"El devenir político de esta legislatura va destapando el fraude que ha
supuesto la entrada, aunque no se haya formalizado, del PSOE a
cogobernar con el PP y lo que queda de Ciudadanos.(...) el PSOE se ha retratado apoyando un decreto que perjudica claramente a los afectados por cláusulas suelo.
Esta afrenta tiene un claro valor simbólico porque se trata del primer
gran escollo en el que hay que definirse en un tema asimétrico: o
salvamos a la banca, o perjudicamos a los consumidores.
La respuesta ha
sido muy clara: hay que salvar a la banca porque si se les obliga a
pagar todo el montante, fruto de la sentencia del Tribunal Europeo, la
cuenta de resultados de algunos se vería muy afectada y habría que
volver a capitalizar, salvo que se incrementasen mucho los depósitos,
como argumentan algunos economistas de moda. (...)
Todo el entramado legal hipotecario se ha demostrado perjudicial para el consumidor
Estas
normas, aprobadas en época del PSOE, pero mantenidas por el PP, eran un
salvoconducto para el sistema financiero, que ahora deja al descubierto
los intereses creados de las dos grandes formaciones políticas para con
la gran banca, fruto de su dependencia en mantener una estructura tan
arcaica, como prescindible. (...)
Este analfabetismo financiero, que no solo se da entre la
población que no está obligada a ser experta en ello, sí es
responsabilidad de los ejecutivos, tanto central como autonómico. Pero
no hay nadie que tenga valor de cambiar esta anomalía y se prefiere
tirar de inercia y que nadie cambie.
El analfabetismo financiero de los consumidores es directamente proporcional al de los responsables de consumo en Sanidad
Con
estos antecedentes, uno pensaría que este momento es idóneo para
escarmentar de una vez a la banca, que ha contado también con la
aquiescencia de los notarios y el Banco de España, cuyos economistas
tenía prohibida la palabra burbuja en sus documentos, imagínense quien
había detrás de esta censura intelectual.
Para ello, hubiese bastado que
el Gobierno, y sus palmeros actuales, cogiesen la sentencia y obligasen
a su ejecución integra, saldando la deuda económica y moral de haber
dejado a la intemperie a los consumidores durante tantos años.
Ante el
riesgo de presentarse ante la opinión pública en solitario dejando
grandes resquicios discrecionales a la banca para que pueda no devolver
el dinero en su totalidad, el PP ha preferido contar con aliados para
sacar adelante el decreto que deja muy abierta la posibilidad de poder
cobrar lo que la banca ha extraído de forma ilegal a millones de
usuarios.
El Gobierno permite a la banca decidir si paga, cómo lo paga y cuándo lo paga
En
primer lugar, el Gobierno no entra en el fondo de la fecha a partir de
la cual hay que devolver lo cobrado legalmente. El Tribunal Supremo ha
sido taxativo, pero el decreto no entra en ello y deja al albur de la
banca en principio, y luego a los tribunales, su resolución definitiva.
Tampoco interviene a delimitar si el resto de entidades, distintas de
las afectadas, deben o no devolver el dinero. Aquí ya ha habido Bancos,
como el Sabadell que niega la opacidad de sus cláusulas, y defiende la
bondad de esta práctica, en un duro alegato contra consumidores y
abogados por defender lícitamente sus derechos.
Los pactos de cambio de hipoteca a tipo variable cláusula
suelo por hipotecas a tipo fijo, un modelo de abuso de libro, tampoco
son objeto de defensa en el RD aprobado, limitándose el ejecutivo a
declarar lo obvio, que el cliente puede ir por la vía judicial o
extrajudicial para reclamar sus cantidades. Pero como siempre, no entra
en el fondo, tal vez por miedo, o tal vez por desconocimiento del abuso
que supone para muchos clientes.
Otro aspecto crucial
en el que el Gobierno y palmeros deberían haber entrado es en la
obligación de comunicar, por parte de la banca a cada usuario, la
cantidad cobrada de más. Esto estaba previsto en versiones previas del
acuerdo, pero luego ante la presión de la banca, se eliminó.
Ahora la
banca, lo anunciará en páginas web y en las propias oficinas, limitando
el derecho a la información y creando una confusión deliberada para que
no haya demandas colectivas. Por último, será el banco el que decida si
cabe la negociación para el cobro y también será clave para saber quién
paga las costas del juicio en el caso de que se pierda.
La decisión de apoyo del PSOE demuestra una vez más la deriva en la que se encuentra
En
resumen, una vez más el Gobierno y sus muletas parlamentarias han dado
la espalda a los ciudadanos, dejando todo el poder de negociación a la
banca, con más medios para litigar y con capacidad de decisión
extrajudicial ante el temor a perderlo todo.
Del PP se esperaba esto,
pero había dudas de qué haría esa Gestora que hace y deshace como si
fuese una dirección legítima. Pero el elevado endeudamiento es el mejor
antídoto para defender a quién te presta, frente a quién te vota. Luego
que digan que el PSOE es un partido de sus votantes." (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 23/01/17)
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