"El Tribunal de Cuentas Europeo
es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando
infraestructuras o servicios públicos con participación privada. En un
reciente informe que acaba de publicar el principal órgano de control
financiero de la Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.
Además, recomienda que ni la UE ni sus
Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se
resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial
Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.
En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España
en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la
información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros
de financiación europea. Y concluye que la participación privada en
estos proyectos "no puede considerarse una opción económicamente viable
para el suministro de infraestructuras públicas".
En un análisis devastador, añade que la
entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha
supuesto "insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con
gastos ineficaces e ineficientes", donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas,
en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis
inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.
El informe asevera que los proyectos
público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en
forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los
costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes
de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que
oscilaron entre dos y 52 meses.
Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas
auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor
del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El
Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera
ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios
potenciales”.
Los proyectos financiados bajo el
modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y
servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el
informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula
en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo
financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados
por un valor total de 336.000 millones de euros.
Según revela el
informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del
transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo
el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.
Sombras de corrupción
La sospecha de la corrupción política
sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría
de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas,
como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo
tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación
calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad
de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación
de contratos públicos tradicional”.
En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.
Las auditorias revelan que en el caso
de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes
tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir
el socio público.
En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33%
(158 millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la
autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8
millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes
financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas
auditadas en este informe. (...)
Sin embargo, las grandes
constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en
infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un
sector agotado financieramente; sino que se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.
“El agua es un servicio público que
se presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión
mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer
de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios,
ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios.
Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”,
asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de
Agua Pública (AEOPAS). (...)" (Ricardo Gamaza, Público, 30/03/18)
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