"La campaña de PAH-Valencia que reivindicaba el indulto a la pobreza ha
surtido efecto, de manera que no entrara en prisión una familia en
riesgo de exclusión social formada por una pareja de 45 y 48 años y su
hija de 18, esta con un bebé de apenas diez días.
La iniciativa en las
redes sociales, la movilización en la calle y los contactos con los
servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia han rendido fruto, y las
tres personas afectadas no ingresarán en la cárcel de Picassent tras la
denuncia de Iberdrola por “engancharse” a la luz, al carecer esta
familia de recursos para abonar las facturas.
El hecho decisivo ha sido
la donación por parte de dos personas anónimas de los 1.339,5 euros de
deuda acumulada con la compañía eléctrica. Realizada la aportación
económica, el juez ha dado marcha atrás a la orden de ingreso en
prisión.
Portavoces de la PAH dieron ayer la noticia, durante una
concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en la que
participaron un centenar de personas. Se trataba, para evitar que
ocurran casos como el de estos tres vecinos del barrio del Cabanyal, de
pedir a los partidos políticos del consistorio el apoyo a la propuesta
legislativa de la PAH por una vivienda digna. La convocatoria fue
realizada por el conjunto de plataformas antidesahucios del estado
español.
Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia condenaba el
cinco de mayo de 2015 a MBG, AFF y AMF a la pena de cuatro meses de
multa con una cuota de cuatro euros diarios (un total de 1.440 euros),
por un delito de “defraudación de fluido eléctrico” tipificado en el
artículo 255 del Código Penal.
Además, los acusados tendrían que
indemnizar –conjunta y solidariamente- a Iberdrola con 1.339,5 euros más
los intereses. Al no satisfacerse estas cantidades, el Juzgado de lo
Penal número 14 emitió la orden de ingreso en prisión –dos meses, en
concepto de responsabilidad civil subsidiaria- que debería producirse el
próximo cinco de abril.
Pero la presión de la PAH y la aparición de los
dos donantes hizo que el juez revocara esta orden, informa Luis Vargas,
portavoz del colectivo antidesahucios en Valencia. “Además el juez
estudia una posible rebaja de la multa”, subraya el activista. (...)
El caso denunciado ayer en Valencia es sólo “la punta del ‘iceberg’”,
resalta Luis Vargas. Tres consignas en las redes sociales difundieron la
causa de los tres vecinos del Cabanyal: “#Iberdrola Culpable”, “”Cárcel
por engancharse a la luz?” e “#Indulto a la pobreza”. Otro ejemplo es
el de María Encina Cabarco, de 67 años, quien permaneció cerca de dos
años sin pagar los recibos de la luz y el agua.
Explica sus
circunstancias: con una pensión de viudedad de 600 euros vivían tres
personas, entre ellas su hijo mayor, de 42 años, en tratamiento por una
enfermedad psíquica. “Vivía gracias al Banco de los Alimentos”. Tenía
que afrontar una cuota hipotecaria de 300 euros con Caja Murcia, gracias
a la cual adquirió una vivienda en el barrio valenciano de Orriols.
El
pasado 25 de enero recibió una carta de Iberdrola en la que la empresa
le comunicaba que procedía a denunciarla en el juzgado de guardia, a
menos que regularizara su situación. María Encina Cabarco afirma que le
reclaman 6.000 euros de multa por “engancharse” a la luz. “Ahora ya
puedo pagar las facturas de la luz y el agua, quiero darme de alta; pero
me han dicho que no es posible si antes no pago la sanción y 240 euros
de recibos pendientes”, declara en la concentración de la Plaza del
Ayuntamiento.
Sin poder pagar la hipoteca, tiene mañana cita con la
trabajadora de los Servicios Sociales y le asesora la PAH, que ha
remitido escritos con su caso a los técnicos del consistorio valenciano.
Otro drama es el de Amparo Martínez, de 68 años. “He estado
pagando los recibos de la luz y el agua, aunque para hacerlo haya dejado
de comer”, explica. Al final no ha podido con la factura hídrica, de
modo que ha entrado en la lista de deudores. “Me han avisado de que van a
cortarme el agua”. Vive sola, con su hijo de 46 años hoy en desempleo.
Sólo tiene para sobrevivir, ella y su vástago, los 369 euros de la
pensión no contributiva.
Amparo Martínez padece la enfermedad de Crohn
(inflamación crónica en los intestinos), pero hace dos años todavía
trabajaba cuidando enfermos “y hoy también lo haría, si me llamaran”.
Para intentar salir del pozo, recibe el apoyo de la PAH y solicita ayuda
en los Servicios Sociales. Las deudas se agrandan; de hecho, ya no
puede afrontar la hipoteca de 800 euros mensuales con el Banco Sabadell. (...)" (Enric Llopis
No hay comentarios:
Publicar un comentario