"Dara y Miguel son padres jóvenes de un hijo de cuatro años que en su
corta vida ha vivido tres desahucios. En el pasado mes de mayo perdieron
su última vivienda, un piso recuperado a Bankia en el barrio vallecano
de Entrevías, y ahora residen en la casa de mamá de Dara. Están
apretados, me cuenta, pero les permite descansar un momento.
Cuando le propongo a Dara volver a contar su historia desde el inicio, pide dos cosas.
No quiere que aparezca su cara y le gustaría ver el texto antes de su
publicación, porque la cobertura que los periódicos mayoritarios han
dado al caso le ha sabido amarga. “Ya he vivido tanto, he luchado tanto,
y ya me he venido abajo”, dice después de cuatro años que acaban de
culminar en un arresto domiciliario y un desahucio forzoso.
“Imagínate estar encerrada en tu casa con nada más que
hacer que leer lo que escriben sobre ti, y que te llamen y comenten lo
triste que es tu vida”, explica. “Y en los comentarios lees que lo mejor
sería que te quemes viva en tu casa, ese tipo de cosas”.
En el momento del nacimiento de su hijo en 2013, Dara y
Miguel vivían de alquiler en un piso particular por el que pagaban 530
euros al mes. Tenían que hacer cuadrar las cuentas de su vida con los
420 euros de la renta mínima, más los 150 de ayuda de la Comunidad de
Madrid y lo que Miguel podía traer a casa.
Todas las mañanas iba a
primera hora al mercadillo del barrio para vender artesanía o buscar
currillos de apaño. Llegaban a fin del mes a duras penas, con la ayuda
de sus familiares. “Nunca comíamos en casa”, cuenta Dara.
“Todos los
días íbamos a casa de mi madre o mi suegra a comer”. Tras explicarle la
situación, la casera bajó el alquiler a 400 euros. Pero la situación
laboral de los dos no cambió, y al final tuvieron que dejar la vivienda.
La pareja encontró un alquiler de 200 euros preguntando en
un locutorio. Pagaron 800 euros por entrar, lo que supuestamente
equivalía al alquiler del primer mes más una fianza de tres meses. Lo
que no sabían era que quien les alquiló el piso no era el propietario:
el piso había sido ocupado y, como luego pudieron confirmar con los
vecinos, había sido vendido ya cuatro veces antes por el mismo importe.
Su propietario era Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell. Pero no
les dio tiempo a ponerse en contacto para gestionar la situación, porque
mientras Miguel estaba fuera la misma noche de la entrega de llaves, a
Dara y a su bebé les echaron del piso.
La historia de este desahucio extrajudicial empezó cuando
el presidente de la comunidad de vecinos, que además era un Guardia
Civil, vio vida en el piso. No tardó en llamar a la policía municipal
además de convocar a sus colegas. “Era de noche y los municipales que
llegaron primero dijeron que no me podían echar así a estas horas”,
cuenta Dara en voz baja. “El guardia civil les dijo: ‘si no la echáis la
echo yo'”.
Y para ello contó con un grupo de colegas de la Guardia
Civil, que llegaron para echar a Dara, que acababa de ser estafada, sin
otra orden que la llamada de su amigo. “Al verlos llegar me dijeron [los
policías municipales] ‘salta, coge el niño, mejor vete ya'”, sigue
narrando con la pena en la voz.
“Me acuerdo de que salí a la calle de
noche, llovía, estaba sola y no tenía nada. No tenía dónde ir. El niño
tenía fiebre y llagas en la boca, y me habían echado del sitio que había
alquilado ese mismo día”, dice y suspira lentamente. “Fue el peor
desahucio que he tenido”.
Sin ver ninguna salida en el mercado de alquiler, y
apuntados sin grandes expectativas a la lista de espera de EMVS e IVIMA,
la pareja optó por recuperar ellos mismos un piso.
Éste, propiedad de Bankia, fue vendido a una empresa de compraventa
cuando llevaban nueve meses viviendo.
La empresa les ofreció 2.500 euros
por salir, pero “no tenían adonde ir”. Así se lo explicó Dara, cuya
idea fue la de intentar negociar un alquiler social ajustado a sus
ingresos. La respuesta fue contundente: “Ésta es una empresa con sede en
Estados Unidos, no estamos para negociar”. En febrero de 2016, a ocho
meses de la era Carmena, les desahució sin alternativa la policía
municipal.
Volvieron a ocupar otro piso, también de Bankia. Se
identificaron ante la policía, con las miras puestas en negociar un
alquiler social. Pero en vez de abrirse a esa negociación, se les
condenó a pagar una multa por usurpación.
Cuando no pudieron ingresar en
tres días los casi 600 euros de sanción, la jueza del juzgado penal 28
de Madrid Inmaculada Martín Llanos dictó la condena de 45 días de
arresto domiciliario en la misma casa que acababan de ocupar.
Esta práctica de condena en casa por el impago de la multa
por usurpación se está haciendo cada vez más común. “Veo muy injusto lo
que hicieron”, dice Dara. “Por 600 euros encerraron a toda una
familia”.
Describe cómo durante un mes y medio no pudieron sacar la
basura, ni llevar a su hijo al cole. La madre de Dara tuvo que dejar de
trabajar ese mes para estar con su nieto. Las tareas cotidianas se
convirtieron en obstáculos gigantescos y la policía que les vigilaba no
perdía la oportunidad para burlarse de ellos. Dara solo tiene una
palabra para describirlo: “Humillante”.
La condena al arresto domiciliario vino acompañada de una
orden de abandono de la casa el último día de la condena. De este modo,
además de humillante, la situación se tradujo en una desprotección mayor
frente a su desahucio inminente: no pudieron salir a hacer trámites de
justicia gratuita ni recurrir el lanzamiento.
Fue entonces cuando contactaron con la PAH para denunciar
lo que estaban viviendo. Haber hecho visible en los medios lo que les
estaba pasando despertó el interés del Defensor del Pueblo, pero el
desahucio iba a llegar mucho más rápido que su posible intervención.
Una semana antes del día de su lanzamiento, Dara y Miguel,
junto a otros compañeros afectados por Bankia, montaron una acción en
una sucursal del banco cercana a su domicilio. “Salimos muy ilusionados
porque la directora prometió que se iban a parar los cuatro desahucios
de ese mes”, cuenta Dara. No obstante, un día después Bankia negó haber
mantenido esa conversación y procedió a ejecutar los desahucios
remitiéndose al Ayuntamiento de Madrid como responsable de cualquier
mediación. (...)
El trato que recibió la joven madre por parte de los
Servicios Sociales municipales también podría haber sido más acogedor.
“La asistenta social desapareció y no nos atendía”, cuenta sobre el
primer intento de desahucio de su último piso. “En el segundo intento ni
apareció el Samur Social”. Después de haber sido desahuciada por
tercera vez en un año y medio, los Servicios Sociales ofrecieron a Dara
tres meses de alquiler en un piso particular.
Aunque el pago de tres meses de alquiler ayuda a la familia
hasta el otoño, llegó tarde y después de años de desatención. Pero,
sobre todo, es un parche que no resuelve el problema de fondo. “Todas
estas cosas te afectan mucho mentalmente porque como mucho son falsas
ilusiones”, concluye Dara.
Le pregunto por qué cree que ha tenido que
atravesar tantos padecimientos por algo tan básico como tener una casa.
“Yo pienso que todo esto nos lo hacen porque somos pobres”, dice
mientras va haciendo la comida. “Me imagino que son gente con dinero,
con casa, que nunca han tenido una situación así”. ( Lotta Meri Pirita Tenhunen, miembro de PAH Vallekas , Saltamos.net)
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