"Caracterizado por una impetuosa escalada de violencia, el pasado mes de
febrero Brasil entregaba Río de Janeiro a las Fuerzas Armadas. (...)
Sin embargo, no ha de verse como una medida endémica del Estado
brasileño, sino que responde a una tendencia generalizada en América
Latina. Las implicaciones de este problema, tanto por la colosal
dimensión adquirida como por la respuesta gubernamental, obligan a
plantearse algunos interrogantes, como por qué la criminalidad
organizada y la inseguridad no solo atenazan a países pequeños y pobres.
El gigante brasileño también se muestra incapaz de controlar este
problema y sus implicaciones.
Todo indica que la complicidad estatal con
el crimen es una de las claves para entender su incapacidad ante la
amenaza.
(...) los militares poseen libertad de movimiento para
entrar en cualquier casa del distrito en cuestión, con o sin sospechas
de que se haya cometido algún delito o de que exista relación con el
narcotráfico.
La principal justificación para sobreponer las Fuerzas
Armadas es la incapacidad de las fuerzas estatales. Pese a todo, se
podría plantear, sin embargo, hasta qué punto la respuesta proyectada
por el Estado (el empleo de las Fuerzas Armadas) actúa sobre la raíz del
problema o simplemente modifica los actores involucrados en el
conflicto. (...)
Sea como fuere, este caso muestra que Brasil ha experimentado el
inexorable avance de un crimen organizado que puede llegar a socavar el
orden institucional. La pregunta que se ha de plantear al respecto es,
por tanto: ¿por qué en Brasil?
(...) estamos hablando de uno de los miembros de los BRICS, de una potencia y
economía emergente. Un país que ha experimentado un incremento en su
desarrollo integral en los últimos años, que registra una significativa
disminución de la pobreza y que presenta importantes avances en cuanto a
reducción de la desigualdad.
La crisis no puede erigirse, por tanto, en
la panacea explicativa para todos los males de Brasil, y mucho menos en
lo que a criminalidad organizada se refiere. (...)
A tales logros internos hay que añadir, además, los logros externos que
hacen de Brasil una potencia internacional con aspiraciones de liderazgo
mundial. (...)
No deja de llamar la atención, por tanto, que una potencia de esta magnitud pueda sentirse superada por el crimen organizado. (...)
Desechada la crisis como factor justificativo en un BRIC de la talla de
Brasil, la cuestión es: ¿cómo se explica que, en una potencia con ansias
de liderazgo mundial, el crimen organizado haya adquirido semejante
dimensión? (...)
Los datos de inseguridad resultan muy superiores a los que presentan
países como Colombia, Bolivia y Panamá, y sólo inferiores a los
exhibidos por Guatemala, Honduras y El Salvador (considerados los países
más violentos de la región). Estos datos delatan los problemas de
inseguridad de esta potencia. (...)
La región sigue siendo la más violenta del mundo. Estos datos evidencian
que las políticas públicas no están incidiendo en los factores que
favorecen la violencia criminal y, en particular, en el crimen
organizado. (...)
En otras palabras, cuando el Estado no es capaz de
garantizar la aplicación del imperio de la ley en todo el territorio y
para todos los ciudadanos, sin excepciones, cabe la posibilidad de que
la legalidad sea aplicada de manera discrecional y selectiva por parte
de los representantes del Estado.
En este contexto, se genera un caldo
de cultivo idóneo para el crimen organizado, que explica la dimensión
adquirida no sólo en Brasil sino también en el resto de América Latina.
Es este un problema vertebral en la región que afecta a
cualquier actividad humana, sea económica, social o política. Sin
embargo, aunque no se observa en la misma medida, también afecta
directamente a la seguridad.
La debilidad del imperio de la ley hace
posible que los representantes estatales, a través de la corrupción,
suspendan la aplicación de la norma sobre los criminales y les
proporcionen protección. Una posibilidad que explica la particular
implantación y poder acumulado del crimen organizado en la región.
Por este motivo, por muchos y necesarios instrumentos
que requiere una política de seguridad, cualquier iniciativa fracasará
si no es posible garantizar el imperio de la ley. Es necesario que las
políticas de seguridad contemplen entre sus prioridades la instauración
de controles que aseguren que las decisiones de los funcionarios se
ajustan a la ley y se fiscalice su actuación para evitar que, previo
pago, sea posible que eximan del cumplimiento de la ley al mejor postor.
De esta manera, a efectos de seguridad, cuanto mayor sean los éxitos
alcanzados en este sentido, menor será la corrupción y en consecuencia
también los espacios de negociación para lograr la suspensión de la
aplicación de la ley. Como consecuencia, se reducirán para el crimen
organizado las posibilidades de conseguir la protección del Estado y, en
la misma medida, de acrecentar su poder. (...)
Cuando la corrupción es sistémica caben todas las posibilidades de
lograr la complicidad de representantes estatales con el fin de
protegerse eficazmente frente a la actuación del mismo Estado y/o de
otros agentes externos que amenacen la expansión de sus actividades
ilegales. (...)
Con este apoyo estatal se pretende eludir el cumplimiento de la ley. En
la medida en que el crimen organizado se encuentra al margen de la ley y
del orden, y, por tanto, sus miembros no pueden recurrir a la
legalidad, para asegurar su existencia es fundamental establecer estas
relaciones con representantes del Estado, asegurando así su complicidad.
Dichas relaciones son de tipo clientelar y buena parte de éstas están
basadas en la corrupción.
Así se establecen relaciones de carácter
personal en las que median favores que no suelen ser gratuitos. Bajo
este tipo de relación se propicia la corrupción, que proporciona
ganancias privadas mediante el uso indebido del poder público. No
siempre estas relaciones se establecen de manera voluntaria, sino a
través de la coacción o la violencia, otro aspecto característico del
crimen organizado. (...)
Mediante la complicidad con las autoridades se
pretende su inactividad ante un hecho delictivo y no ser detenido. En
caso de llegar a serlo, no ser condenado y, llegado a este extremo,
poder escapar de la prisión.
La inversión en la contratación de más policías, la
mejora de sueldos y la adquisición de equipamiento pueden contribuir,
pero no necesariamente garantizar, que se aplique el imperio de la ley,
sin excepciones, para impedir la proliferación de la corrupción. Cuanto
menor sean las posibilidades y los márgenes para negociar la ley, la
filtración del crimen organizado y finalmente la “metástasis” podrán ser
controlados.
Para ello es imprescindible el respeto a la ley y la
imparcialidad judicial y administrativa, así como la existencia y
aplicación de controles y mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas que garanticen el respeto a las exigencias del Estado de
Derecho.
Cuando los representantes del Estado implementan leyes
y políticas, ha de aplicarse de manera universal, sin excepciones y con
total imparcialidad, en todo el territorio y para todos los ciudadanos.
Actuar imparcialmente significa no tener en cuenta consideraciones
subjetivas, como las relaciones o las preferencias personales, ya que
bajo ese criterio cabe la posibilidad de aplicar la norma de manera
discrecional.
La consecuencia directa es que si, en el criterio del
representante estatal, no cabe la opción de la excepcionalidad para
eximir del cumplimento de la ley a determinadas personas, nadie quedará
eximido. En consecuencia, nadie puede contar con la protección del
Estado para cometer actuaciones ilegales.
El instrumento principal para
lograr la excepcionalidad ante la ley es la corrupción, que será mayor
cuanto más débil sea la capacidad del Estado para imponer el imperio de
la ley y la cultura de la legalidad, lo que a su vez alimenta de nuevo
los niveles de corrupción. Esto da lugar a que haya una relación
inversamente proporcional entre nivel de corrupción e imperio de la ley,
factores trascendentales para entender la referida “metástasis”. En
otras palabras, cuanto mayor es la fortaleza del imperio de la ley,
mayor control sobre la corrupción.
(...) la corrupción, aunque se asocia a los ámbitos económico y político, no
se contempla de la misma manera en relación con la seguridad. De hecho,
junto a la corrupción, la inseguridad es otro grave problema. Pese a su
íntima vinculación, sin embargo, no se relacionan entre sí. Generalmente
se consideran de manera aislada una de otra. (...)
Pese a la diversidad latinoamericana, el crimen organizado es una
amenaza de primer orden en toda la región. Estas organizaciones retan a
los Estados, ya sean más pobres, más desiguales o más pequeños, como el
Triángulo Norte Centroamericano, o a los más grandes, con mayores
recursos y más ricos, como Brasil y México. Sin embargo, hay una
característica común en realidades tan distintas: la debilidad estatal.
Ciertamente no en la misma medida, pero, sin duda, es una característica
general. No obstante, también hay excepciones, como es el caso de
Uruguay y Chile, donde no por casualidad la penetración del crimen
organizado y los problemas de inseguridad son menores, y no por
casualidad, entre otros indicadores, los del imperio de la ley son los
mejores de la región. (...)
No hay duda al respecto, las sociedades
latinoamericanas no son anómicas y sus respectivos Estados no están
ausentes. Estos son quienes rigen y regulan la vida política, económica y
social, lo que no impide que, al mismo tiempo, sea posible encontrar
representantes estatales dispuestos a, mediante una coima, suspender el
cumplimiento de la norma.
Conclusiones
¿Qué tipo de Estado y de sociedad es ésta? ¿Hay una
aparente contradicción de fondo? ¿Cómo es posible que el Estado
garantice el orden social y el orden y, al mismo tiempo, sea posible
contar con su complicidad para delinquir?
Aunque sea un término muy recurrente que hemos
utilizado todos los especialistas, el Estado débil quizá no exprese la
complejidad de esta realidad. Más allá de que no haya sido posible un
acuerdo sobre el término, dicha debilidad da a entender que estos
Estados no tienen suficiente presencia territorial y social. Esta falta
de presencia estatal generalmente se asocia a la precariedad material y a
la falta de recursos para atender todo el territorio, pues esta
“ausencia” es la que haría posible el desarrollo y fortalecimiento del
crimen organizado. De esta forma, la solución al problema se resolvería
con el traslado y presencia de representantes estatales y de sus
instituciones.
Sin embargo, esto es sólo una parte del problema. Cabe
preguntarse por qué el crimen organizado también logra tener el control
de determinadas áreas o territorios donde hay representación estatal.
Valga como ejemplo el mismo Río de Janeiro, sede de las instituciones
estatales. Este no es precisamente un ejemplo de territorio sin
presencia estatal, ni de falta de medios.
De ahí que la presencia del
crimen organizado no sólo dependa de la ausencia de Estado, sino más
bien de su complicidad con éste. Las autoridades corruptas se
encargarían de garantizar espacios de gestión y de autonomía para
aquellas redes criminales, ya fuera en áreas marginales y alejadas como
en el centro de las capitales.
Con ello, lejos de existir un Estado ausente, por
debilidad e incapacidad, es más un Estado presente y “verdaderamente
resistente”, que puede prestar protección a las redes criminales.
Este
es el caso de la Rocinha o de otras muchas favelas de Río,
donde los principales líderes que organizan el negocio del narcotráfico
son protegidos por la propia policía, quien obtiene a cambio
sustanciosas ganancias de este negocio. No hay mejor protección que la
del Estado y, cuando ésta se logra, queda garantizada la penetración del
crimen organizado en la sociedad como un auténtico poder, ya sea en
potencias regionales o países en vías de desarrollo." (Sonia Alda y Javier Martín. Real Instituto Elcano, 26/4/2018)
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