28.2.17

Comida, contrato y soborno: así pagaron las constructoras a la trama del 3% de Jordi Pujol y Artur Mas

"La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha permitido reconstruir milimétricamente cómo amañaron sus dirigentes decenas de adjudicaciones públicas a cambio de donaciones ilegales al partido.

 Las pesquisas han puesto el foco en los políticos de CDC que recogieron el dinero y manipularon los concursos, pero también apuntan a los empresarios que aprovecharon esta red corrupta para elevar la cuenta de resultados de sus respectivas compañías en Cataluña.

Las actuaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial, revelan que ACS fue una de las grandes beneficiadas por la red corrupta. La constructora que preside Florentino Pérez habría utilizado su fundación sin ánimo de lucro para abonar una presunta comisión ilegal a CDC por la concesión de un contrato de 19,7 millones de euros a su filial de servicios públicos Urbaser, vendida el pasado diciembre a un grupo chino.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción describen cómo se cerró el amaño tras analizar la numerosa documentación intervenida en el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca. El 12 de abril de 2011, solo un día después de que el Ayuntamiento de Olot (Gerona) anunciara la licitación del contrato municipal para la recogida de basuras y la limpieza viaria durante los ocho siguientes, Viloca se reunió en su despacho de la sede central de CDC con Jordi Durán Vall Llosera, directivo de Urbaser en Cataluña.

Tras ese trámite, la nueva corporación de Olot, encabezada tras las municipales de mayo de ese año por el convergente Josep María Coromines, se apresuró a adjudicar en su primer pleno el contrato de basuras y limpieza a una UTE integrada por Urbaser y otra concesionaria, curiosamente, constituida solo cinco meses antes. 

La preadjudicación se aprobó el 8 de septiembre, pero los investigadores han descubierto que la licitación se cerró realmente un día después. Según recoge el sumario, el 9 de septiembre de 2011, la Fundación ACS realizó una transferencia de 60.000 euros a la fundación de CDC, CatDem, supuesta perceptora junto a la entidad Fórum de las donaciones ilegales al partido. Sólo en 2013, CDC recibió de esas fundaciones un total de 1,2 millones de euros mediante facturas falsas por servicios inexistentes.

El amaño del contrato de Olot terminó cuando el Ayuntamiento concedió definitivamente el servicio a la UTE de Urbaser en el mes de octubre. La decisión se había tomado, en realidad, a 120 kilómetros de distancia, en el despacho que tenía Viloca en la tercera planta de la sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona. 

Los investigadores localizaron anotaciones en su agenda que recogen al menos seis reuniones con Jordi Durán en momentos clave del concurso. La Guardia Civil detuvo al tesorero en julio y octubre de 2015, y volvió a arrestarlo el pasado 2 de febrero en la operación Pika, la cuarta fase de la operación Petrum sobre el 3%. (...)

Los agentes y el Ministerio Público sostienen que los 60.000 euros pagados por la Fundación ACS garantizaron a la compañía un contrato que sigue en vigor y le genera unos ingresos anuales de 2.463.883 euros más IVA durante su periodo de vigencia de 8 años. 

En total, 19,7 millones de euros más IVA. La aportación de 60.000 euros representa el 2,4% de la facturación anual que la UTE de Urbaser logró con el amaño, un porcentaje muy cercano al 3% que da nombre al caso y que Viloca aplicó escrupulosamente en otras adjudicaciones fraudulentas que también forman parte del caso.

Jordi Durán continúa figurando en el registro mercantil como apoderado de Urbaser. Por ahora, es el único imputado de este escándalo que ha pertenecido a la compañía que preside Florentino Pérez. Las pesquisas no han entrado a determinar cómo pudo este directivo de Urbaser en Cataluña conseguir que la Fundación ACS realizara una transferencia a CDC si nunca estuvo en la patronato de la entidad sin ánimo de lucro. 

Además, los estatutos de la Fundación ACS acotan su gasto a “la promoción y desarrollo de actividades culturales, científicas, relacionadas con la enseñanza, la investigación, la educación, así como la conservación y restauración del patrimonio artístico español”. Parece evidente que la donación a un partido está fuera de esos fines.

Las actuaciones, cuyo secreto se levantó parcialmente este viernes, confirman que Viloca habría utilizado la misma mecánica para favorecer a otras empresas, como Teyco, Oproler, Rogasa, Tec-4, Copisa y Grup Soler.

 El sistema siempre era el mismo: reunión o comida, adjudicación del contrato y pago de la donación al partido. Cronogramas incorporados al sumario muestran cómo se intensificaban las reuniones con los empresarios en los momentos decisivos de los concursos.

En el caso de Oproler, la investigación ha acreditado que Viloca llegó a reunirse con uno de los directivos de esa contructora, el también imputado Sergio Lerma, en una oficina de La Caixa para cobrar una presunta comisión y poder ingresarla automáticamente en las cuentas de CatDem y Fórum. La cita se produjo el 20 de marzo de 2012 a las 10 de la mañana.

 Sólo unos días después, el 30 de marzo, la empresa pública controlada por CDC Gestión de Infraestructuras SA (GISA) adjudicó a una UTE integrada por Oproler la construcción de un centro médico en Mataró (Barcelona) por 5,3 millones de euros. 

La otra compañía que integraba la UTE era Grup Soler, implicada igualmente en el pago de ‘mordidas’. Viloca también se reunió y comió con sus directivos para asegurarse la donación correspondiente

El sumario también deja claro que los amaños se estuvieron produciendo hasta el mismo momento en que la Guardia Civil entró en CDC el 28 de agosto de 2015. Viloca intentó destruir documentación con una trituradora, pero los especialistas del Instituto Armado pudieron reconstruirla.

 Entre los papeles que trató de eliminar hay uno con anotaciones sobre un concurso para construir un colegio en Rosas (Gerona). Los agentes han concluido que el “conseguidor” se reunió en su despacho con el director general de GISA, Josep Antoni Rosell i Polo, solo tres días antes de la operación, el 25 de agosto. 

En ese encuentro, Viloca habría pedido a Rosell que el colegio de Rosas fuera adjudicado a Rogasa, otra de las constructoras que suministraban fondos a la caja B de los convergentes. En los documentos recuperados apareció el primer apellido del dueño de Rogasa, Juan Romero Gamero.

De las actuaciones también se desprende que el poder de Viloca para desatascar concursos en toda Cataluña era ampliamente conocido por los empresarios de la construcción y el sector público. El sumario incorpora una tarjeta de visita de un directivo, Santiago Piñol Sanjaume, de la constructora Pisan, localizada en el despacho del tesorero.
 En el anverso, solo se lee el nombre del directivo y sus datos de contacto. Pero los agentes encontraron en el reverso una anotación dedicada a Viloca que confirma su relevancia: “Buenos días, Andreu; te hago llegar los concursos a los que nos hemos presentado y no hemos tenido suerte y los que aspiramos a tener más suerte. Tenemos que quedar pronto”                  (José María Olmo, El Confidencial, 25/02/17)