"Desde hace años, colectivos como Marea Granate, las
Oficinas Precarias y, más recientemente, Izquierda Unida Exterior,
venimos denunciando que la emigración de más de un millón de personas de
nacionalidad española desde el comienzo de la crisis económica es un
fenómeno demasiado amplio como para poder ser descrito como una fuga de cerebros:
jóvenes con alta cualificación y sin cargas familiares, que disfrutan
de estupendos contratos en prestigiosas universidades, empresas y
centros de investigación del extranjero.
Aunque este sea el tópico sobre
la emigración española difundido por muchos medios de comunicación y el
que más ha calado en la opinión pública, la realidad —y los datos recientes lo confirman— es bien diferente.
Ni espíritu aventurero ni amplitud de miras. La
emigración es sobre todo una cuestión de necesidad, y la crisis
económica ha obligado a hacer las maletas a personas de todas las edades
y niveles formativos.
Ello incluye, por ejemplo, a familias cuyos miembros no cuentan con formación superior ni
conocimiento del idioma del país de destino, a personas de más de
cuarenta o cincuenta años, y a inmigrantes que llegaron a nuestro país
en los primeros años de la burbuja inmobiliaria, consiguieron la
nacionalidad, y luego, tras quedarse sin trabajo, emigraron a otro país. (...)
Los casos de abusos son ya numerosos. A los españoles de origen sudamericano explotados en fincas agrícolas del sur de Francia, a las au pair esclavas de familias en Inglaterra, a las enfermeras en Berlín, y a los trabajadores de Amazon
en Alemania, por citar algunos casos mediáticos, se han sumado
recientemente los trabajadores del sector de la logística en el sur de
Holanda.
Estas personas aceptan ofertas de empresas de trabajo temporal
(ETTs) —algunas de ellas subvencionadas por la UE— que se anuncian en
portales de empleo como EURES, o en sus propias páginas web, para
contratar a españoles menores de treinta años y ajustarse así a los
criterios de subvención.
Las condiciones que proponen en cuanto a
salario son atractivas y los requisitos exigidos, mínimos: ser mayor de
edad, tener título de Educación Primaria y un nivel básico de inglés.
Además, las empresas financian el alojamiento y el transporte hasta el
lugar de trabajo. Sin embargo, la realidad con la que las y los
trabajadores se encuentran al llegar es muy diferente.
Paula Rivera,
una de las afectadas, ya lo denunció públicamente en 2016: “Me
encuentro en una casa pensada para ocho donde vivimos dieciséis personas
y una familia de ratones, con un acondicionamiento precario y que,
además, está pendiente de demolición”.
Rivera explicaba que al llegar a
Holanda el contrato —que muchas veces estaba disponible solo en
holandés— se renovaba semanalmente con condiciones distintas, sin previo
aviso al trabajador.
Asimismo, eran frecuentes los contratos de cero
horas, en vigor en países como el Reino Unido y los Países Bajos, y
según los cuales la empresa no garantizaba un mínimo de horas de trabajo
a la semana, sino que era el propio trabajador quien ponía su tiempo
—mañanas, tardes y noches— a disposición de aquella.
De esta forma, las horas trabajadas a menudo no bastan para
generar una nómina razonable, e incluso pueden ser insuficientes para
cubrir el coste del alojamiento y el transporte, lo que hace a los
trabajadores incurrir en deudas con la empresa o nóminas negativas.
Una situación llamativamente similar a la de los trabajadores agrícolas
de California en los años 30 —magistralmente descrita por John
Steinbeck en la novela Las uvas de la ira—, o a la de los
empleados de las plantaciones de caucho de la Cuenca Amazónica durante
la primera mitad del siglo XX, solo que en el corazón de Europa y en
pleno siglo XXI.
El informe Trabajar en Holanda: El calvario de los trabajadores migrantes españoles expulsados por el paro o el infraempleo,
elaborado por Pablo López Calle y publicado en 2017 por la Fundación 1º
de Mayo de CCOO, señala que las ETTs llegan a cobrar hasta 92 euros
semanales a los trabajadores por una cama en una habitación doble en un
barracón y hasta 5 euros al día por el transporte al lugar de trabajo.
Estas empresas también cargan a los trabajadores otras
contraprestaciones como el seguro médico (unos 100 euros al mes), con lo
que se produce una reducción aún mayor de las nóminas. (...)
También se denunciaba que el precontrato firmado en España
acordaba un alquiler de 200 euros mensuales que resultó ser de 424; que
ciertas empresas de seguridad vinculadas a las ETTs realizaban
inspecciones semanales de forma sorpresiva, y que incluso se habían dado
casos de extorsión.
A estas irregularidades se añadía que a algunos
operarios se les obligaba a desplazarse hasta el lugar de trabajo
sobrepasando el límite permitido de cinco ocupantes por automóvil.
También hemos sabido que son frecuentes los seguimientos de los
vehículos por GPS y las reducciones en la nómina si las paradas para
hacer la compra semanal se exceden más de lo previsto.
Otro trabajador nos relató que las empresas suelen
desplazar a los trabajadores de sus lugares de trabajo y de alojamiento
para evitar agrupamientos entre compatriotas, y que las ETTs no informan
a los trabajadores de que el domicilio que les facilitan en campings no
va a permitirles censarse en los Países Bajos, lo que les ocasiona una
enorme pérdida de derechos y les impide sindicarse, vulnerando con ello
el convenio colectivo para trabajadores temporales de la Federación de
Agencias de Empleo Privado (ABU según sus siglas en neerlandés). (...)"
(Eduardo Velázquez es co-portavoz de IU Exterior. Gonzalo Gómez es co-responsable de Comunicación de IU Exterior. Cristian Bailén es extrabajador de ETT en Holanda. CTXT, 27/03/18)
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