"Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los
nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos
de libre comercio”; en los hechos, eran acuerdos comerciales gestionados, es
decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que
en su gran mayoría se encontraban localizados en EE.UU. y la Unión
Europea. (...)
Tal vez la parte más odiosa – y más deshonesta – de esos acuerdos es la
concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por
supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos
defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones
no se relacionan a ese punto.
Se realizaron muy pocas expropiaciones en
las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden
comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones,
una filial del Banco Mundial; además, el gobierno estadounidense y
otros gobiernos proporcionan seguros similares. (...)
La verdadera
intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del
medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la
intensión de impedir que actúen las regulaciones financieras que
deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de
Estados Unidos.
Las empresas pueden demandar en los tribunales a los
gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier
reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una
posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a
Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los
cigarrillos. Es cierto, que ambos países fueron un poco más allá en
comparación con EE.UU., ya que obligaron a los fabricantes de
cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias
del consumo de cigarrillos.
El etiquetado está
logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y
disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige
indemnizaciones por la pérdida de ganancias.
En el futuro, si
descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por
ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar
demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las
personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque dichos
gobiernos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo
mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más
estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de
efecto invernadero. (...)
Los procesos
judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael
Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos
con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip
Morris en su contra.
Y, si bien las corporaciones pueden demandar, otros
no pueden. Si hay una violación de otros compromisos – en lo referido a
las normas laborales y ambientales, por ejemplo – los ciudadanos,
sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales
mediante los cuales puedan apersonarse para plantear juicios.
Si alguna vez en la
historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en
cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es
dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos
legales en EE.UU., incluyéndose entre ellos a profesionales de las
Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío
de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales
son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia. (...)
La pregunta es si
debemos permitir que las corporaciones ricas usen disposiciones ocultas
en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en
el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE.UU., Europa, y el Pacífico
respondan con un rotundo no."
(Joseph E. Stiglitz, Las corporaciones y su secreta toma del control, Attac Madrid, 21/05/2015, Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos)
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