La propuesta de Ciudadanos para acabar con los contratos precarios haría mucho más fácil el despido de los trabajadores fijos, incluso de los “trabajadores públicos de las administraciones y de empresas públicas”... supone introducir en nuestra legislación el despido libre sin causa”

"(...) Ciudadanos y el PDeCAT pertenecen a la misma familia política, la familia europea liberal. Es, pues, lógico y predecible que, como hace cualquier partido liberal, Ciudadanos (y también el PDeCAT) hayan estado aplicando las mismas políticas económicas y sociales favorables al mundo empresarial que caracterizan a esta tradición política. 

En realidad, todos los partidos liberales existentes en Europa fueron establecidos y/o apoyados por el mundo empresarial a fin de defender sus intereses. Y Ciudadanos es un claro ejemplo de ello. 

Tal partido fue promocionado por la estructura de poder financiero, económico y político español como respuesta al surgimiento de Podemos y sus confluencias, surgimiento que por el carácter contestatario de tales partidos alarmó al poder empresarial del país. Como bien dijo uno de los mayores banqueros del país, el Sr. Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, era necesario crear “una especie de Podemos de derechas”. 

 Y así fue como se impulsó a Ciudadanos, que predeciblemente ha contado con un enorme apoyo y visibilidad mediática, resultado de la enorme (y antidemocrática) influencia del mundo empresarial (y muy en particular del mundo financiero) sobre los mayores medios de información y persuasión del país. 

Al principio de su existencia, Ciudadanos tuvo un escaso atractivo electoral. Su apoyo en las urnas, sin embargo, ha aumentado enormemente como consecuencia del crecimiento del movimiento secesionista en Catalunya que ha generado, como respuesta, la movilización del nacionalismo españolista, y con ello el crecimiento electoral de este partido, el cual se definió, desde el principio, como máximo valedor de este tipo de nacionalismo centralista, uninacional y opuesto a la diversidad nacional del Estado español. 

En Catalunya, barrios obreros que votan a En Comú Podem en las elecciones legislativas a las Cortes Españolas, votan a Ciudadanos en las elecciones autonómicas como protesta frente al bloque independentista, que controla los aparatos de la Generalitat y sus medios, dirigido por PDeCAT (ver mi artículo “Por qué la clase trabajadora catalana cambia de voto en las elecciones españolas y catalanas”, Público, 19.01.18).

A fin de atraer el apoyo de los barrios obreros, además de utilizar su nacionalismo uninacional centralista, Ciudadanos está utilizando un lenguaje y una narrativa casi “obrerista”. En realidad es uno de los poquísimos partidos españoles que explícitamente habla y utiliza el término “clase trabajadora”. 

Su lenguaje, para referirse a sus deseadas bases electorales, incluye siempre el término de clase trabajadora, presentándose como el defensor de los intereses de los grupos más vulnerables de estas clases. El reciente discurso de Inés Arrimadas en el Parlament de Catalunya ejemplifica este énfasis en temas sociales, rodeado de una narrativa obrerista.

De ahí que haya introducido una propuesta de ley en las Cortes Españolas (la Ley en contra de la precariedad) que se presenta como la solución a unos de los mayores problemas que tiene la clase trabajadora hoy en España: la precariedad. Su intención es nada menos que eliminar los contratos temporales y sustituirlos por contratos fijos. 

Según dicha propuesta, todos los contratos pasarían a ser contratos indefinidos, aumentando así la protección de los trabajadores, ya que la indemnización por despido pasaría en su propuesta de 12 a 20 días por año trabajado. Es decir, que cuando el empresario despidiera a un trabajador que tiene ahora un contrato temporal, tendría que pagarle (si tal ley se aprobara en las Cortes) el dinero equivalente a 20 días por año trabajado en lugar de 12 días, como ahora. 

Si este trabajador fuera ahora un trabajador temporal, ganaría con tal propuesta ocho (20-12) días por año trabajado, lo cual, además de favorecer al trabajador temporal, frenaría que el empresario lo despidiera, pues le sería más caro hacerlo que ahora.  

A primera vista, por lo tanto, tal propuesta parece una medida que favorecerá a los trabajadores temporales, que tienen este tipo de contratos porque no pueden encontrar trabajos fijos. Podría, pues, ser un paso adelante, aunque no resolvería el problema de la precariedad, pues la propuesta no aborda otras causas y consecuencias de esta precariedad.

Lo que no se cita sobre tal propuesta de Ciudadanos es que esta tiene que ver no solo con los ahora definidos como contratos temporales, sino también con los contratos ahora definidos como fijos. Y para estos últimos contratos la propuesta es que cobren como indemnización los mismos días que recibirían los contratos temporales, es decir, 20 días por año trabajado. 

Y ello significa que dicha propuesta tiene dos enormes regalos a los empresarios: uno es que en lugar de tener que pagar 33 días cuando despiden a un trabajador fijo, como tienen que hacer ahora, tendrían que pagarle solo 20 días por año cuando la ley se aprobara; y el otro gran regalo es que la propuesta de ley hace mucho más fácil, en comparación con ahora, que el empresario despida a un trabajador fijo. 

Es suficiente que el empresario considere que el puesto de trabajo no es necesario, o que debe modificarse, o que duplica el trabajo de otro trabajador, o “lo que fuera” para que él despida al trabajador.

 En otras palabras, el empresario puede alegar cualquier motivo (cambiar su estrategia empresarial, su actividad, su oferta de productos y/o servicios, su adquisición de nuevas tecnologías, su cambio de clientes, o del mercado, etc., etc.) para despedir al trabajador. Lean la ley y lo verán:  

“Se considerará que la amortización estará justificada cuando las funciones desempeñadas por el puesto de trabajo no respondan a una necesidad de trabajo de carácter estructural y permanente dentro de la actividad normal de la empresa. En todo caso, se entenderá que no responden a dicha necesidad los puestos de trabajo cuyas funciones hubiesen devenido innecesarias o redundantes con las que estos puestos de trabajo […] o como resultado de cambios en el objeto social de la empresa o en su estrategia empresarial, en su estructura organizativa, en su actividad, en su oferta de productos o servicios o en la composición de su cartera de clientes o proveedores, o a resultas de la aplicación de una innovación tecnológica o de alternaciones significativas del mercado”.

Tal ley afectaría también a los “trabajadores públicos de las administraciones y de empresas públicas”. Como bien ha indicado Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO, la propuesta de Ciudadanos “es una barbaridad [ya que] supone introducir en nuestra legislación el despido libre sin causa”. 

 Es lo que la gran patronal ha deseado siempre: el máximo de flexibilidad para poder despedir al trabajador cuando quiera. Así de claro.  (...)"                   (Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra, Público, 26/03/18)