"A punto de cumplirse un año del inicio de la legislatura en la Asamblea
Regional de Murcia, el Partido Popular se han enfrentado a una situación
inusual en los últimos cuatro lustros: cinco comisiones de investigación
ya formadas intentan aclarar los puntos más oscuros de los veinte años
de gobierno de los conservadores murcianos. Y alguna de ellas derivará, a
buen seguro, en casos judiciales contra los dirigentes populares. (...)
La primera, propuesta por Podemos y apoyada por PSOE y
Ciudadanos, pretende aclarar lo sucedido en torno al llamado
oficialmente Aeropuerto Internacional de Corvera, terminado en 2012 por
un consorcio empresarial (Aeromur) nucleado en torno a Sacyr y en el que
participaron otras empresas, como la charcutera ElPozo, y que sigue cerrado y sin operador aéreo que se haga cargo de él.
La comisión quiere aclarar, entre otras cosas, por qué el gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado y vicepresidente del Parlamento continental, encargó a las mismas empresas que luego formaron el consorcio un informe para justificar la necesidad de esa infraestructura.
Una segunda comisión de investigación, también propuesta por Podemos, trabaja en torno al Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de 14.000 habitantes de la que era alcalde el actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, quien recepcionó la obra presupuestada en casi seis millones de euros sin que estuviera terminada. Un informe pericial encargado por la Fiscalía regional estableció que harían falta otros dos millones y medio para acabarla según proyecto.
La fallida desaladora de Escombreras (Cartagena) es objeto de la tercera comisión. El gobierno de Valcárcel encargó esa obra por 120 millones de euros a un grupo de empresas propiedad de la ACS de Florentino Pérez y se comprometió a pagar casi 600 millones hasta 2030 por esa instalación que, pensada para cubrir las necesidades supuestas derivadas del boom inmobiliario, está actualmente funcionando apenas al 30% de su capacidad. Fue propuesta por Ciudadanos.
La comisión quiere aclarar, entre otras cosas, por qué el gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel, que ahora es eurodiputado y vicepresidente del Parlamento continental, encargó a las mismas empresas que luego formaron el consorcio un informe para justificar la necesidad de esa infraestructura.
Una segunda comisión de investigación, también propuesta por Podemos, trabaja en torno al Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de 14.000 habitantes de la que era alcalde el actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, quien recepcionó la obra presupuestada en casi seis millones de euros sin que estuviera terminada. Un informe pericial encargado por la Fiscalía regional estableció que harían falta otros dos millones y medio para acabarla según proyecto.
La fallida desaladora de Escombreras (Cartagena) es objeto de la tercera comisión. El gobierno de Valcárcel encargó esa obra por 120 millones de euros a un grupo de empresas propiedad de la ACS de Florentino Pérez y se comprometió a pagar casi 600 millones hasta 2030 por esa instalación que, pensada para cubrir las necesidades supuestas derivadas del boom inmobiliario, está actualmente funcionando apenas al 30% de su capacidad. Fue propuesta por Ciudadanos.
La cuarta comisión, formada a iniciativa del PSOE,
intenta aclara el reparto de contratos y subvenciones públicas de la
Comunidad Autónoma gobernada por el PP, con la intención de luchar
contra la opacidad que del Gobierno regional durante 20 años de
gobiernos de mayorías absolutas, revisar los informes jurídicos, los del
Tribunal de Cuentas, recomendaciones de las que la Comunidad ha hecho
caso omiso, así como las irregularidades y deficiencias detectadas.
Y la quinta, promovida por Ciudadanos, pretende esclarecer todo lo relativo al Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que las transferencias sanitaria negociadas y firmadas por el PP en 2001 han resultado ser deficitarias, generando la insostenibilidad del sistema, con un déficit anual de entre 300 y 350 millones de euros en los últimos quince años, tantos como estas competencias regionales han estado en manos del Partido Popular. (...)" (están pendientes de debate para su aprobación o rechazo otras tres posibles comisiones de investigación. Una sobre las listas de espera en el SMS; otra sobre la gestión de la televisión autonómica…
Y una tercera, que promete ser la más conflictiva, sobre el caso Novo Carthago, un pretendido intento de urbanizar sobre terrenos protegidos junto al Mar Menor para hacer miles de viviendas y algún campo de golf en el que están judicialmente involucrados la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el ex presidente regional, Ramón Luis Valcárcel y varios de sus familiares, el sempiterno ex consejero de Agriculutura (1995/2014), Antonio Cerdá, junto al gran promotor urbanístico alicantino Rafael Gadea y toda una pléyade de funcionarios autonómicos y municipales de distinto nivel." (Público, 21/06/16)
Y la quinta, promovida por Ciudadanos, pretende esclarecer todo lo relativo al Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que las transferencias sanitaria negociadas y firmadas por el PP en 2001 han resultado ser deficitarias, generando la insostenibilidad del sistema, con un déficit anual de entre 300 y 350 millones de euros en los últimos quince años, tantos como estas competencias regionales han estado en manos del Partido Popular. (...)" (están pendientes de debate para su aprobación o rechazo otras tres posibles comisiones de investigación. Una sobre las listas de espera en el SMS; otra sobre la gestión de la televisión autonómica…
Y una tercera, que promete ser la más conflictiva, sobre el caso Novo Carthago, un pretendido intento de urbanizar sobre terrenos protegidos junto al Mar Menor para hacer miles de viviendas y algún campo de golf en el que están judicialmente involucrados la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el ex presidente regional, Ramón Luis Valcárcel y varios de sus familiares, el sempiterno ex consejero de Agriculutura (1995/2014), Antonio Cerdá, junto al gran promotor urbanístico alicantino Rafael Gadea y toda una pléyade de funcionarios autonómicos y municipales de distinto nivel." (Público, 21/06/16)
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