"¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y
con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por
empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero
público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida
paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés
es todavía un agujero para las cuentas públicas.
Las
similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión
ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también
ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora.
Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la
fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste
descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente:
el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular
el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por
el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había
previsto en los próximos 30 años.
La asociación 'Sanidad Pública Sí'
pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa
respuesta invocando el "interés general" y ha convocado una mesa de
partidos para estudiar la propuesta.
En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa
Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los
municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de
Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y
un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del
servicio de 35 millones anuales.
Esas cifras variaron
considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor
estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año
fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que
tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un
informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación
público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones,
mientras que "una obra pública financiada con préstamos" hubiera costado
760 millones.
Este es el primer paralelismo con el
HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe.
El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria,
que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco
Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel
Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros.
El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones
de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.
Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los
sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital
mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128
millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de
Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al
centro privatizado.
Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España
por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el
proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital".
Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y
ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a
funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos
casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos
mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha.
"El hospital
tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las
empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como
a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no
cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta",
denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis
Tudanca. (...)
El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF)
en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por
funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores
había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el
sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases
medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial
para las bacterias, entre otros.
En el hospital
burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los
trabajadores denuncian que "las calidades son inferiores a lo que se
había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño
imposible y el acceso es rocambolesco". "Si en el hospital francés había
7.000 fallos, en este hay 70.000", señalan desde la asociación 'Sanidad
Pública Sí' de Burgos.
El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking
cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. "Afortunadamente no hubo
que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una
persona", se queja uno de los portavoces de la asociación. (...)
Ante la insostenible situación financiera del hospital
CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que
se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora,
intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades
públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria
invocando al "interés general".
"Teníamos suficientes
elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas
y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había
7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de
arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue
rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes
de las presidenciales", concluyó.
Verret contaba con
el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde
de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital.
"Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de
2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de
fútbol pero de ninguna manera un hospital".
La
derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en
el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con
la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo
se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en
marcha.
A partir de octubre de este año, el centro
pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria
recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del
contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado,
la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un
sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración
ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al
evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.
Y Burgos, ¿qué?
Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está
convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la
legislación española también determina la modificación de los contratos
públicos "por razones de interés público".
"El órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de
esta", dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público." (eldiario.es, 26/04/2015)
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