"Hay una ley no escrita, la ley del embudo, que consiste en que unos
privilegiados se reserven la parte ancha, y al resto, a la mayoría, le
toque la parte estrecha. Uno de los mejores ejemplos de esa desigualdad
en el reparto de obligaciones y beneficios es la Ley Montoro, que hace
recaer sobre las espaldas del eslabón más débil, los ayuntamientos, la
solución al problema de la deuda pública.
Es una ley que viene a dar la
puntilla a las Administraciones locales, las más cercanas a los
ciudadanos, y también las más rebeldes y más difíciles de controlar por
el poder central. Esta ley recorta la autonomía municipal, impide la
creación de empleo público, fijando unas estrictas tasas de reposición;
dificulta la prestación de servicios públicos de calidad y facilita el
camino de su privatización.
Todo ello, con la excusa de evitar un
derroche que los mismos números desmienten, ya que el peso de la deuda
municipal en el conjunto del endeudamiento del Estado es inferior al 4
por ciento.
Los mismos que fueron compasivos con los bancos y abrieron a tope
el grifo para su financiación, socializando unas pérdidas millonarias,
son estrictos y severos con la ciudadanía de a pie y miran con
cuentagotas el dinero destinado a prestar los servicios imprescindibles.
Es una mecánica de actuación, la de quitar al débil para dárselo al
fuerte, que se ha repetido en el mundo globalizado a distintas escalas:
mientras Europa hace caer el peso de la crisis sobre los países del Sur,
en España son las instituciones más cercanas las que deben afrontar las
consecuencias de esa estafa que muchos siguen empeñados en llamar
crisis.
Porque no nos engañemos: gran parte de la deuda que debemos pagar a
costa de recortar en servicios básicos ha sido generada y está destinada
a seguir enriqueciendo a un puñado de privilegiados, corporaciones y
empresas que en la fiebre del ladrillo dejaron sobre el territorio
español, aprovechándose de la infrafinanciación que afectaba a los
ayuntamientos y recurriendo a corruptelas para obtener contratos, un
reguero de obras mastodónticas e inútiles.
Son elefantes blancos que
ahora, pasada la borrachera y llegada la resaca, todos y todas
reconocemos como inútiles, pero que hay que pagar a tocateja, con sus
intereses hinchados, en una nueva vuelta de tuerca que pretende exprimir
hasta las últimas gotas los beneficios de la estafa.
En Oviedo, donde un Gobierno del cambio logró poner fin a más de dos
décadas de gobiernos del PP, la ciudad afronta una deuda ilegítima que
podría alcanzar los 190 millones de euros, generada en operaciones
megalómanas que favorecieron a personas con nombres y apellidos.
Por
referirnos sólo a una de ellas, la capital asturiana tiene el dudoso
honor de disponer de la biblioteca pública más cara del mundo, Villa
Magdalena, que ha costado más de 60 millones de euros tras una ruinosa y
negligente expropiación que en su origen benefició a la familia del
exministro del PP Rodrigo Rato.
En Cádiz tras 20 años de políticas de derroche a manos del PP, la
deuda municipal era el equivalente al presupuesto de dos años; de la
cual un 17% era con proveedores, quienes cobraban a más de 120 días
(anteriormente le debían 89 millones que pudieron pagar con los ICO, y
pasando a ser debidos a la banca).
Pero lo importante no son los
números, el problema no es cuantitativo sino cualitativo, ya que el
origen de esta deuda está en el derroche, la propaganda, el autobombo
mediático, y las obras innecesaria. Obras como las antorchas de la
libertad (los famosos mamotretos) cuyo coste superó el millón de euros,
las 32 app para móviles cuyo coste fue de 1,2 millones, o la tribuna de
estadio Carranza con 38 millones de coste (incluyendo un hotel); sin
duda alguna, obras ilegítimas para nosotros aunque teóricamente legales.
Ante esta situación de injusticia y desigualdad los ayuntamientos del
cambio no nos resignamos. Conscientes del poder que tiene la gente que
se pone en marcha, hemos constituido una Red Municipalista contra la Deuda ilegítima y los Recortes,
que recientemente presentamos en Cádiz y que esta semana llevaremos a
Bruselas, para presentarla ante el Parlamento Europeo y la Comisión
Europea.(...)" (Ana Taboada, Vicealcaldesa de Oviedo y Jose María González , Alcalde de Cádiz, Público, 21/03/17)
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