Como recogíamos hace un año,
la desigualdad en el reparto de la riqueza en España es muy profunda y
se ha ampliado continuamente en la primera década del siglo XXI. El 10%
de hogares más ricos incrementó un 52% su patrimonio medio entre 2002 y
2011, pasando de 811.675 a 1.230.500 euros, en valores constantes,
mientras el 25% más pobre lo redujo en un 5,5% (de 15.023 a 14.200).
La distancia o ratio de desigualdad entre el patrimonio medio de ambos grupos pasó de 54 a 87, es decir, la desigualdad de la riqueza se disparó un 60% en tan sólo una década.
¿Quiénes ocupan ese 10% (1,7 millones de hogares) que acapara la riqueza de España?:
- El 80,4% del empresariado que percibe todos los años en concepto de “beneficios” más del 40% del PIB, según la Contabilidad Nacional.
- El 26,7% de quienes tienen negocios por cuenta propia (EFF2011, Banco de España).
- La mayoría de altos cargos de la administración, directivos y técnicos cualificados con percepciones por encima de diez veces el Salario Mínimo Interprofesional (AEAT).
El 89% de estos hogares ricos posee
segunda residencia en propiedad (con un valor medio de 348.000 euros),
muchos disponen de coches de alta gama que renuevan con frecuencia y
tienen un nivel de consumo en viajes, joyas y otros gastos suntuarios
muy superior al resto de la sociedad, pese a lo cual sus ingresos son
tan altos que su patrimonio global se ha revalorizado en más de un
billón de euros en la década analizada (2002-2011).
En el polo opuesto, el cuartil más pobre
(4,3 millones de hogares) contiene a los sectores excluidos por el
modelo económico-político-cultural vigente:
- Personas que han sido expulsadas de su puesto de trabajo (2,3 millones de empleos destruidos entre 2008 y 2016 según la Encuesta de Población Activa).
- Mano de obra con empleo precario (3,7 millones de contratos eventuales según la misma fuente, 2,2 millones en situación de “pobreza laboral” debido a sus bajísimos salarios según EUROSTAT).
- Familias que han sido desalojadas por la fuerza de su vivienda (447.000 “lanzamientos” registrados por el Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2015) o que están amenazadas de desahucio (el 10% de los hogares tiene retrasos en el pago de su hipoteca o alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015).
En general, se trata de hogares con muy
escasos ingresos que llegan a fin de mes con dificultad (20%) o mucha
dificultad (15%) y no pueden afrontar gastos imprevistos (39% según la
misma fuente), sobre todo si no disponen de prestaciones sociales
complementarias (pensiones contributivas y no contributivas,
prestaciones de desempleo, etc.).
La situación es especialmente grave
para quienes viven en “pobreza severa” (por debajo del 30% de la mediana
de ingresos), donde se sitúa el 6,2% de los hogares del país (3
millones de personas según la ECV de 2014). En
estos casos son frecuentes las situaciones de grave emergencia social,
con problemas de desahucio, subalimentación, corte por impago de
suministros básicos de agua, luz y gas, y agudización de enfermedades
ligadas a la pobreza.
No debería resultar extraño, aunque parezca increíble, que un estudio de campo recién concluido haya registrado en la ciudad de Madrid 387.829 personas beneficiarias de puntos de distribución de alimentos para personas que pasan hambre. (...)" (Colectivo IOE , Economía crítica y crítica de la economía, 22/06/16)
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