"En fecha reciente el Gobierno ha remitido a Bruselas el plan presupuestario para 2017.
(...) el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social desaparecerá a
finales de 2017. Tal noticia ha llenado las primeras páginas de los
periódicos como si se hubiese descubierto el Mediterráneo o fuese el
anuncio de un gran cataclismo. Que las pensiones constituyen un problema
nadie lo duda, pero un problema político, no económico.
Desde hace
muchos años, el sistema público de pensiones es objeto de una dura
ofensiva por parte del neoliberalismo económico, que ha logrado
trasladar a la opinión pública el mensaje de que es insostenible
económicamente. Todo este discurso está fundamentado en un enorme cúmulo
de falacias. (...)
Lo cierto es que la famosa hucha de las pensiones es un concepto
irrelevante, casi un mero apunte contable. El déficit de la Seguridad
Social (SS) tiene el mismo efecto con fondo que sin fondo. En ambos
casos se incrementará la deuda pública que se encuentra en el mercado.
En el primer caso, porque para enjugar el déficit habría que vender
deuda pública del fondo; en el segundo, porque el Tesoro tendría que
emitir deuda por la misma cantidad. En realidad, los movimientos del
fondo de reserva son operaciones “intra sistema”, dentro de las
administraciones públicas, que no afectan ni al déficit total ni al
stock de deuda pública en circulación fuera del sector público
La existencia del fondo de reserva es el resultado de una concepción
espuria, la del Pacto de Toledo, que pretende separar claramente la
economía de la SS de la del Estado y establece fuentes de financiación
diferentes, condenando a las pensiones a ser sostenidas exclusivamente
por las cotizaciones sociales. He aquí la auténtica amenaza sobre la SS.
(...) la protección social no es algo accidental al Estado, sino una
propiedad de este en el sentido aristotélico del término, algo que sigue
a su esencia necesariamente. (...)
En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que
las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con cotizaciones
sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer
frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las
pensiones.
La separación entre SS y Estado es meramente administrativa y
contable pero no económica, y mucho menos política; es más, tiene mucho
de convencional, como lo prueba el hecho de que la sanidad y otros
tipos de prestaciones que antes se imputaban a la SS hoy se encuentren
en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas. (...)
Pero, sobre todo, al librar a las pensiones de la atadura en
exclusiva de las cotizaciones sociales, deja en papel mojado todos los
argumentos que tan fácilmente se han manejado acerca de que la baja tasa
de natalidad y el incremento de la esperanza de vida conforman una
pirámide de población que hace inviable el sistema. Esta argumentación,
en todo caso, no afectará más a las pensiones que a la sanidad, a la
educación o a cualquier otro gasto del Estado.
Pero es que, además, estos argumentos se basan en una premisa falsa.
Contemplan exclusivamente el número de trabajadores. La cuestión, sin
embargo, debemos situarla no en la consideración de cuántos son los que
producen, sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores
pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces
superior.
Es lo que ha ocurrido en la agricultura. Hace cincuenta años
el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo
lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%. La
variable esencial a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad de
mantener el Estado del bienestar (y dentro de él, las pensiones) no es
otra que la evolución de la renta per cápita.
Esta se ha incrementado
progresivamente hasta casi duplicarse en los últimos treinta años, y es
de suponer que se duplicará también en los próximos treinta o cuarenta
años si el euro y la denominada política de austeridad no lo impiden. (...)
Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para que no se puedan
mantener e incluso incrementar las prestaciones sociales y tampoco para
que un grupo de ciudadanos (por ejemplo los pensionistas) no puedan
seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay
motivo para que tengan que perder poder adquisitivo.
Es más, de hecho no
debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a
medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es,
por encima del coste de la vida. El Estado es el primer socio, mediante
impuestos, de la actividad económica y si esta se incrementa, la
recaudación fiscal también debería aumentar. (...)
La cuestión de las pensiones (al igual que con la sanidad, el seguro de
desempleo o cualquier otra prestación social) hay que contemplarla en
términos de distribución y no de carencia de recursos. El problema surge
cuando la sociedad repudia los impuestos y las formaciones políticas
son incapaces de combatir el fraude y acometer una verdadera reforma
fiscal.
Por una parte, el gasto público en pensiones en porcentaje del
PIB se mantiene en España muy por debajo del de la mayoría de los países
de la UE de los quince y, por otra, la presión fiscal de nuestro país
es por lo menos seis puntos inferior a la media de la UE.
No hay ninguna
razón, por tanto, que justifique la afirmación de que el sistema
público no se puede mantener o la pretensión de jibarizarlo eliminando
la actualización anual de las pensiones al menos en el porcentaje al que
se incrementa anualmente el IPC. (...)" (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 27/10/16)
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