“Trato injusto e inequitativo”. Esta es la contundente fundamentación del reciente varapalo legal propinado por el CIADI
(tribunal de arbitraje del Banco Mundial) al Estado español en la
primera sentencia por el llamado “hachazo” a las renovables.
El título
de la historia podría ser: “los recortes ‘austericidas’ y el efecto
boomerang”. El objeto de la disputa eran las nefastas consecuencias
financieras para los inversores de la supresión “de manera drástica y
abrupta” –y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas a las
energías renovables instauradas en los “días de vino y rosas” de la
burbuja inmobiliaria por los Gobiernos de Aznar y Zapatero.
La chapuza
provocó un aluvión de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje internacionales: “Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las
subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013,
con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del
PP), las compañías demandaron a España”. (...)
La esperpéntica historia es una excelente parábola acerca de la
estructura real de las relaciones de poder en el ultrafinanciarizado
capitalismo de la era neoliberal. Los representantes de la sacrosanta
soberanía popular no salen precisamente muy bien parados.
“La triste cara de los suicidas”. De esta guisa describía Rafael Chirbes
la expresión de “Bambi” Zapatero cuando, debido al brutal impacto
conjunto sobre la maltrecha economía española de la crisis financiera
internacional y del colapso de la burbuja del ladrillo, anunciaba
cariacontecido en el Congreso en mayo de 2010 el primer “paquetazo”
neoliberal de recortes impuesto por los tecnócratas de Bruselas y del
BCE.
En las sarcásticas palabras del brillante cronista valenciano del
ambiente de podredumbre moral que imperó durante los días de “vino y
rosas” de los pelotazos y el “España va bien”:
“en pocos minutos se
venía abajo todo el armazón ideológico sobre el que se ha sostenido
durante seis años esta variante contemporánea de la socialdemocracia,
(…) caracterizada por la puesta en primer plano de conflictos más o
menos intrascendentes, cuya dramática escenificación ha servido para
mantener la ficción de una política progresista; obviando que el meollo
del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se
gana el pan de cada día y con la estrategia con que se reparte la gran
tarta nacional entre los ciudadanos”.
Imposible explicar mejor el núcleo
del derrumbe del reformismo socialdemócrata que presenciamos en la
actualidad.
La escueta justificación (“dependíamos del BCE para
financiarnos”) esgrimida en sus memorias por Zapatero ilustra la
inanidad de la tramoya de progresismo light de los tiempos de
vacas gordas. Cual disciplinado cadete, el mandatario de un país
“soberano” se dedicó a aplicar con fruición las medidas draconianas
exigidas sin embozo por el "guardián del euro". Véase el tono
conminatorio de la carta
-requisitoria de Trichet a Zapatero de agosto del 11 y la sumisa
respuesta de éste: un excelente botón de muestra del ejercicio de “mando
en plaza”.
Todo ello supuestamente a cambio de la promesa de aflojar la
soga de la “prima de riesgo” española a través de la compra masiva de
deuda pública soberana en el mercado secundario por parte del BCE. En roman paladino:
llenar los bolsillos de los tiburones financieros y rescatar
indirectamente a la maltrecha banca patria a costa del expolio de las
arcas públicas y de la masa laborante de la “piel de toro” –‘devaluación
interna’, en la aséptica jerga tecnocrática-.
Una de las
promesas de reducción del gasto contenidas en la vergonzante carta de
Zapatero al mandamás del euro versaba sobre “mejorar el ajuste entre los
precios y los costes de producción en los mercados energéticos y la
reducción del déficit del sistema eléctrico”.
Durante los años
de bonanza y de superávit presupuestario que precedieron al derrumbe, la
necesidad de reducir el enorme déficit comercial -causado por la
dependencia petrolera y la perversa
estructura de la zona euro- y la intención de acercarse a los objetivos
de emisiones del protocolo de Kioto (España era el país que estaba más alejado
de ellos en la UE), propiciaron una política gubernamental de
incentivos a la inversión en energías alternativas a la hegemonía
fosilista.
“El sol puede ser suyo”
(*), rezaba una promoción del Ministerio de Industria y Energía del año
2007 en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas
de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas
de invertir en energía solar. ¿Qué más se puede pedir? Rendimiento y
financiación asegurados a largo plazo, garantía pública y bendición
moral al contribuir al desarrollo sostenible mediante las energías
limpias.
Como abejas a la miel, decenas de fondos de inversión
internacionales, que huían del hipertrofiado y tambaleante sector
inmobiliario buscando nichos rentables donde verter las riadas de
liquidez obtenidas en el casino de las finanzas mundiales, se lanzaron a
por la chocolatina del sector renovable español.
Junto con miles de
pequeños y medianos agricultores-inversores -que hicieron de cobayas del
experimento-, provocaron una enorme burbuja especulativa
–la “burbuja del sol”- basada en la confianza en que, al calor de las
primas, podrían generar rentas blindadas a costa del erario público:
“La
solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron
los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó
por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la
Comisión Nacional de Energía (CNE)”.
No hay nada más goloso para un
“tiburón” financiero que la seguridad de un flujo de pagos regulares que
posibilite iniciar la maquinaria de la titulización
-espoleta de la crisis hipotecaria de 2008- mediante la obtención de
pingües réditos por la venta de productos financieros estructurados que
permiten la inyección de liquidez inmediata: he aquí el quid del proceso
de financiarización.
“Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto, que es una energía limpia,
que no contamina, y que además puede complementar la pensión de 400
euros que te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún
inconveniente”. Así explicaba el agricultor-inversor Pascual Hortelano
los irresistibles atractivos de la panacea.
Al carecer Don Pascual de
dotes proféticas, no podía en absoluto llegar a imaginarse que, tras el
impacto del crack de 2008 en la economía española, el gobierno
“soberano” acabaría sacrificando las efímeras primas y el cacareado
“nuevo modelo energético” en el altar del “austericidio”: la luna de
miel de las políticas públicas con la sostenibilidad ambiental y la
reducción de la dependencia energética tenía los días contados. (...)
Los “hachazos” a las energías alternativas continuaron: ya con
Mariano Rajoy en La Moncloa y el “ejemplar” ministro Soria en la cartera
de Industria se suspendieron los estímulos económicos para nuevos
proyectos de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La
energía solar fotovoltaica recibió la puntilla: el llamado 'impuesto al sol'
que se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas
solares para producir su propia electricidad.
Medida recibida, dicho sea
de paso, con gran alborozo por el todopoderoso oligopolio eléctrico
que, con la penalización del autoconsumo de los pequeños productores,
mantiene el control del suculento mercado de suministro de electricidad a
través del modelo centralizado de producción y el control de las
costosísimas redes de distribución
Las draconianas medidas mandaron a la ruina a decenas de miles de pequeños inversores y sumieron al sector en una crisis brutal:
en 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas
mientras que hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. Pocas
pruebas más contundentes de la catástrofe a la que se vieron abocados
las legiones de autónomos del medio rural que la lectura de la lastimosa
carta
al Congreso de un productor fotovoltaico en “fase terminal”.
Cuál
“preferentistas del sol”, quisieron apañarse la jubilación con las
primas gubernamentales y las facilidades financieras proporcionadas por
la banca y acabaron enterrados en las deudas impagables y el abandono
absoluto por parte de los mismos que les tendieron el cebo.
Otros agraviados, con más recursos que nuestros infortunados
"hortelanos", tenían una carta bajo la manga que iba a provocar que al
Gobierno "trilero" le saliera el tiro por la culata. Los cambios
sobrevenidos en las condiciones que se les garantizaron vía Boletín
Oficial del Estado y la vulneración de la seguridad jurídica que implica
el alcance retroactivo de las medidas tomadas provocaron un aluvión de
demandas de los grandes inversores en los tribunales de arbitraje
internacionales.
España figura ya como el país con más litigios en los
registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado
multilateral en la materia. Hasta la Policía Montada de Canadá está
involucrada en la avalancha de demandas contra el “chanchullero” Estado
español.
Sin embargo, los 30000
pequeños inversores que decidieron invertir sus ahorros en “huertos
solares” para “complementar la pensión” vieron bloqueada cualquier
posibilidad de resarcimiento: las sentencias del Tribunal Supremo y del
Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno
central denegando las indemnizaciones a los afectados.
Pero las
grandes corporaciones y fondos de inversión no sólo tienen un enorme
poder económico, político y cultural sino también jurídico: la nueva lex mercatoria
internacional y el recurso a tribunales internacionales de arbitraje
para resolver los conflictos con los Estados son la sólida armadura que
protege jurídicamente sus intereses comerciales y blinda los contratos
de estas compañías. (...)
Se trata de una inmensa partida en la que hay en juego miles de
millones de euros de dinero público y que se celebra de forma casi
secreta en hoteles de Estocolmo, París, Ginebra y Nueva York. Sara
Pizzicato, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, resume
excelentemente el ‘efecto boomerang’:
“Paradójicamente, se atribuía el
recorte a las renovables a motivos económicos, aunque la realidad es que
España afronta ahora pleitos por valor de miles de millones de euros
que serán pagados por la ciudadanía que, debido a la salvaje política de
recortes, no se beneficiará de las ventajas de las energías limpias”.
La moraleja del caso ilustra el absurdo surrealismo de los mimbres
sobre los que se sustenta el capitalismo financiarizado con mando en
plaza en nuestras dolientes sociedades: un fondo de inversión
especulativo, atiborrado de liquidez producto de las colosales ganancias
obtenidas con la ingeniería financiera -causante directa del colosal
crack de 2008- y con la política monetaria de “expansión cuantitativa”
de la banca central mundial, invierte en la burbuja solar española
atraído por la golosa rentabilidad garantizada por el erario público.
A
continuación, ante el fracaso de la inversión, provocado por los
recortes que ese Gobierno se ve obligado a hacer en aras de salvaguardar
su credibilidad ante los mercados financieros responsables de su ruina,
uno de los culpables del monumental desaguisado obtiene una sentencia
favorable de un tribunal internacional “imparcial” que obliga a
indemnizarle, con dinero público, por el quebranto sufrido.
Financiarización, capital especulativo transfronterizo, expolio de rentas y bienes públicos, soberanía nacional demediada, justicia
privatizada y explotación e indefensión crecientes de las clases
populares son los inicuos rasgos de la historia relatada que no pueden
ser más tristemente representativos del cariz crecientemente depredador
del sistema de la mercancía. (...)" (Alfredo Apilánez y Salva Torres , Trampantojos y embelecos, 25/05/17)
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