"El recorte de la protección social a los trabajadores inmigrantes que
los líderes europeos han aceptado para satisfacer al primer ministro
británico, el conservador David Cameron, desmantela un
pilar fundamental de la Unión Europea (UE) y va contra la letra del
tratado europeo (artículos 45 y 46).
Las concesiones al chantaje
británico consolidan el doble rasero en el funcionamiento de la UE: la
acomodación generosa a las exigencias de los países poderosos (Gran
Bretaña, Alemania, Francia) y la imposición implacable de 'diktats'
draconianos a los débiles (Grecia, España).
El recorte de los
subsidios a los inmigrantes y las concesiones a la City londinense y al
sector financiero también consolidan otro rasgo característico del
funcionamiento de la UE en las últimas décadas: anteponer los intereses
de las grandes compañías que temen perder volumen de negocio si Gran
Bretaña sale de la UE a los derechos de los trabajadores. Mientras se
legisla a la medida de los intereses de las grandes empresas y del
sector financiero, se recortan sin vacilar los derechos sociales de los
trabajadores siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.
"Europa
necesita inversiones y salarios decentes para los trabajadores, no
robar los derechos a los inmigrantes con bajos salarios", critica el
secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini.
"No comprendo cómo penalizar a los trabajadores inmigrantes puede
ayudar a la UE. La propuesta de denegar los subsidios sociales a los
trabajadores inmigrantes con bajos salarios contrasta con la evasión
fiscal que se permite a las grandes empresas", lamenta Visentini. (...)
El informe publicado en el 2014 por los economistas Christian Dustmann y Tommaso Frattini
del University College of London (UCL) demostró que los inmigrantes
europeos que han llegado a Gran Bretaña desde el 2000 han aportado mucho
más en impuestos y cotizaciones de lo que han recibido en ayuda
pública.
Esos inmigrantes europeos han aportado un beneficio neto a las
arcas del Estado británico de más de 25.000 millones de euros del 2001
al 2011. A esa cifra hay que sumar otros 8.700 millones de euros que el
Estado británico se ha ahorrado en la educación de esos trabajadores.
El
estudio 'Los efectos fiscales de la inmigración en Gran
Bretaña' precisa que los inmigrantes de los países de Europa oriental
pagan en impuestos y cotizaciones un 12% más de lo que reciben del
Estado británico. (...)
Otros datos que debería tener en cuenta el presidente de la UE, el conservador polaco Donald Tusk,
son los enormes abusos laborales que sufren los inmigrantes polacos en
Gran Bretaña, como ha descubierto la investigación de la tesis doctoral
de la London School of Economics (LSE) 'Inmigrantes blancos y
legislación antidiscriminatoria en Gran Bretaña' de Dagmar Myslinska, abogada y antes profesora universitaria en EEUU.
Myslinska
detalla como los empresarios británicos abusan de los inmigrantes
polacos, pagándoles "por debajo del salario que les correspondería", en
"condiciones de precariedad" y "bajo la amenaza de despido" si no se
pliegan a todos los abusos. Los propietarios, destaca Myslinska, también
explotan a los inmigrantes "cobrando precios astronómicos" por
viviendas en malas condiciones. (...)
Las eventuales dificultades financieras de la seguridad social y los
servicios públicos británicos no son fruto de los trabajadores
inmigrantes europeos (6,4% del total de empleados en Gran Bretaña), sino
de las rebajas de impuestos a las grandes empresas y a las personas más
ricas de los últimos 30 años: el impuesto de sociedades ha pasado del
52% al 20% y el de renta del 60% al 45%.
El importe de los
subsidios sociales en Gran Bretaña es elevado (160.000 millones) no por
culpa de los inmigrantes, sino a causa de los recortes de los derechos
sindicales y laborales de los gobiernos conservador y laborista, que han
hundido el salario de los trabajadores.
Ahora el Estado debe compensar
con subsidios lo que no pagan las empresas para evitar una pobreza
extrema generalizada. Seis millones de empleados británicos mayores de
21 años cobran menos del salario necesario para cubrir el coste de la
vida (el 23% de los ocupados y el 1% más que en el 2014), según la
consultora KPMG." (Eliseo Oliveras, El Periódico, 19/02/16)
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