"(...) La deuda surge fruto de las políticas de
financiarización desarrolladas especialmente en las dos últimas
décadas. Se pusieron en marcha una serie de políticas orientadas a
estimular una economía maltrecha a partir de los años 70 que corría el
riesgo de hundirse con las políticas de recortes de los años 80.
En los
90, se extendieron políticas monetarias cada vez más expansivas (con un
diseño favorable al sector financiero privado); de desregulación
financiera, propiciando la creación de deuda y dinero por la banca
privada; la promoción de la titularización de activos de todo tipo o,
más recientemente, la expansión de instrumentos de apalancamiento para
financiar inversiones públicas y privadas en los mercados financieros,
han conformado un nuevo marco donde los grupos sociales privilegiados se
apropian del excedente sin el riesgo propio del accionista -siendo más
cómoda la posición de acreedor o tomador de bonos-.
La deuda pública no es más que un
síntoma de un problema que viene de otro sitio. De hecho hemos asistido a
un proceso orquestado políticamente de conversión de las deudas
privadas en públicas.
Mientras se reclamaba la austeridad en materia de
inversión pública, políticas sociales o derechos laborales, las cuentas
públicas se adelgazaban por el proceso de desfiscalización sobre los
beneficios o el patrimonio, abriendo la mano en la práctica a la evasión
fiscal. Por el lado del gasto, se efectuaban políticas abiertamente
generosas inyectando capital a bancos en bancarrota, o subvencionando a
grandes empresas.
Los sucesivos déficits fiscales
crecieron y se normalizaron. La deuda pública se incrementó, sobre todo
cuando en el marco del Sistema Euro se consagró un espacio económico en
el que los superávits permanentes de los países centroeuropeos
ocasionaban como contrapartida los déficits sucesivos en las periferias
europeas.
Hay quien dice que hablar de la
ilegitimidad de las deudas resulta impropio e inmoral. Hay también quien
advierte que tampoco es una prioridad o que podría absorberse con el
tiempo. Ni lo primeros se acuerdan de la responsabilidad de los
gobiernos ni de los acreedores en la hipertrofia financiera creada, ni
los segundos toman en serio suficientemente la envergadura (401% de
deuda global en España en 2014) y relevancia de lo que significan la
relación de dominio financiero que entraña la deuda. (...)
El proceso de endeudamiento global
sigue implacable. En el ámbito europeo, se intensificó en mayor medida
en países como Irlanda (aumentado un 172% del PIB más en 2014 a su ya
acumulado 390% en 2007), Grecia (creciendo un 103% a partir de su 317%
de inicio), Portugal (un 100% más a partir del 358% original).
También en España (que creció un 72% más hasta 2014 a partir de su 313% de 2007) (...)
El FMI actualizó, con otra metodología, el cómputo para 2016. La deuda
global la estimaba en un 225% del PIB mundial, siendo dos terceras
partes deuda privada, confirmando la tendencia creciente de los últimos
15 años.
(...) la política de flexibilidad cuantitativa del BCE, prolongada merced a la desesperación existente en el sistema bancario, algún día puede acabarse. Seguramente
entremos poco después en una nueva recesión.
Además, la concesión de
Bruselas al incumplimiento de los techos del déficit está reservada a
gobiernos afines a las élites, pero aun así en España se van a aplicar
fuertes recortes. Además, la aplicación del Informe de los 5 presidentes
impedirá reformas fiscales progresivas o incrementos de presupuesto.
Este mismo Informe introducirá en los
Tratados Europeos el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, ya
aplicado en los casos irlandés, chipriota, español y griego, a modo de
un nuevo Fondo Monetario Europeo, de un tamaño equivalente a la mitad
del presupuesto europeo.
El MEDE equivale a un tanque financiero capaz
de derrocar gobiernos y políticas que no cupiesen en el esquema
austeritario. El mecanismo de deuda no es neutral; dejar intactas las
ventajas garantizadas a la parte acreedora, que aseguran su excedente,
no hará otra cosa que intensificar la desigualdad social.
Para ello el desarrollo de auditorías
ciudadanas parece aconsejable. Son oportunas para identificar la parte
de las deudas ilegítimas, odiosas, ilegales e socialmente insostenibles.
Estas habrán de ser devueltas en otros plazos, reducidas en el
principal.
Servirán para atribuir responsabilidades políticas, penales o
para exigir la devolución de beneficios onerosos, al mismo tiempo que
se proteja a pequeños ahorradores, proveedores, fondos de pensiones y de
la seguridad social.
Sin reestructurar las deudas en contra
de los grandes rentistas, no tendremos una economía sana, democrática ni
justa. Pero haciéndolo nos abrirá caminos a una sociedad mejor." (Daniel Albarracín, Economía crítica y crítica de la economía, 23/01/17)
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