"El 11 por ciento de los hogares de España,
donde viven 5,1 millones de ciudadanos, no pueden calentar su vivienda
en invierno hasta alcanzar una temperatura adecuada, según el III
Estudio 'Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis', presentado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
El estudio destaca el incremento del 22 por ciento en los dos últimos años y apunta que Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, son las cuatro comunidades autónomas con mayor incidencia de pobreza energética.
El trabajo de ACA desvela que el 11,1 por ciento de los hogares se
declara "incapaz" de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y
esta cifra sitúa a España por encima de la media europea que está en un 10,2 por ciento.
Además, hasta el 21 por ciento de los hogares españoles experimentan
condiciones asociadas a la pobreza energética y un 6 por ciento, que
representa a 2,6 millones de ciudadanos destinan más del 15 por ciento
de sus ingresos familiares a pagar las facturas energéticas.
El estudio indica también que el 7 por ciento de los hogares está en situación de pobreza energética
donde los ingresos del hogar son menores que la renta mínima de
inserción (417 euros al mes en 2014). Esto significa que casi 5 millones
de españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagados los gastos de
hogar y de energía. (...)
De hecho, ACA subraya que esta situación podría ocasionar el 30 por
ciento de las muertes adicionales de invierno, según estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2014, la mortalidad adicional
de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de
7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza
energética.
En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en accidentes
de tráfico en el periodo 1996 - 2014, y se estima que la contaminación
atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en España. (...)
El informe propone también soluciones como una actuación coordinada
en entre diferentes actores y niveles de la administración por medio de
una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética que
involucre a los tres niveles de la administración, a las empresas
suministradoras, ONGs y a los movimientos ciudadanos.
En este contexto, reclama que se impulse la rehabilitación energética
de edificios con enfoque de pobreza energética, como solución a medio y
largo plazo a esta problemática y como medida preventiva para reducir
la vulnerabilidad futura de la población. También plantea la
reformulación del bono social para adaptarlo a la realidad de los
consumidores vulnerables.
Otras de las propuestas pasan por actuar en el ámbito de los cortes
de suministro con cambios legislativos y ampliar el acceso a fondos de
ayuda para las situaciones más vulnerables, así como por reformar las
políticas de financiación de eficiencia energética para beneficiar a los
hogares vulnerables y con dificultades para invertir en su vivienda." (Público, Nueva YTribuna, 14/04/16)
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