"El problema de la carta secreta de Rajoy a Juncker, presidente de la
Comisión Europea, va mucho más allá de la mera mentira de un líder
político que no dice una verdad ni por casualidad. Ojalá fuera una más
de las muchas mentiras compulsivas que envuelven como la niebla a la
Moncloa. (...)
El estado de la cuestión del Estado español no reside
en que Rajoy vuelva a engañar a los electores, que Rivera enmudezca y
que Sánchez calle; la cuestión de fondo real es que los tres eluden
poner sobre la mesa los nuevos recortes sociales que Angela Merkel
impone.
Las cifras son públicas. España deberá, en un año y
medio, reducir su déficit en 8.000 millones de euros. Antes, nada más
cerrarse las urnas, se conocerá si, además, habrá que sumar a esta
cantidad una multa de 2.200 millones de euros por haber incumplido los
anteriores objetivos de déficit. O sea, un total de 10.000 millones
doscientos mil euros, desde este julio de 2016 hasta diciembre de 2017,
que saldrán de una nueva reducción de los gastos sociales en sanidad,
educación, subsidios y pensiones.
Este es solo el aperitivo de lo que
será una tensa XII Legislatura, y que comenzará bajo dos espadas de
Damocles: un déficit público del 5,1, el segundo más elevado del
eurogrupo, y una deuda pública que supera el 100% del PIB. (...)
Cuando Rajoy, Rivera y Sánchez polemizan sobre medidas
fiscales, laborales o sociales, para cuadrar los números rojos de la
Comisión Europea, pierden el tiempo. Es una polémica tan bizantina como
aquella que pretendía averiguar la identidad sexual de los ángeles.
Porque saben que sin la derogación de la reforma de ese artículo 135 de
la Constitución, que consagra como primera obligación constitucional el
pago de una deuda impagable, no se puede hacer nada; por eso Rajoy
recurre a las mentiras y Rivera y Sanchez optan por el silencio.
Y lo
más patético, es que la derogación inmediata de este artículo sería
posible. Ningún otro país de la Unión Europea, salvo Alemania, contempla
en su ordenamiento este imperativo, que, en definitiva, lo que supone
es la ilegalización de Keynes y, por lo tanto, de la política
socialdemócrata.
Que desde la derecha se nos venda la teoría de la
impotencia, según la cual los españoles carecemos de libertad para
elegir la política económica, es tan lógico como coherente con los
intereses que representan. No lo es, sin embargo, desde una óptica
progresista. Es una falacia sostener que todo gobierno de progreso está
condenado a incumplir su propio programa electoral. (...)
Es muy evidente, que no cabe aplicar una alternativa
progresista, claro está, sin un sostenido propósito de lucha y
negociación de la Europa del Sur con la Europa del Norte.
Basta observar como se sataniza a Garzón e Iglesias
para constatar que ni los teóricos de la impotencia se creen sus
falacias. Si fuera como nos describen, no hubieran perdido todo un muy
largo trimestre en imponer un imposible gobierno Rivera-Sánchez, ni
harían funcionar la máquina del fango en la campaña electoral, ni
volverían una vez más a presionar a Sánchez para que el PSOE no se sume a
Unidos Podemos en el gobierno de progreso que salga de las urnas.
Precisamente porque Rajoy miente, Rivera omite y Sánchez calla, los
poderosos e impotentes intentan socializar la resignación política y
social a esos dictados económicos de intereses ajenos a la soberanía
popular y nacional de España." (Fernando López Agudín, Público, 26/05/16)
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