La larga crisis terminal del modelo rentista petrolero venezolano y la profunda crisis que actualmente enfrenta el país... una buena, completa, descripción

"Después de más de una década de profundas transformaciones políticas y sociales, Venezuela está viviendo hoy su crisis más grave desde las guerras civiles del siglo XIX. Los importantes logros del proceso bolivariano están en peligro. La economía se derrumba, la pobreza, la desnutrición y las tasas de mortalidad están aumentando. 

La polarización política y la violencia podrían conducir a una guerra civil. Todo esto está agravado por el creciente aislamiento internacional debido, entre otras cosas, al giro a la derecha de los gobiernos de Brasil y Argentina, y acciones imperialistas como el bloqueo financiero y las amenazas de intervención militar realizadas por Donald Trump.

La crisis venezolana no es nueva. El país ha estado experimentando una profunda crisis económica y política estructural durante las últimas cuatro décadas. Es la crisis terminal del modelo petrolero rentista, estatista y clientelar que ha caracterizado a la sociedad venezolana desde hace muchas décadas. 

Sin embargo, este modelo rentista extractivo tuvo un nuevo soplo de vida con el liderazgo carismático de Chávez, la legitimidad proporcionada por la Constitución de 1999 y los altos precios del petróleo de los primeros años de este siglo. Una vez más, parecía que los precios del petróleo sólo podían ir hacia arriba. Los ingresos procedentes del petróleo fueron vistos en el corto y mediano plazo, como la fuente de los recursos necesarios para la transformación de la sociedad venezolana. 

Durante los años del proceso bolivariano no se tomaron medidas significativas de transformación de la estructura productiva del país. Por el contrario, se profundizó el rentismo petrolero hasta que el petróleo alcanzó el 96% del valor total de las exportaciones. Hoy el país es más dependiente que nunca en su historia de las importaciones, incluso de alimentos básicos y suministros médicos.

Las políticas sociales que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares y las importantes iniciativas hacia otros países de América Latina, la cooperación y la solidaridad llevada a cabo por el gobierno venezolano, fueron posibles gracias a un extraordinario auge de la demanda y precio de los commodities generado principalmente por la demanda china.

 En la medida en que la renta petrolera se dirigió principalmente hacia los sectores excluidos de la población, se produjeron significativas mejoras en sus condiciones de vida. La pobreza y la desigualdad se redujeron notoriamente, el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y seguridad social mejoró en términos cualitativos.

Políticamente se iniciaron profundos cambios en la cultura política popular, se generalizó la organización social de base y se produjeron extraordinarios niveles de participación social y política. Venezuela desempeñó un papel central en el desplazamiento a la izquierda que ocurrió en la mayor parte de América del Sur. Durante años, el gobierno contó con elevados niveles de legitimidad y apoyo electoral.

Sin embargo, en 2013 y 2014, los dos principales pilares que sostuvieron el proceso bolivariano, el extraordinario liderazgo carismático de Chávez y los elevados precios del petróleo, dejaron de estar presentes. 

Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Un año más tarde, el precio de las exportaciones de petróleo venezolano se había derrumbado de más de cien dólares el barril a menos de 25 dólares. Así, la profunda crisis terminal del Estado, la economía y la sociedad rentista petrolera que había sido, en cierto sentido, aplazada durante unos años, resurgió con mayor, incluso dramática, intensidad.  (...)

Diferentes fuentes, tanto nacionales como internacionales, han calculado que la inflación en 2016 se situó entre 500% y 800%9, se esperan niveles más altos para el año 2017. Por tercer año consecutivo se ha producido un grave déficit fiscal. Según algunas estimaciones, el gasto público en 2016 tuvo una reducción de alrededor del 30% en comparación con el nivel del año anterior.10

Las reservas internacionales disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 10.300 millones de dólares en abril de 2017.11 La formación de capital fijo ha venido disminuyendo desde 2013. La misma tendencia está presente en el consumo privado.

El total de la deuda consolidada del país (es decir, deudas nacionales y externas pagaderas en dólares, préstamos y bonos emitidos por la República y PDVSA), ascienden a 181 mil millones de dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces más que el total de las reservas internacionales del país.  (...)

Grupos e intelectuales de izquierda han exigido al gobierno la realización de una auditoría pública de esta deuda, como se realizó en Ecuador, y que en el ínterin se lleve a cabo una renegociación que permita una reducción de los pagos.

Incluso ante la realidad de una grave crisis humanitaria, el gobierno venezolano ha dado prioridad al pago de la deuda a tiempo sobre las necesidades urgentes de la población venezolana.  (...)

Una de las más importantes distorsiones históricas de la economía petrolera venezolana ha sido una moneda sobrevaluada que ha hecho que sea más barato importar la mayoría de las cosas que producirlas internamente. Esto, al mismo tiempo, ha operado como una barrera que dificulta exportar prácticamente nada aparte del petróleo. Esta es la mal llamada enfermedad holandesa.  (...)

El gobierno bolivariano ni siquiera comenzó a corregir las distorsiones cambiarias. A fin de limitar la fuga de capitales, se crearon a lo largo de estos años varios sistemas de control cambiario que generaron distorsiones aun más severas con la creación de varios tipos de cambio paralelos, tanto legales como ilegales. A veces, hasta cuatro tasas cambiarias operaron en forma simultánea. 

Mientras la paridad altamente subvencionada con que se importa la mayor parte de los alimentos básicos y medicinas ha permanecido fija durante años en 10 bolívares por dólar, la paridad en el mercado paralelo ilegal, que tiene un impacto significativo en la estructura de precios del país, que osciló entre 10.000 y 18.000 bolívares por dólar en agosto de este año, sobrepasó los 80.000 bolívares a finales de noviembre de 2017.

El deterioro general de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha tenido graves repercusiones en las condiciones de vida de la población, especialmente en las áreas de salud, alimentación y la inseguridad personal. Esto constituye una reversión de los más importantes logros sociales del proceso bolivariano. Los niveles de pobreza en términos de ingresos monetarios, que se habían reducido significativamente entre 1999 y 2012, hoy están peor que los niveles que existían antes del inicio del gobierno de Chávez.

La drástica reducción de las divisas disponibles para financiar las importaciones ha creado una escasez generalizada de medicamentos y complica considerablemente el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diábetes. Ha habido una pérdida en el peso promedio de la población. Son frecuentes las muertes en hospitales, consecuencia directa de la falta de medicamentos y equipamiento médico, así como la desnutrición infantil.  (...)

Según el Observatorio de la Violencia en Venezuela, en 2016, el país tuvo una tasa de homicidios de 91 homicidios por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar después de El Salvador en todo el mundo17 Aunque no hay cifras oficiales, se estima que unas dos millones de personas han abandonado el país en los últimos tres años, especialmente jóvenes, tanto profesionales como trabajadores no calificados, en busca de un futuro mejor en otros lugares.

La decisión económica más importante realizada por el gobierno de Maduro en los últimos años ha sido el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Es la apertura de 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, a grandes empresas mineras transnacionales.

 Se trata de un área económica especial en la cual quedan suspendidas muchas leyes fundamentales de la República. Frente a la crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de promover un debate nacional sobre las alternativas al modelo extractivista depredador que ha caracterizado la economía venezolana durante un siglo, el gobierno ha optado por empujar al país en el camino de un nuevo patrón rentista-extractivista, ahora basado en la minería a gran escala. (...)

Una ruptura fundamental en el proceso bolivariano se produjo cuando, con la victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanzó una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional (AN). Esto implicaba un cambio radical en la correlación de fuerzas en el seno del Estado.

 Con esta mayoría, la oposición en la AN, de acuerdo a la Constitución, podía nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Podría aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del gobierno. En lugar de reconocer esta severa derrota e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, el Gobierno no vio la necesidad de cambios en sus políticas y atribuyó la crisis y la victoria de la oposición exclusivamente a lo que ha denominado la “guerra económica” por parte de la derecha y del imperio. 

Estos son asuntos reales pero no son, en sí mismos, suficientes para explicar la profunda crisis económica del país o los niveles de descontento en la población.(...)

 Las graves violaciones que se han producido a la Constitución de 1999 y a normas legales básicas en los últimos tres años son demasiadas para ser analizadas en detalle. Sin embargo, algunas de estas deben destacarse con el fin de comprender cómo se llegó a la situación actual. 

A finales de diciembre de 2015, cuando a la mayoría del gobierno en la AN le quedaban pocos días antes de que la nueva mayoría opositora tomara control, dicha mayoría oficialista, dejando de lado algunos procedimientos exigidos por la ley, designó nuevos magistrados del TSJ. No sólo eran estos nuevos magistrados, sin excepción, aliados incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos ni siquiera cumplían los requisitos formales requeridos para ocupar dichos cargos.

El papel que este tribunal iba a jugar en estas nuevas condiciones del país se hizo evidente poco después. A principios de 2016, basado en una endeble acusación de fraude electoral formulada por algunos miembros del partido de gobierno, este Tribunal decidió anular los resultados de las elecciones en el estado de Amazonas. 

Decidió que la elección de los cuatro representantes del Estado, en su mayoría indígenas, y que ya habían sido proclamados por el CNE, ya no era válida. Así, los partidos de la oposición dejaron de tener una mayoría cualificada en la AN.

En vista del hecho de que transcurrieron meses sin que se llevase a cabo una investigación para determinar la veracidad de estas acusaciones ni se programaran nuevas elecciones para ese estado, el estado Amazonas quedó sin representación parlamentaria. Finalmente, la AN decidió incorporar a los parlamentarios cuestionados y el TSJ respondió declarando a la Asamblea en desacato. 

A partir de este momento, sus atribuciones fueron asumidas por el Poder Ejecutivo y dicho tribunal. Este fue un momento decisivo en la ruptura del orden constitucional, produciendo la concentración de poderes que ha permitido al Gobierno tomar cada uno de los pasos subsiguientes que han definido su deriva autoritaria.

Una de las principales fortalezas institucionales del proceso bolivariano y un poderoso escudo protector contra los intentos de la derecha nacional e internacional y del gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno, fue la legitimidad proporcionada por un sistema electoral totalmente automatizado, transparente, altamente fiable, que contaba con muchos niveles de controles y auditorías. 

Durante las múltiples elecciones celebradas hasta 2015, este sistema electoral garantizó que los resultados anunciados por el órgano electoral fueran, sin duda alguna, una expresión exacta de la voluntad de los electores. 

Sin embargo, después de la derrota sufrida en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el gobierno optó por sacrificar este escudo protector para mantenerse en el poder. Esto ha tenido enormes consecuencias políticas.

 En octubre de 2016, el CNE canceló el referéndum revocatorio del Presidente.  (...)

En marzo de 2017, el TSJ ratificó que la AN estaba en desacato y, entre otras cosas, autorizó al Presidente a tomar medidas adicionales en la apertura del país a las empresas transnacionales de petróleo y minería en condiciones expresamente prohibidas por la Constitución, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la legislación ambiental, la referida a los pueblos indígenas y las leyes laborales.  (...)

Desde febrero de 2016, el presidente Maduro ha gobernado mediante decretos de excepción y emergencia económica en condiciones que violan claramente la Constitución.  (...)

Otra ruptura radical con la Constitución de 1999 y las leyes electorales se produjo con el diseño del proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En clara violación de los principios constitucionales de la representación proporcional y la igualdad de los electores, las normas para la participación electoral fueron cuidadosamente diseñadas de tal forma que el gobierno se garantizaba el control completo de esta nueva asamblea, a pesar de que la mayoría de la población no respaldase al gobierno y rechazase la convocatoria de una nueva asamblea constituyente. 

Esto se hizo mediante la creación de un original régimen de doble representación: territorial y sectorial. Contrariamente a la forma en la que siempre habían sido realizadas las elecciones en el país, antes y durante el gobierno bolivariano, a las zonas rurales o pequeños municipios urbanos, donde el gobierno ha contado con mayor respaldo electoral, les fue otorgada una extraordinaria sobre representación en la asamblea.   (...)

Las elecciones para esta ANC constituyeron un fraude. Antes de las elecciones, portavoces del gobierno y del PSUV afirmaron en forma pública y reiterada que se llevaría un control estricto de los votantes y que quienes no participasen en estas elecciones perderían su empleo público, o la posibilidad de tener acceso a programas sociales tales como el de alimentación subsidiada (CLAP) y vivienda.

 Estos anuncios públicos fueron complementados por amenazas personales en los lugares de trabajo y centros de distribución de alimentos. La democracia participativa de los primeros años del proceso bolivariano se había desplazado hacia una relación de control crecientemente autoritaria desde el Estado, basado en chantajes y amenazas.

Las elecciones se realizaron sin testigos independientes o de la oposición y a los medios de comunicación se los mantuvo a unos 500 metros de los centros de votación. Varios de los más importantes mecanismos de control y auditoría que habían hecho que el sistema electoral venezolano fuese altamente confiable fueron eliminados. Incluso con los niveles de participación muy inflados anunciados por el CNE, casi el 60% de la población no votó.  (...)

El proceso constituyente ha revivido parte del apoyo popular menguante al gobierno, ya que fue presentado como una radicalización del proceso, como un enfrentamiento con el imperialismo, y como una solución a los problemas que enfrenta la población. Esto, sin embargo, es probable que tenga poca duración ya que el gobierno carece de la capacidad o los recursos para hacer frente a estos problemas.

La ANC se ha declarado como un poder absoluto, supra constitucional, que puede no solo redactar una nueva constitución, sino tomar decisiones sobre cualquier asunto legislativo, ejecutivo o judicial que considere conveniente. Su período de vigencia no ha sido fijado. Declaró que las cinco ramas de Estado existentes deberán subordinarse a sus decisiones.(...)

 La sociedad venezolana se enfrenta al grave peligro de que la violencia armada y el terrorismo puedan instalarse como la forma normal de procesar las diferencias. El peligro no es solo que la violencia se desborde a niveles no deseados por los líderes del gobierno y la oposición. En ambos polos de la confrontación actual hay sectores que ven la violencia como única forma de derrotar al enemigo e imponer su agenda.  

Algunos de los más altos funcionarios corruptos del gobierno se dan cuenta de que si fueran obligados a abandonar sus cargos, no sólo perderían sus privilegios, sino que también les resultaría difícil encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus fortunas mal habidas y que incluso podrían terminar en la cárcel.

Lo que algunos sectores de extrema derecha buscan no es simplemente una victoria electoral para sustituir a Maduro, si esto dejase intacta la Constitución de 1999, y se mantuviese vida por lo menos parte de los imaginarios transformadores de los sectores populares chavistas de base. 

Lo que quieren es un completo aplastamiento de la experiencia chavista, de todos los sueños emancipatorios de la primera década del proceso bolivariano, a fin de imponer una derrota política de larga duración que sirva como una lección y liquide, de una vez por todas, las aspiraciones y el espíritu rebelde subalterno de estos años. Se considera que esto es un requisito básico para que la sociedad regrese a la "normalidad", donde todo el mundo asuma su lugar. Las consecuencias de esto van mucho más allá de Venezuela. Para ello han contado siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.  (...)

 La grave falta de transparencia en las finanzas públicas hace extremadamente difícil determinar la magnitud de la corrupción. Según diversas estimaciones, el monto global de la corrupción durante la última década supera los 300 mil millones de dólares. 

Esto cubre una amplia gama de actividades, entre ellas el acceso ilícito a divisas subvencionadas, la especulación con bonos venezolanos (comprados en bolívares, luego vendidos en dólares), sobre-facturación de las importaciones, sobornos y comisiones en contratos de PDVSA y en grandes obras de infraestructura, como fue el caso en las relaciones con la constructora brasileña Odebrecht.  (...)

La crisis ha llevado a un creciente desencanto con el gobierno y la pérdida de expectativas en relación con el futuro del país. Después de años de procesos de movilización y organización popular, guiados por los valores de la cooperación y la solidaridad, la reacción a la crisis actual se ha caracterizado en buena medida por la competencia y el individualismo. El bachaqueo se ha convertido en un componente importante de la economía venezolana.21 

Se han producido saqueos masivos en varias ciudades de todo el país con diversas combinaciones de activismo militante de grupos de extrema derecha, organizaciones delictivas y protesta popular espontánea debido a la falta de acceso a alimentos y gas para cocinar. El tejido social y moral del país están gravemente desgarrados. Esto tardará muchos años en cicatrizar.  (...)

Venezuela ha sido construida como parte de un nuevo eje del mal (junto con Irán y Corea del Norte) por otras razones. El proceso bolivariano fue el más radical intento de trascender el capitalismo en el siglo XXI. Esta experiencia no sólo tuvo gran impacto en el llamado giro a la izquierda que se produjo en la mayoría de los países de América del Sur.

 La experiencia venezolana se convirtió en una referencia, un rayo de esperanza, para gente tan lejos como Palestina, Filipinas y la India. Aunque el actual gobierno venezolano se ha alejado de estos imaginarios de una profunda transformación de la sociedad, a pesar de su corrupción y sus tendencias autoritarias, todavía es visto por muchos en la izquierda y movimientos sociales en todo el mundo como un símbolo o referencia subversiva. 

Desde la perspectiva de algunas elites globales estos imaginarios deben ser exterminados. Esto obviamente tiene poco que ver con preocupaciones en torno a la democracia. Esta auto-proclamada comunidad internacional está promoviendo un “cambio de régimen” en Venezuela, incluso si esto implica el riesgo de una guerra civil. Esto ha contribuido activamente a que una negociación interna para procesar las profundas divisiones existentes en la sociedad venezolana sea tan difícil.

La “amenaza autoritaria" representada por el gobierno de Maduro se ha convertido en un instrumento útil en las manos del gobierno conservador de Mariano Rajoy en España para atacar a Podemos, por parte de los conservadores en el Reino Unido para poner en duda las credenciales democráticas de Jeremy Corbin, por Donald Trump, para mostrar a sus seguidores lo macho que es, y por la derecha mexicana en su intento de describir a Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del año próximo, como una radical amenaza chavista. 

Venezuela, con las mayores reservas de hidrocarburos en el planeta y sus extraordinarios bienes minerales e hídricos, se ha convertido en un campo de batalla central de luchas inter-imperiales contemporáneas, tanto entre países, como entre corporaciones globales.

 Con el giro a la derecha y la geopolítica de re-alineamiento con los Estados Unidos de los gobiernos de Argentina y Brasil, Venezuela quedó aislada políticamente. Se mantiene como el principal territorio latinoamericano de las confrontaciones geopolíticas globales entre los Estados Unidos en defensa de su tradicional patio trasero, y la búsqueda por parte de China y Rusia por convertir al país en una cabeza de playa para sus proyectos globales en este continente. (...)

 Muchos Intelectuales internacionalmente reconocidos, partidos y movimientos sociales identificados con la izquierda no están contribuyendo a la creación de las condiciones de una salida no violenta de la crisis actual. En el mismo marco de Guerra Fría que caracteriza la perspectiva dominante de la derecha, gran parte de la izquierda internacional continúa identificando al gobierno de Maduro como un gobierno democrático, popular y anti-imperialista y tienden a proporcionarle una solidaridad incondicional. 

Esto a pesar de las políticas ultra liberales de zonas económicas especiales para atraer las inversiones extranjeras; a pesar de la profundización del modelo extractivista depredador que ha dado origen a los mayores problemas que enfrenta el país; a pesar de su negativa a tratar con responsabilidad el cambio climático en su papel como importante productor de petróleo; a pesar de que durante el proceso bolivariano ha habido una consolidación de la inserción histórica del país en la división internacional colonial del trabajo y la naturaleza; a pesar del hecho de que los pueblos indígenas siguen siendo severamente impactados por las políticas neo-desarrollista en sus territorios ancestrales; a pesar de las tendencias anti-democráticas, autoritarias y represivas que caracterizan hoy al gobierno de Maduro.  (...)

Parece que amplios sectores de la izquierda continúan teniendo grandes dificultades para extraer lecciones de las consecuencias a largo plazo que tuvo la incapacidad para criticar a la Unión Soviética, a pesar de su carácter autoritario y represivo, porque se enfrentaba al imperialismo estadounidense.(...)"               (Edgardo Lander , Rebelión, 01/12/17)