"La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el PP y
PSOE concedió prioridad absoluta al pago de la deuda frente a cualquier
otro tipo de gasto público. Esto conduce a situaciones tan absurdas y
contraproducentes como la siguiente.
El Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit superior a los mil
millones de euros, pero la legislación derivada del artículo 135 de la
Constitución le impide que pueda utilizar todo ese dinero en mejorar los
servicios y prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas, ya que obliga a
pagar deuda antes de tiempo.
Pero es que ese pago adelantado no tiene
por qué conllevar un ahorro por pagar menos intereses en el futuro, sino
que en ocasiones provoca costes extra, ya que muchos bancos penalizan a
quienes devuelven sus préstamos antes de tiempo. Estas penalizaciones
le han costado en 2016 a la ciudadanía madrileña nada más y nada menos
que 1.819.494 euros (1).
Casi 2 millones de euros de dinero público regalados a la banca
(concretamente a Crédit Agricole y Bankinter) por culpa de una
legislación antisocial y pensada fundamentalmente para beneficiar a las
entidades financieras.
No sólo se está impidiendo a ayuntamientos
saneados que utilicen sus recursos para mejorar el bienestar de sus
ciudadanos y ciudadanas sino que además se le está haciendo un negocio
extra a la banca. (...)" (Eduardo Garzón, Attac España, 19/03/17)
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