"Absolución y alquiler social para Lissy y su familia”. Cerca de 50
personas se concentraron el lunes en la Ciudad de la Justicia de
Valencia -convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas
(PAH)- en apoyo de Lissy.
Esta ciudadana de 36 años, de origen peruano y
con la nacionalidad española, se enfrentaba a una denuncia de Bankia
por usurpación. En una rueda de prensa convocada a la puerta de los
juzgados explicó que fue víctima de una estafa. “Durante tres meses
estuve pagando el alquiler a una persona que decía ser titular de la
vivienda, cuando esto era falso”, explica junto a los activistas de la
PAH.
Madre de tres hijos de 10, ocho y tres años, Lissy lleva dos años
viviendo en este piso propiedad de Bankia, que había permanecido –antes
de que ella llegara- más de cinco años cerrado, según le comunicó una
vecina. “Hace un mes me llegó la orden de lanzamiento”, remata esta
ciudadana a quien la plataforma antidesahucios apoya desde hace varios
meses.
Actualmente se encuentra en situación de desempleo.
“¿Dónde me voy ahora con los niños?”, se pregunta en público; “pido a
Bankia que me deje el piso en régimen de alquiler social, pero se niegan
a negociar”. Con el fin de evitar el desahucio, la PAH se ha ofrecido
como colectivo mediador entre la afectada y el banco.
“Lissy no tenía
conocimiento de la situación, dado que firmó un contrato de alquiler por
el que pagó a una particular; pero más allá de la propiedad jurídica,
la vivienda es un derecho humano”, afirma uno de los portavoces de la
PAH, José Luis González.
Además la afectada ha mostrado la documentación que
acredita los intentos por acceder a una vivienda social de la
Generalitat Valenciana. Realizó la primera solicitud en el año 2014, sin
recibir respuesta; renovó la petición en 2017, a la que se le respondió
en el mes de agosto: se hallaba en el número 295 sobre un total de
1.753 demandantes.
Hace tiempo que Bankia se sitúa en el centro de las
críticas realizadas por los grupos antidesahucios. Por ejemplo, la PAH
de Vallekas denunció el pasado 11 de mayo que la entidad bancaria había
desahuciado a un mínimo de 21 personas (en seis lanzamientos) durante un
mes en este distrito madrileño; 11 de los afectados eran menores de
edad, según un comunicado de la plataforma, que hacía referencia a la
previsión de al menos otros cuatro desahucios para la segunda mitad del
mes de mayo.
Portavoces de la PAH denunciaron que se trataba de una
“oleada sin precedentes” de desalojos, que incluía situaciones como las
de deudores hipotecarios, inquilinos estafados y hogares en situación
considerada “irregular”. (...)" (Enric Llopis , Rebelión, 18/10/17)
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