"En teoría, el Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos y la Unión Europea intenta aumentar el comercio
facilitando el libre intercambio de bienes y servicios a los dos lados
del Atlántico Norte, estimulando así la actividad económica y la
creación de riqueza, a lo cual se añade frecuentemente la creación de
empleo, objetivo en especial relevante para España, donde la tasa de
ocupación es de las más bajas y la tasa de desempleo es de las más altas
de la Unión Europea.
Presentado de esta manera, parecería un tratado
necesario y que merecería el apoyo de aquellas autoridades y
profesionales que trabajan en la tarea de mantener la salud y la calidad
vida de la población española.
Ahora bien, considerando la experiencia
habida en otros tratados de libre comercio firmados recientemente entre
los Estados Unidos y otros países y continentes, hay motivos suficientes
para cuestionar la credibilidad de los objetivos del tratado propuesto y
para alarmar a la comunidad salubrista española. (...)
El primer indicador de que algo es sospechoso en la narrativa de este
tratado que se define como de libre comercio es que muchas de las
medidas que se han aplicado en este tipo de tratados tienen poco que ver
con el estímulo del libre comercio. Por ejemplo, en el Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos y 11 países del Océano Pacífico
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) hay un énfasis en
reforzar el carácter monopolista de la industria farmacéutica,
promoviendo las patentes y desalentando (e incluso dificultando) la
producción y la distribución de los productos genéricos, situación que
empeoraría incluso más el precio de los fármacos, limitando el ejercicio
del libre mercado en el sector farmacéutico.
La situación actual en los
Estados Unidos, donde el fármaco efectivo contra la hepatitis C tiene
un precio de 84.000 dólares por paciente, más de cuatrocientas veces
superior al precio de un producto genérico que se produce en India, es
un caso claro del peligro que tal tratado conlleva. (...)
Como bien señalaba el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en un
artículo reciente en The New York Times, el precio de los fármacos
responde a variables políticas más que económicas, y refleja la excesiva
influencia que este sector económico tiene sobre los Estados. El caso
español es un claro ejemplo de ello.
Los llamados costes de producción
son, en su gran mayoría, gastos de marketing y promoción, y muy poco de
producción propiamente dicha. La enorme proximidad, diría yo
complicidad, entre la industria farmacéutica y las agencias públicas
responsables de su regulación es una clara muestra de ello.
Pero otros intereses económicos detrás
del Tratado de Libre Comercio son los de la industria de servicios,
incluyendo los servicios sanitarios, que han sido un área de dominio
público (en cuanto a su financiación y gestión) en la mayoría de los
países de la Unión Europea. Una característica del modelo estadounidense
ha sido la comodificación de tales servicios, con su consecuente
mercantilización. Las consecuencias de esta situación son múltiples,
pero destacan:
- la enorme carestía del sector sanitario (ningún otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] gasta tanto en su sector sanitario como los Estados unidos, un 16% de su producto interior bruto);
- sus enormes costes administrativos, siendo el sistema estadounidense el que tiene mayor carga administrativa (que representa el 31% de todo el gasto sanitario);
- su elevado coste personal, siendo la inviabilidad para pagar las facturas médicas la causa del 60% de todas las bancarrotas familiares, que alcanza su máxima expresión en que el 39% de los pacientes terminales declaran estar preocupados o muy preocupados sobre cómo ellos o sus familiares pagarán sus facturas;
- su insuficiente cobertura sanitaria, proveída por los aseguramientos privados;
- su alto grado de insatisfacción con el sistema de financiación y gestión de la atención sanitaria, siendo el país de la OCDE que tiene mayor grado de descontento, con un alto porcentaje de la población (32%) que desearía una renovación total del sistema.
Estos indicadores negativos han ido
aumentando en la medida en que también se ha ido extendiendo la
mercantilización de la sanidad, lo cual ha forzado una intervención
pública, con la aprobación del programa, coloquialmente definido como
Obamacare (The Patient Protection and Afordable Care Act [PPACA]). Estas
reformas han corregido algunas de las situaciones más dramáticas sin
resolver, sin embargo, el problema mayor, que es la insuficiente
cobertura sanitaria, consecuencia de no tocar el núcleo del sistema
sanitario, que es el control de la financiación y de la gestión
sanitaria por parte de las compañías de aseguramiento sanitario privado,
tal como podría ocurrir en España si se aprobara el Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea.
No hay duda de que el Tratado de Libre Comercio extenderá esta
mercantilización de los servicios sanitarios, pues es, ni más ni menos,
que el intento de expansión del modelo sanitario estadounidense a
Europa, donde en la gran mayoría de los sistemas nacionales de salud la
financiación y la gestión públicas tienen un protagonismo inexistente en
los Estados Unidos. (...)
Pero, además de los indicadores que he
señalado, hay otros que merecen ser destacados en este análisis de las
consecuencias de tal mercantilización de la sanidad: el deterioro de la
calidad de la atención sanitaria. La evidencia acumulada sobre tal
deterioro, intrínseco en su comercialización, es robusta y convincente.
Los trabajos del fundador del movimiento de la «medicina basada en la
evidencia», el Dr. Gordon Guyatt, Catedrático de Medicina de la McMaster
University, de Hamilton, en Canadá, han mostrado claramente que la
dinámica mercantil de poner como prioridad aumentar los beneficios
económicos entra en conflicto con la calidad de la atención médica, pues
las empresas mercantiles, en su intento de optimizar los beneficios de
sus gestores y accionistas, hacen ahorros, como en personal y en
infraestructuras, que afectan negativamente la calidad de la atención3.
Es más, tales empresas mercantiles tienden a escoger los pacientes,
seleccionando los más rentables a costa de los menos rentables, que se
remiten al sector público.
De tal manera, esta mercantilización va
inevitablemente acompañada de un deterioro del sector público –como es
también obvio en Cataluña–, poniendo a este en una situación subsidiaria
respecto del sector privado, polarizándose así todavía más el sector
sanitario por clase social, con el 20% de la población de renta superior
atendido por servicios privados gestionados por compañías de seguros
privados, y el resto, el 80%, cubierto por la sanidad pública,
polarización que, como también muestra la experiencia en Cataluña,
desfavorece tanto a los unos como a los otros, pues el aseguramiento
privado es insuficiente para cubrir todas las necesidades sanitarias, y
tiene que parasitar el sistema público cuando la enfermedad es crónica o
especialmente cara y costosa en su atención sanitaria."
(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista GACETA SANITARIA, junio de 2015, en www.vnavarro.org, 16/06/2015)
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