"La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) ha permitido reconstruir milimétricamente cómo amañaron
sus dirigentes decenas de adjudicaciones públicas a cambio de
donaciones ilegales al partido.
Las pesquisas han puesto el foco en los
políticos de CDC que recogieron el dinero y manipularon los concursos,
pero también apuntan a los empresarios que aprovecharon esta red
corrupta para elevar la cuenta de resultados de sus respectivas
compañías en Cataluña.
Las actuaciones, a las que ha tenido acceso
El Confidencial, revelan que ACS fue una de las grandes beneficiadas
por la red corrupta. La constructora que preside Florentino Pérez habría
utilizado su fundación sin ánimo de lucro para abonar una presunta
comisión ilegal a CDC por la concesión de un contrato de 19,7 millones
de euros a su filial de servicios públicos Urbaser, vendida el pasado
diciembre a un grupo chino.
La Guardia Civil y la Fiscalía
Anticorrupción describen cómo se cerró el amaño tras analizar la
numerosa documentación intervenida en el despacho del tesorero del
partido, Andreu Viloca. El 12 de abril de 2011, solo un día después de
que el Ayuntamiento de Olot (Gerona) anunciara la licitación del
contrato municipal para la recogida de basuras y la limpieza viaria
durante los ocho siguientes, Viloca se reunió en su despacho de la sede
central de CDC con Jordi Durán Vall Llosera, directivo de Urbaser en
Cataluña.
Tras ese trámite, la nueva corporación de Olot,
encabezada tras las municipales de mayo de ese año por el convergente
Josep María Coromines, se apresuró a adjudicar en su primer pleno el
contrato de basuras y limpieza a una UTE integrada por Urbaser y otra
concesionaria, curiosamente, constituida solo cinco meses antes.
La
preadjudicación se aprobó el 8 de septiembre, pero los investigadores
han descubierto que la licitación se cerró realmente un día después.
Según recoge el sumario, el 9 de septiembre de 2011, la Fundación ACS
realizó una transferencia de 60.000 euros a la fundación de CDC, CatDem,
supuesta perceptora junto a la entidad Fórum de las donaciones ilegales
al partido. Sólo en 2013, CDC recibió de esas fundaciones un total de
1,2 millones de euros mediante facturas falsas por servicios
inexistentes.
El amaño del contrato de Olot terminó cuando el
Ayuntamiento concedió definitivamente el servicio a la UTE de Urbaser en
el mes de octubre. La decisión se había tomado, en realidad, a 120
kilómetros de distancia, en el despacho que tenía Viloca en la tercera
planta de la sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona.
Los
investigadores localizaron anotaciones en su agenda que recogen al menos
seis reuniones con Jordi Durán en momentos clave del concurso. La
Guardia Civil detuvo al tesorero en julio y octubre de 2015, y volvió a
arrestarlo el pasado 2 de febrero en la operación Pika, la cuarta fase
de la operación Petrum sobre el 3%. (...)
Los agentes y el Ministerio Público sostienen que los 60.000 euros
pagados por la Fundación ACS garantizaron a la compañía un contrato que
sigue en vigor y le genera unos ingresos anuales de 2.463.883 euros más
IVA durante su periodo de vigencia de 8 años.
En total, 19,7 millones de
euros más IVA. La aportación de 60.000 euros representa el 2,4% de la
facturación anual que la UTE de Urbaser logró con el amaño, un
porcentaje muy cercano al 3% que da nombre al caso y que Viloca aplicó
escrupulosamente en otras adjudicaciones fraudulentas que también forman
parte del caso.
Jordi Durán continúa figurando en el registro
mercantil como apoderado de Urbaser. Por ahora, es el único imputado de
este escándalo que ha pertenecido a la compañía que preside Florentino
Pérez. Las pesquisas no han entrado a determinar cómo pudo este
directivo de Urbaser en Cataluña conseguir que la Fundación ACS
realizara una transferencia a CDC si nunca estuvo en la patronato de la
entidad sin ánimo de lucro.
Además, los estatutos de la Fundación ACS
acotan su gasto a “la promoción y desarrollo de actividades culturales,
científicas, relacionadas con la enseñanza, la investigación, la
educación, así como la conservación y restauración del patrimonio
artístico español”. Parece evidente que la donación a un partido está
fuera de esos fines.
Las actuaciones, cuyo secreto se levantó
parcialmente este viernes, confirman que Viloca habría utilizado la
misma mecánica para favorecer a otras empresas, como Teyco, Oproler,
Rogasa, Tec-4, Copisa y Grup Soler.
El sistema siempre era el mismo:
reunión o comida, adjudicación del contrato y pago de la donación al
partido. Cronogramas incorporados al sumario muestran cómo se
intensificaban las reuniones con los empresarios en los momentos
decisivos de los concursos.
En el caso de Oproler, la
investigación ha acreditado que Viloca llegó a reunirse con uno de los
directivos de esa contructora, el también imputado Sergio Lerma, en una
oficina de La Caixa para cobrar una presunta comisión y poder ingresarla
automáticamente en las cuentas de CatDem y Fórum. La cita se produjo el
20 de marzo de 2012 a las 10 de la mañana.
Sólo unos días después, el
30 de marzo, la empresa pública controlada por CDC Gestión de
Infraestructuras SA (GISA) adjudicó a una UTE integrada por Oproler la
construcción de un centro médico en Mataró (Barcelona) por 5,3 millones
de euros.
La otra compañía que integraba la UTE era Grup Soler,
implicada igualmente en el pago de ‘mordidas’. Viloca también se reunió y
comió con sus directivos para asegurarse la donación correspondiente
El
sumario también deja claro que los amaños se estuvieron produciendo
hasta el mismo momento en que la Guardia Civil entró en CDC el 28 de
agosto de 2015. Viloca intentó destruir documentación con una
trituradora, pero los especialistas del Instituto Armado pudieron
reconstruirla.
Entre los papeles que trató de eliminar hay uno con
anotaciones sobre un concurso para construir un colegio en Rosas
(Gerona). Los agentes han concluido que el “conseguidor” se reunió en su
despacho con el director general de GISA, Josep Antoni Rosell i Polo,
solo tres días antes de la operación, el 25 de agosto.
En ese encuentro,
Viloca habría pedido a Rosell que el colegio de Rosas fuera adjudicado a
Rogasa, otra de las constructoras que suministraban fondos a la caja B
de los convergentes. En los documentos recuperados apareció el primer
apellido del dueño de Rogasa, Juan Romero Gamero.
De las
actuaciones también se desprende que el poder de Viloca para desatascar
concursos en toda Cataluña era ampliamente conocido por los empresarios
de la construcción y el sector público. El sumario incorpora una tarjeta
de visita de un directivo, Santiago Piñol Sanjaume, de la constructora
Pisan, localizada en el despacho del tesorero.
En el anverso, solo se
lee el nombre del directivo y sus datos de contacto. Pero los agentes
encontraron en el reverso una anotación dedicada a Viloca que confirma
su relevancia: “Buenos días, Andreu; te hago llegar los concursos a los
que nos hemos presentado y no hemos tenido suerte y los que aspiramos a
tener más suerte. Tenemos que quedar pronto” (José María Olmo, El Confidencial, 25/02/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario