"Los defensores de las personas en movimiento se enfrentan a
restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones,
denuncias en el discurso público y criminalización. En concreto, se ha
detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han
salido al mar para rescatar a otras personas en movimiento, y se les han
embargado embarcaciones”.
En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
el pasado 23 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst,
apuntalaba con estas palabras la preocupación que diferentes
organizaciones sociales tienen frente a la creciente criminalización de
la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en tierra
europea.
Y es que hoy las diferentes normas penales y administrativas lo mismo
se aplican a vecinos y vecinas del valle del Roya, situado en la
frontera francoitaliana, que a estudiantes, personas jubiladas,
agricultores, bomberos o a misiones de salvamento marítimo.
Se extienden
tanto a acciones de ayuda humanitaria y sensibilización con ONG como Proactiva Open Arms, Salvamento Marítimo Humanitario o Proem-Aid, como a personas concretas como la activista española Helena Maleno, el sacerdote eritreo Mussie Zerai o el agricultor francés Cédric Herrou.
Ya dice el Relator de la ONU en el informe mencionado que “el simple
acto de ofrecer té y galletas a un inmigrante irregular ha sido motivo
de enjuiciamiento penal”, y que varios países han ordenado el cierre de
comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la
demolición de centros de alojamiento temporal.
Medidas que van
acompañadas de profundas reformas de los marcos normativos, que
conllevan la criminalización de las organizaciones que trabajan en favor
de las personas migrantes. El aplastante triunfo de Orbán en Hungría va a dar paso a la aprobación de una durísima ley en este sentido. (...)
Los Estados miembros están promoviendo políticas de externalización de
fronteras con el apoyo político y económico de la Unión Europea. Son
políticas dirigidas contra la migración y realizadas a través de
acuerdos con países de origen y de tránsito de las personas migrantes.
Tal y como describe el TPP, estos convenios son regímenes
para-jurídicos, con modalidades tales como agendas, asociaciones,
declaraciones, intercambios de notas, memorandos, etc.; todos
caracterizados por la opacidad, la informalidad, el secreto y la
arbitrariedad, lo que les permite escapar a cualquier forma de control
democrático.
Además, las políticas de externalización interpretan de
manera muy discrecional la obligación de socorro y fomentan la
criminalización de las organizaciones de rescate en el mar o de quienes
practican asistencia y solidaridad hacia las personas migrantes y
refugiadas. (...)
Por si fuera poco, todo ello viene acompañado de procesos judiciales
contra las ONG que operan en las aguas del Mediterráneo central y de
campañas difamatorias en connivencia con el gobierno italiano. Este
último, además, ha tomado otras iniciativas dirigidas a disuadir su
presencia, como el “código de conducta”, la acusación de complicidad con
los traficantes y la extensión de dudas sobre su financiación.
Está muy
claro que no quiere “testigos humanitarios y solidarios” que cuestionen
con su mera presencia la crueldad de las políticas migratorias. El TPP
ha escuchado acusaciones detalladas del comportamiento de la guardia
costera libia, recogidas durante la declaración de los representantes de
la organización alemana Sea Watch, Sos Mediterranée y Proactiva Open
Arms, y ha valorado que la responsabilidad debe extenderse al gobierno
italiano y a las agencias europeas.
En realidad, los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias
no solo están eliminando y suspendiendo derechos, también están
reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quienes quedan fuera de
la categoría de seres humanos.
Y eso provoca una nueva etapa en la
desregulación del sistema internacional de los derechos humanos. Todo
ello tiene una profunda conexión con esa lógica colonial y racista que
promueve diferentes derechos para diferentes categorías de personas.
Como afirma Camps, “el Sáhara y el Mediterráneo son las auténticas
cámaras de gas del siglo XXI”. (...)" (Juan Hernández Zubizarreta, La Marea, 07/05/18)
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