25.1.17

Las consecuencias de la fatídica ley aprobada en la legislatura pasada serán las de que los pensionistas irán perdiendo año tras año poder adquisitivo... una merma considerable en no mucho tiempo

"(...) En materia de pensiones han comenzado a visualizarse las consecuencias de la fatídica ley aprobada en la legislatura pasada según la cual los pensionistas irán perdiendo año tras año poder adquisitivo.

 En un laxo no demasiado largo de tiempo, cualquier pensión va a verse sometida a una merma considerable. Los pensionistas sufren de este modo un cierto expolio. Con la inflación, los ingresos del Estado se actualizan (se incrementan) de forma automática y lo lógico sería que las pensiones mantuviesen el mismo recorrido. 

Pero es esto precisamente lo que se modifica con la Ley citada. Hacienda aprovechará esta mayor recaudación en términos nominales, que proviene del incremento de los precios, no a mantener el nivel de las pensiones (en euros constantes) sino a otras finalidades, por ejemplo a bajar los impuestos. Se despoja así a los jubilados de parte de su pensión (en términos reales) para destinar esos recursos a otros colectivos.

Aunque en teoría casi todo el mundo reprueba los gastos fiscales y las exenciones, lo cierto es que en la práctica se recurre a ellos con toda presteza como la solución más fácil, cada vez que se pretende incentivar una actividad aun cuando no esté nada clara su eficacia. 

 Montoro anunció también en el Congreso que piensa propiciar el retraso en la edad de jubilación concediendo beneficios fiscales. Se supone que el ministro considera que la medida puede resultar beneficiosa para el fisco, porque el posible deterioro en la recaudación por los incentivos fiscales sería más que compensado por el ahorro en el pago de las pensiones.

El argumento anterior es incompleto y parece mentira que el Gobierno no sea consciente de que las cuentas cambian radicalmente si estamos en presencia de un elevado nivel de paro. La prolongación de la vida laboral tendrá como resultado incrementar el número de parados y por ende el gasto en seguro de desempleo, a no ser que lo que el Ejecutivo se proponga sea reducir la cobertura y abandonar una cada vez mayor proporción de desempleados a su suerte, a la marginación y a la miseria. (...)"                         (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 19/01/17)