"Hacía seis años que Elche no vivía un desahucio con
una intervención policial como la del martes, en el que varias decenas
de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) quitaron por la
fuerza a cerca de un centenar de vecinos y activistas de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elx-Crevillent, que se agolparon
en un portal del barrio de Carrús para tratar de impedir el desahucio a
un matrimonio con tres hijos menores de 3, 9 y 13 años. El motivo: una
hipoteca con cláusulas abusivas de un piso que pertenece a un fondo
buitre.
Los fondos de capital riesgo, más conocidos como
fondos buitre, siguen haciéndose cada vez con más pisos. Una situación
que se vive día a día en todo el país, y que puede tener un impacto muy
negativo sobre los inquilinos, como se comprobó el martes en el barrio
de Carrús de Elche, uno de los más grandes de la ciudad, que destaca por
su carácter trabajador y multiétnico por la incidencia de la migración.
La familia de Said, un matrimonio con dos hijos,
tiene un sustento con un sueldo precario que no llega a mileurista, con
un salario de entre 800 y 900 euros al mes para cinco personas, tres de
ellas —los hijos— menores. Una tesitura que si en muchas ocasiones poco
importa a los bancos, menos aún a los fondos buitre, como ha sido el
caso.
GESTIONANDO VIVIENDAS DESDE UN PARAÍSO FISCAL
Vuelta Direct Holdings es el nombre de este fondo, y tiene sede en
Luxemburgo, paraíso fiscal, en la misma calle en la que hay más de mil
empresas. Cómo no, sin sede física. Porque el único motivo por el que
allí se encuentran, tanto este como multitud de compañías en este u
otros paraísos fiscales, es el de unos sustanciosos beneficios
tributarios
Aunque están muy lejos, quien gestiona sus intereses
en España es Finsolutia, una Sociedad Anónima de intermediarios
financieros que tuvo en 2016 unos resultados de explotación de más de 5
millones de euros. Una situación cada vez más habitual que hace que la
PAH, que suele batirse el cobre con las entidades bancarias a la hora de
defender a familias que van a o pueden ser desahuciadas, tenga un
margen mucho más reducido para poder maniobrar. El motivo, obviamente,
la distancia. Es imposible contactar directamente con un fondo buitre
que está en el extranjero, aunque puede ser más sencillo hacerlo con su
intermediario, que en este caso está en Madrid.
Nada que ver, pues, con el binomio entre presión y
negociación que se puede hacer a nivel local con un banco. Ante este
contexto, la PAH ha estado intentando negociar con los intermediarios,
Finsolutia. Estos les dijeron hace dos o tres meses que habían
presentado una propuesta de acuerdo con toda la documentación, ingresos
de Said y las cargas familiares, y que estaba por debajo de las
propuestas de embargo. Como explica la portavoz de la PAH, Gloria Marín,
“apenas cobra dos IPREMs (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples) para cinco miembros”.
Una propuesta que por supuesto los inversores no
aceptaron. Además de que están muy lejos, lo que impide la gestión: “Los
menores les importan un comino, como a los bancos”, indica Marín. De
hecho vinieron los intermediarios a la ejecución del desahucio, “porque
las imágenes de ayer no les importan; un banco no quiere ver su imagen
asociada a cosas como la de ayer”, explica Marín.
Por lo tanto, en el habitual último minuto de estos
casos, el jefe del dispositivo de la UPR pregunta a la comitiva judicial
si se ejecuta el desahucio, pero el fondo ya había dado la orden de
proceder. La portavoz de la PAH señala que la UPR “ya sabía lo que
había, porque para echar a 100 personas hay que contusionar, tener
heridos; para que el fondo pueda tener el piso vacío y especular con
él”. De hecho, fueron varias personas las que sufrieron contusiones y
morados, y alguna la que tuvo que recibir atención médica.
En cualquier caso, una decisión fácil —la de echar a
una familia— cuando el único interés que importa es el del dinero. Y más
si no hay por qué presenciar la escena. En cualquier caso, los números
hablan por sí solos: la familia se había comprado la vivienda con un
precio muy inflado, por 70.000 euros, cuando la misma no debería valer
más de 25.000 antes de la burbuja.
Hasta ahora han pagado 41.000 euros,
por lo que el fondo buitre ha dejado en la calle a esta familia con una
deuda de unos 18.000 euros. Además, “la hipoteca era malísima, con
cláusulas abusivas”, esgrime Marín.
LA DIFÍCIL DEFENSA ANTE UN FONDO BUITRE
Otro aspecto que dificulta la lucha contra estos fondos buitre es que
quedan fuera del código de buenas prácticas, no vinculante, que había
propuesto el Gobierno de Mariano Rajoy para los bancos. Así pues, no se
puede intentar negociar ningún alquiler social o condonación de la
deuda, que de todas formas no estaba en este código.
Así pues, la familia se queda sin vivienda, en la
calle, y con una deuda de 18.000 euros. Lo que supone que en el caso de
que tengan algún bien, este se les podrá embargar. Es decir, primero se
destinará una cantidad a pagar la deuda y después a la familia.
Asimismo, los intermediarios, Finsolutia, les facilitarán la entrada al
piso para que saquen sus pertenencias. (...)
Con todo, cabe preguntarse cómo un fondo buitre puede llegar ahora a
influir sobre una familia de Carrús, más allá de su objetivo inherente
de especular. La respuesta es sencilla: la Unión Europea, fruto de la
burbuja inmobiliaria que aún acarrea casos de toda índole, quiere que
los bancos dejen de exponerse al ladrillo, vistos los resultados.
Ha dado directrices para que los bancos se deshagan
de sus parques inmobiliarios, por lo que muchas viviendas las están
vendiendo a estos fondos de capital riesgo, los ‘buitres’.
A veces,
incluso se venden a sociedades de las que los propios bancos forman
parte. Por lo tanto, sea extranjero o español el fondo, la obligación
del banco y todo lo que acarreaba, como la insuficiente foto de cara a
la galería que fue el código de buenas prácticas, se acaba. “Todos los
derechos que se pudieran establecer a los deudores de banco se pierden”,
explica Marín. “Y esta situación avanza a pasos acelerados”, añade. (...)
En cualquier caso, de buitres o de particulares, los desahucios siguen
estando a la orden del día. En los últimos 17 días, la plataforma de
Elche ha tenido seis desahucios, y el día del de Said había tres, aunque
los otros se han pardo o aplazado. Como dice Marín, “los que llegan a
la PAH y son de bancos se resuelven todos, pero hay muchos desahucios de
particulares, y son de gente que no viene a la plataforma. Son
desahucios silenciosos”.
Mientras ese silencio no se rompe, de momento,
la PAH tiene en la mesa ese reto: ver cómo se puede amoldar o enfrentar a
estos fondos buitre sin rostro que traspasan fronteras sin inmutarse. " (Pablo Serrano, El Salto, 17/05/18)
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