"(...) el Estado se ha financiado con los fondos de las pensiones y
ahora plantea que sea el Estado el que financie la Seguridad Social.
Aun en una situación de déficit y un fondo sin recursos, las pensiones
podrían pagarse con préstamos a cargo de los propios Presupuestos del
Estado.
O sacando pensiones de las cuentas del sistema (viudedad y
orfandad son las señaladas), globo sonda de la ministra Báñez ‘comprado’
por la propia Comisiones Obreras en su lista de sugerencias para
mejorar los números. (...)
Sin medidas que contengan la sangría de ingresos a la Seguridad Social,
la destrucción de empleo durante la crisis evaporó gran parte de estos
rendimientos del trabajo. Ahora que las cifras de desempleo empiezan a
contenerse, la precariedad laboral hace inviable que el sistema pueda
seguir siendo autosuficiente.
Las cotizaciones están directamente
relacionadas con el empleo, pero también con su calidad: a menos
salario, las cotizaciones son menores. “Los ingresos no aumentan cuando
se supone que deberían hacerlo con el crecimiento de la economía y del
empleo porque el crecimiento del empleo es a base de empleo de baja
cualificación y muy bajos niveles salariales”, advierte Santos Ruesga,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y
uno de los primeros comparecientes en el Pacto de Toledo.
Ruesga, que anticipa que el sistema necesitará financiación extra para
cuadrar las cuentas en el próximo ejercicio, señala que “los ingresos
por cotización no suben porque la cotización media está cayendo”.
“Por
los salarios, claro”, apostilla. Con empleos temporales, a tiempo
parcial y con contratos que pueden llegar a medirse con unas horas al
mes, el dinero que se destina a las arcas del sistema se contrae
drásticamente. Y lo hace más aún cuando el principal estímulo a la
contratación del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido, además del
abaratamiento (aún más) del despido, limitar los pagos de cotizaciones
con tarifas planas reducidas e incluso exenciones en estos pagos. (...)
¿Qué es, por lo tanto, lo que se discute desde el pasado 22
de noviembre, fecha en la que la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, dio inicio a las comparecencias ante el Pacto de Toledo
en el Congreso?
Básicamente, medidas que permitan reestructurar el
sistema a corto y medio plazo para que las cuentas salgan (aumentar las
cotizaciones, suprimir el tope de las bases máximas, sacar del sistema
gastos administrativos…) y encarar en condiciones no solo los efectos
económicos de la destrucción de empleo y precarización del mismo, sino
el previsible aumento de los pensionistas, cuando las primeras
generaciones del baby boom español pasen a cobrar su jubilación.
No se discute ni tan siquiera el modelo público de reparto.
En un escenario político tan fragmentado y disputado, con equilibrios
tan débiles, cualquier insinuación sobre capitalizar las pensiones en
fondos privados puede dejar a su autor fuera del tablero.
El PP trata de
despejar toda sospecha: los sistemas complementarios (ni hablar de la
palabra ‘privada’), sostiene, seguirán siendo voluntarios. Pero lo que
esconde el debate es la verdadera razón por la que las pensiones del
futuro están garantizadas: año a año, serán más pobres. Y por tanto, si
no hay cambios de envergadura, esos complementos serán cada vez más
necesarios. (...)
Dos reformas, una en 2011 y otra en 2013, una del PSOE y otra del PP (la
segunda desligada del Pacto de Toledo y el diálogo social), han
empobrecido las pensiones del futuro en un 35%, según un informe de
Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. (...)
Si en 2013 un jubilado medio cobraba en su primera pensión un 79% de lo
que era su anterior sueldo (la llamada tasa de reemplazo), en 2050 esta
tasa apenas superará el 50%, y en 2060 ni tan siquiera lo alcanzará
(48,6%). El porcentaje se irá reduciendo progresivamente. (...)
El empobrecimiento que en 2011 supuso el aumento de la edad
de jubilación (compartido y asumido ya prácticamente por todos; en todo
caso, se irá aumentando) y la ampliación del tiempo para calcular la
pensión, se consolidó en 2013 con el factor de sostenibilidad y la
desvinculación de la pensión al IPC.
“El factor de ajuste es el más duro de toda la Unión
Europea”, explica Zubiri, pues ‘corrige’ las nuevas pensiones (lo hará a
partir de 2019) con un recorte anual aproximado del 0,25%. A esto hay
que añadir una fórmula matemática que, en la práctica, condena año a año
a una reducción de las pensiones: impide subidas en situaciones de
déficit y de previsiones de aumento en la esperanza de vida.
En otras
palabras, solo un suelo de +0,25% anual introducido en la reforma impide
que las pensionistas reciban, desde 2013, menos euros por su
prestación. “No hope. No esperen que el IRP (índice de
revalorización de las pensiones) sea positivo alguna vez.
A no ser que
le metamos una inyección de recursos que no sabemos de dónde vamos a
sacar”, reconoció José Antonio Herce, de Analistas Financieros, que no
solo abogó por extender la edad de jubilación, sino que instó ante los
diputados a apostar por fondos privados.
“Las reformas no tenían nada que ver con los ingresos, se
basaron exclusivamente en los gastos. Estaban orientadas a reducir la
pensión”, abunda Ruesga, precisamente el único de los expertos, reunidos
en 2013 por el Gobierno del Partido Popular para sustentar su reforma,
que se desmarcó del cambio en la revalorización de las prestaciones.
Hasta ahora, la caída de los precios ha salvado a los pensionistas de
perder poder adquisitivo tras la reforma. Pero aunque amplíen
nominalmente su prestación un 0,25%, de facto, perderán poder de compra,
ante la efectiva vuelta de la inflación. Y si es del 2%, como marcan
las políticas del BCE, hasta estabilizar las cuentas (2024, 2025, estima
Zubiri), las pensiones se empobrecerán alrededor de un 1,75% cada año." (Álex Romero, CTXT, 28/12/16)
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