"¿Se imaginan un país en el que casi el 40% de las
familias con niños y jóvenes tuviera dificultades para pagarles los
estudios, en el que a más de la quinta parte de los hogares les
ocurriera lo mismo cuando trata de acceder a los servicios sanitarios y
en el que más de la mitad de las casas con personas dependientes que
necesitan cuidados no pudieran financiarlos?
Así es la España de estos
tiempos, según revela el reciente Módulo de Acceso a los Servicios de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), elaborada con datos de 2015.
“Estamos ante uno de los síntomas de la quiebra del
Estado de Bienestar”, señala el sociólogo de la universidad de Zaragoza
Jaime Minguijón, quien considera esos datos como un indicio de la
ruptura del pacto social, en el que el Estado asumía como una de sus
principales funciones proteger a sus miembros más vulnerables.
“El
mercado, especialmente el de trabajo, era el primer distribuidor de
riqueza, mientras el Estado tenía el papel de redistribuidor, de
equilibrador”, explica.
Sin embargo, añade, “el primero se encuentra en
una crisis marcada por la precarización, en la que una parte de los
ciudadanos no accede al trabajo y otros lo hacen en condiciones tan
precarias que dan lugar a figuras como la del ‘trabajador pobre’. Y el
Estado no remedia esas situaciones de precariedad y de exclusión”.
La ruptura de ese pacto social, iniciada en el
tránsito de los años 70 a los 80 en el Reino Unido y EEUU con Margaret
Thatcher y Ronald Reagan e intensificada en Europa con las recetas
austericidas para la salida de la crisis, está provocando, en países
como España, la convivencia de procesos de empobrecimiento y precarización de las clases medias y bajas junto con una desactivación de la capacidad redistributiva del Estado que ha hecho que la pobreza se cronifique en amplias capas de la sociedad hasta el punto de que casi diez millones de familias solo hayan podido capear la crisis gracias a subsidios y pensiones.
“Tal y como señalan autores como Robert Castel, la sociedad se
estructura en tres zonas: una de integración, otra de vulnerabilidad y
otra de exclusión. Con la precariedad crecen las dos últimas y decrece
la primera”, explica David Pac, decano del Colegio de Sociólogos y
Politólogos de Aragón, que llama la atención sobre el hecho de que “esa
estructura es muy permeable hacia abajo y muy poco hacia arriba”.
Es
decir, que los procesos de precarización y empobrecimiento tiran hacia
los estratos inferiores, en los que la disponibilidad de rentas es menor
conforme se desciende.
Este tipo de procesos precarizadores, agravados por factores de origen político como la reforma laboral y por la propia evolución del mercado de trabajo tras la crisis y su aprobación, se han manifestado en un desplome de las rentas
que dificulta el acceso a algunos servicios, en cuya prestación, por
otro lado, cada vez pone menos esmero la Administración. “Hay que
reescribir el pacto social”, reclama Minguijón.
Los datos del INE revelan cómo 3,8 de los 15,5 millones de hogares cuyos miembros acudieron en ese año a los servicios sanitarios tuvieron
dificultades, mayores o menores, para pagar esa atención. Solo en el
32% de los casos la atención fue totalmente gratuita
(...) el acceso a la educación,
en el que el 51,6% de familias monoparentales, en las que el adulto
femenino es nueve veces más frecuente que el masculino, con dificultades
para pagar los estudios a los hijos de tres a 25 años supera con creces
el 39,8% de la media estatal. (...)
El aumento del gasto de las familias en enseñanza es algo incuestionable
en los últimos años, en los que la educación ha sido uno de los
principales blancos de los tijeretazos de las políticas austericidas de los Gobiernos de Mariano Rajoy. (...)
Con todo, las mayores dificultades para costear los servicios se dan en el apartado de la dependencia. En casi uno de cada seis hogares
españoles (16,4%) vive al menos una persona dependiente, lo que supone
3.010.700 familias. Sin embargo, casi un tercio de ellas (927.800, el
30,8%) no tienen cubierta su atención.
En la mayoría de los casos
(642.965, el 69,3% de estos), por no permitírselo su situación
económica. Los casos de rechazo del afectado (3,6%), calidad deficiente
(1,3%) son escasos, aunque inferiores a los de no disponibilidad de esa
atención (9,8%).
Una de cada siete familias (433.400, el 14,4%) sí recibe ayuda a domicilio,
aunque con un coste difícilmente asumible para el 55,9% de ellas
mientras apenas una de cada cuatro (21%,9%) cuenta con ese apoyo de
manera gratuita.
Llama la atención el desdén del Gobierno hacia el sistema de dependencia,
del que obtiene ingresos netos tras aportar menos de la mitad de lo
previsto y cargar de esa manera su sostén sobre las comunidades
autónomas (58%) y especialmente las familias (17%), cuando este ocupa a
uno de cada nueve españoles mayores de 16 años: 4.410.700 personas
cuidan a dependientes; obviamente gratis, por tratarse de parientes e,
incluso, de vecinos en el mundo rural.
“Incluso los neoliberales se están dando cuenta de que esto no puede
seguir así, están saltando las costuras del sistema por todos los
lados”, anota Minguijón, partidario de intentar reorientar las
tendencias precarizadoras y empobrecedoras que azotan al país, y a
occidente en general, mediante un sistema redistributivo basado en una
renta social financiada mediante impuestos al capital (“las clases
medias se han empobrecido”, señala) que conviva con un Estado que
mantenga, en la medida de lo posible, sus funciones redistributivas a
través de los servicios en sí mismo, por una parte, y, por otro, de
becas, subsidios y pensiones para garantizar el acceso a estos." (Eduardo Bayona
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