"El proceso secesionista catalán está liderado por tres grupos
sociales:
- por los empleados de origen catalanoparlante vinculados a la
Administración autonómica;
- por los (pequeños) empresarios venidos a
menos con la crisis o que no han podido resistir la competencia europea,
como es el caso de la familia del propio Artur Mas; y
- por las clases
medias tradicionalistas vinculadas a los territorios de antigua
adscripción carlista, y que han sido fuertemente beneficiados por la
política de subvenciones de los gobiernos de Pujol.
Es gente de orden
poco dada a aventuras políticas, pero su ideario político forma parte de
uno más general que se fue configurando en amplias zonas de Europa con
la radicalización de las políticas neoliberales.
Está fuertemente
implantado en la derecha alemana pero también en la de los tigres
exportadores austríacos, finlandeses, en la de las regiones del norte de
Bélgica e Italia, y naturalmente también en la de los Países Bajos.
En dicho ideario, el territorio, entendido como unidad muy
cohesionada cultural, identitaria e institucionalmente, tiene que
competir duro frente a otros territorios para alcanzar saldos
comerciales positivos y atraer inversiones.
Este discurso del
chauvinismo del bienestar, que sólo en su versión más conservadora tiene
un componente étnico, puede degenerar en ultraderecha pero no es
necesario que lo haga. Las países del sur de Europa, pero también sus
propias regiones deprimidas —el este de Alemania, el Mezzogiorno
italiano, la región belga de Valonia— son percibidos como lastres
fiscales por los que prefieren no tener que sentir solidaridad alguna
con el fin de preservar el propio bienestar.
El ala conservadora y
liberal del independentismo catalán mira a través de un filtro como
este: el “Estado español”, un artificio culturalmente ajeno, es un
lastre del que hay que desprenderse para poder convertirse en la
Finlandia del Mediterráneo. De ahí a pedir la secesión sólo hay un
pequeño paso.
Para los sectores conservadores esta forma de pensar no representa un
escollo ideológico insalvable pero las izquierdas incurren en
contradicciones importantes para salvar su discurso independentista.
Estas últimas tienen dos ramas principales y una tercera que no acaba de
engrosar, lo cual provoca fuertes quebraderos de cabeza entre los
sectores que lideran el procés.
La primera son las clases medias instruidas y progresistas, la vieja gauche divine
que es la que se inventó lo del “Estado español”, que en los años
ochenta cambió el discurso social por la causa identitaria, y que
representó la rama soberanista del PSC —en menor medida también la la
del PSUC— hasta que ambos partidos saltaran por los aires.
La segunda
son los hijos radicalizados de las clases medias conservadoras de origen
carlista que forman el sector mayoritario y más identitario de las CUP,
y que tienen en mente un igualitarismo semirrural, similar al de la
antigua Herri Batasuna en Euskadi.
A estos dos grupos se suma una parte
—más bien pequeña— de las clases obreras y populares sin origen
catalanoparlante dispuestas a sacrificar su identidad heterodoxa a
cambio se subirse al carro de un territorio pujante que promete ser la
Finlandia del Mediterráneo, y que incluiría un Estado de bienestar
altamente desarrollado.
Estos últimos son minoritarios dentro del bloque
independentista pero sus ideas no son despreciables pues están muy
implantadas entre una parte de la emigración de las regiones ricas de
Europa, emigración que se une a los autóctonos en su lucha territorial
contra los pobres del sur con la esperanza de beneficiarse de un sistema
de bienestar desarrollado.
Sin estas dos ramas y media de la izquierda el secesionismo no
sobrepasaría nunca el 25% de la población catalana.
El grueso de las
clases obreras y populares catalanas no participan del proyecto, bien
porque se niegan a tener que elegir entre dos identidades sea cual sea
la retórica democrática que las envuelva, bien porque sospechan, con
razón, que los señoritos de Barcelona se volverán a olvidar de ellos una
vez reciban sus votos para hacerse con el poder.
Mientras el secesionismo liberal-conservador tiene un discurso
ideológicamente coherente desde el punto de vista de sus propios
valores, el discurso de la izquierda secesionista contradice los suyos.
Además, esta última adopta una actitud escapista en el momento de
abordar las más que previsibles consecuencias de su arriesgada apuesta.
Para empezar, el discurso del “derecho a decidir” fuerza a elegir entre
dos identidades, violentando la realidad cultural de una parte
sustancial de la población catalana y española en general.
Por trasfondo
familiar, por experiencia laboral y personal, pero también porque las
identidades tienden a ser cada vez más mixtas en todo el mundo, el tener
que “decidir” entre dos de ellas no es percibido como derecho sino como
un artificio impuesto por los que quieren liquidar las identidades
mixtas.
Las justificadas críticas de la izquierda contra las políticas
antisolidarias que practican los tigres exportadores europeos para con
los territorios del sur son, en segundo lugar, también irreconciliables
con la negativa de los secesionistas de izquierdas —aunque también de
los confederalistas de En Comú Podem— a participar en la construcción de
un país de países territorialmente solidario y culturalmente heterodoxo
similar a la que, desde una posición de izquierdas, intentan defender
para el conjunto de Europa.
Es irremediablemente contradictorio criticar
a Merkel y a Schäuble, implicarse en la cooperación con el Tercer Mundo
y pedir una redistribución que vaya del norte al sur, pero negarse, al
mismo tiempo, a participar en la construcción de una caja común para que
los niños extremeños y canarios puedan tener sus escuelas.
La zona más opaca de las izquierdas secesionistas es su negativa a
abordar con frialdad las consecuencias de un proceso de secesión,
especialmente si este no ha sido pactado. Se niegan a visualizar las
consecuencias políticas e ideológicas de un enfrentamiento prolongado
con España y de una dinámica radical de afirmación nacional para la
dinámica social dentro de la propia Cataluña.
Se niegan a abrir los ojos
a las consecuencias sociales que tendrán para las clases catalanas
menos favorecidas las políticas destinadas a atraer inversiones y a
evitar la descapitalización, políticas que obligarían a bajar salarios y
a reducir gasto público para favorecer a los inversores
internacionales.
Se niegan a enfrentarse políticamente al ambiente que
va a generar la tergiversación continuada de la historia a la que se
verán sometidas varias generaciones en el contexto de una dinámica
persistente de reafirmación nacional: el ejemplo polaco y el de otros
países del este de Europa es extremo pero extrapolable.
Narcotizados por
el cebo del “derecho a decidir” prefieren no abordar el coste de los
ciclópeos intentos que va a exigir el reconocimiento internacional y que
obligará a establecer alianzas antinaturales para conseguirlo, alianzas
que desmontarían de lleno los apoyos a causas justas como la el derecho
de los palestinos a un Estado propio en paz con sus vecinos.
Se niegan,
tanto ellos como no pocos izquierdistas del resto de España, a abrir
los ojos al efecto multiplicador que tendría la dinámica independentista
en toda España, incluidos el intento del nuevo Estado catalán de
incorporar al País Valenciá y Baleares a su territorio y zona de
influencia, así como el reforzamiento de la agenda nacional en otras
regiones como Euskadi, Navarra, o Baleares, pero también en otras muchas
regiones de Europa que se verán estimuladas a radicalizar su discurso
identitario siguiendo el ejemplo catalán.
Se niegan a ver, además, que el fenómeno estatal es distinto a
principios del siglo XX que a principios del siglo XXI. Las izquierdas
critican con razón las políticas occidentales de las últimas décadas
destinadas a romper Estados díscolos, muchos de ellos laicos, con el fin
de ganar influencia en determinadas zonas estratégicas del mundo e
iniciar procesos de nation building inspirados en recetas
neoliberales.
Pero no quieren ver que su proyecto de fragmentación del
Estado español —aquí sí procede llamarlo así— generaría una dinámica muy
similar de debilitamiento de todos los espacios públicos tanto al norte
como al sur del Ebro.
Sea cual sea la retórica izquierdista de los que
sueñan con una República Catalana envuelta en valores progresistas, lo
cierto es que lo público sufrirá necesariamente un retroceso
generalizado con el fin de atraer inversiones y reconstruir un tejido
económico roto, máximo teniendo en cuenta que su ingreso en la Unión
Europea va a ser mucho más improbable de lo que muchos quieren hacerle
ver a los despistados.
El antiestatismo español se nutre de la tradición de los movimientos
anarquistas del siglo XIX fuertemente implantados en Cataluña,
movimientos que fueron una respuesta a un Estado liberal y autoritario
que no mostraba sensibilidad alguna por las necesidades de las clases
subalternas.
El antiestatismo de izquierdas, que enlaza con la idea de
la autodeterminación que ahora las derechas independentistas utilizan
como cebo para ganar a las izquierdas para su causa, fue una respuesta
lógica a los Estados autoritarios del este de Europa para con algunas de
sus minorías tras la I Guerra Mundial.
Pero extrapolar aquella
realidad, en la que los viejos Estados resultaban inservibles para la
modernización y los anhelos de democracia y justicia social, a la
situación actual en la que los Estados son los únicos actores con
capacidad de hacerle frente a las grandes corporaciones, a los mercados
financieros o a los retos para la seguridad de las personas, etcétera,
es un error fatal.
Es verdad: el pacto de la Transición con el posfranquismo permitió el
traslado de no pocas estructuras, hábitos, identidades y tradiciones
del pasado dictatorial al nuevo Estado democrático en España; es verdad
que ahí está una de las causas del desbarajuste identitario en el que se
ha convertido el país.
Pero convertir el Estado español en algo
comparable a la Rusia de los zares o al Estado franquista con el fin de
legitimar su liquidación a principio del siglo XXI, en un momento en el
que las clases más desfavorecidas sólo disponen de las instituciones
públicas para hacer valer sus intereses frente a los poderes económicos y
financieros, no sólo es hacer una lectura fantasiosa de la historia del
siglo XX, sino cometer otro enorme error político de consecuencias
imprevisibles para todo lo que defiende la izquierda en España y en
Europa en general.
Las izquierdas, incluidas las independentistas, deberían arrostrar
estos escenarios con valentía, frialdad y objetividad. Las identidades
políticas son consustanciales a la vida política y social pero la
izquierda tiene que aprender a atar en corto los sentimientos que
despiertan las identidades y construir diques de racionalidad para
canalizarlas en un sentido emancipatorio de justicia y solidaridad.
Si
no se canalizan los sentimientos pueden generar desastres colectivos
como los que conocemos del siglo XX europeo mucho antes de que se pueda
reaccionar para impedirlo." (Armando Fernández Steinko , El País, 30/09/17)
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