientos, pero ya
sin el estigma para la gran banca que verá cómo el poli malo viene ahora
de EEUU y tiene todavía menos escrúpulos que ellos. (...)
El modelo que se está siguiendo es el que ya se ha aplicado en EEUU
donde desde el inicio de la crisis estos fondos ya se han quedado con
más de 200.000 viviendas, utilizando los vehículos más sofisticados como
los Reits, lo que en España se conoce como las Socimis, un híbrido que
está siendo utilizado para entrar en este negocio especulativo e
inhumano.
El caso más llamativo es el de Blackstone que ha llegado a
España de un ilustre como Claudio Boada,
conocido empresario liberal. Este grupo ya gestiona más de 2000
viviendas de alquiler social que le cedió el Ayuntamiento de Madrid y
que pronto veremos cómo se van desahuciando a sus moradores.
La táctica
es clara, llegan suben las cuotas, al no poder hacer frente, se les
expulsa y cuando ya tienen el edificio limpio lo transforman para su
venta. Lo han comprado a precio de saldo y la plusvalía que generan es
estratosférica. (...)
En resumen, el mundo financiero también goza y disfruta desahuciando
familias sin recursos, y tratan de maximizar su beneficio cuidando su
reputación. Por ello, han importado la figura del fondo buitre que se
implanta por poco tiempo, el justo para limpiar de morosos el edificio y
poder revender el conjunto del edificio, llevándose la plusvalía
caliente a otras latitudes. Esa es la inversión extranjera de la que
tanto presumimos. (...)" (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 25/01/2015)
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