"En la legislatura pasada, el Gobierno andaluz aprobó una ley pionera contra los desahucios
que causó un gran impacto social: permitía a la Administración
expropiar temporalmente una vivienda antes de que un banco desalojara a
la familia propietaria por no poder hacer frente a la hipoteca.
Además,
la norma obligaba a las entidades bancarias a informar con detalle del
número de pisos vacíos que tenían en cartera, con pena de ser sancionadas si se negaban a sacarla al mercado.
Se le llamó popularmente Ley Antidesahucios. Tuvo
una enorme repercusión social y mediática porque entró en vigor en un
momento crítico de la crisis (hasta 2013 se contabilizaban 80.000
desahucios en Andalucía).
Pero la norma, promovida y diseñada por IU
cuando formaba coalición de Gobierno con el PSOE, fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy y posteriormente suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional.
El posterior Gobierno socialista de Susana
Díaz decidió entonces elaborar una segunda ley contra los desahucios,
que apostaba por ejercer el derecho preferente de compra de una
vivienda, en lugar de expropiársela al banco. El Consejo de Gobierno recibe este martes el anteproyecto de ley que
permitirá a la Junta de Andalucía adquirir aquellas viviendas que están
en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial.
La norma da preferencia al Gobierno andaluz
para pujar por esa vivienda durante el lanzamiento de la misma, antes de
que el proceso judicial de desahucio se ejecute. La Junta se
convertiría en propietaria de un piso recién embargado por el banco por
los impagos reiterados de sus dueños originales, adquiriría el inmueble
por su valor de mercado, y evitaría así que la familia quedase en la calle. Al menos temporalmente.
La Consejería de Fomento y Vivienda prevé que
la ley llegue al Parlamento antes de junio y pueda estar vigente en el
próximo periodo de sesiones. De hecho, los Presupuesto Autonómicos de
este año ya contemplan una partida específica de cuatro millones de euros para la puesta en marcha de la ley,
un dinero con el que Fomento podrá ejercer su derecho preferente de
tanteo y retracto de las viviendas al borde del desahucio.
“Estimamos
que esta partida inicial será suficiente para que la Administración
pueda responder a las situaciones de expropiación que contempla la ley y
que se den este mismo año”, explican desde el departamento que dirige
el consejero Felipe López. (...)" (Público, 11/04/17)
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