"(...) Me estoy refiriendo al derecho a la vivienda. En realidad, tal violación ha convertido dicha falta de acceso a la vivienda en
uno de los dramas sociales más importantes que hoy existen en los
mayores centros urbanos del país, y que afecta con mayor dureza a las
clases populares.
El mandato constitucional ignorado masivamente por el Estado español
El artículo 47 de la Constitución Española (...) dice textualmente que “todos los españoles tienen derechos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y una vez establecido el derecho, el artículo instruye a “los
poderes públicos [a promover] las condiciones necesarias y [establecer]
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Entre estas normas está la de “regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Es más, en su artículo 33 que habla
del derecho a la propiedad (en este caso de la vivienda que se vende o
que se alquila), la Constitución establece que los derechos de la
propiedad privada estarán condicionados por la función social de estos
derechos.
En otras palabras, lo que
la Constitución Española está diciendo es que el derecho a la propiedad
está supeditado a la función social que realiza. Es decir, la
Constitución reconoce que la vivienda no es solo un bien económico sino
también social, tema en el que el Estado, con su enorme insensibilidad
hacia el drama social que crea su desobediencia a tal mandato
constitucional en España, muestra una enorme desatención.
¿Quiénes son los responsables de este drama social?
La Constitución asigna al Estado central la mayor responsabilidad
para aplicar aquellos artículos que en teoría deberían garantizar tal
derecho. Y así lo ha interpretado la
práctica jurídica. En España es solo el estado central el que tiene la
máxima autoridad para obligar al cumplimiento del mandato constitucional
(que ignora). (...) relegando a la autoridad municipal (que también es Estado) una responsabilidad muy menor.
Y
ahí está la raíz del problema, pues el Estado español, heredero del
Estado dictatorial que lo precedió, está altamente influenciado por
poderes financieros e inmobiliarios que, a través de los partidos
conservadores y liberales (que a nivel popular se definen como las
derechas), condicionan las políticas públicas sesgadas a favor de los
propietarios de las viviendas a costa de los usuarios de tales bienes.
Esta realidad está sistemáticamente
ocultada en la movilización de las derechas en España y Catalunya contra
los ayuntamientos de Barcelona y Madrid gobernados por partidos
progresistas, acusándoles de no haber resuelto problemas como el de los
desahucios, mientras que son estos partidos de derechas (y muy
en particular el PP y Ciudadanos) los que a través de su influencia
sobre las ramas ejecutivas y legislativas, así como sobre los aparatos
del Estado como el jurídico, tienen mayor responsabilidad por la falta
de soluciones a estos problemas.
En realidad, tales ayuntamientos han
llevado a cabo políticas públicas (que analizaré en este texto) que han
podido paliar parte del drama social del difícil (cuando no
imposible) acceso a la vivienda sin poder resolverlo, pues ello requiere
cambios muy sustanciales por parte del gobierno español y también, en
parte, de la Generalitat (en el caso de Catalunya), que no están
ocurriendo.
Causas del enorme problema social: el excesivo precio de los alquileres
Hoy estamos viendo una burbuja enorme, predominantemente del alquiler. Los precios de los alquileres están creciendo a una velocidad desmesurada.(...)
Ello explica que el 42% de la población
de Barcelona que vive de alquiler lo haga en hogares para los que los
gastos del hogar representan el 40% o más de sus ingresos. Según
el Fondo Monetario Internacional España es el país de la OCDE (el club
de países más ricos del mundo) que peor relación tiene (después de
Polonia) entre los precios de la vivienda y los ingresos del hogar
(Global Housing Watch FMI).
Ello
aplica también en el precio de los alquileres. Estos altísimos
porcentajes (más del 40%) de los ingresos familiares que se dedican a
pagar los alquileres (en el caso del 42,7% de la población de Barcelona
que vive de alquiler) contrasta con los existentes en países europeos
tales como Francia, Suiza o Alemania donde tales porcentajes son mucho
más bajos, 16,5%, 18,2% y un 23% respectivamente. (...)
La gravedad de la situación de los desahucios
Una consecuencia de esta realidad es el elevadísimo número de
desahucios en España. Durante 2017 se produjeron en España casi 100
desahucios cada día del año (según el Consejo General del Poder Judicial) por no poder pagar el alquiler. (...)
En realidad, las leyes aprobadas por el Estado central, altamente influenciadas por intereses financieros e inmobiliarios, son abusivas en su excesivo empoderamiento del propietario a costa de los derechos de los usuarios, lo cual ha ocurrido con particular dureza durante el gobierno del PP.
Fue
en 2013 cuando la duración de los contratos de alquiler pasó de ser de
cinco años a tres años, y la prórroga máxima de tres a un año, sin que
exista ninguna protección del usuario en cuanto al tamaño del incremento
del alquiler en el momento de la renovación del contrato. (...)
La desprotección del usuario en España es tal que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Civiles de la ONU (CESCER) ha condenado (el año pasado) al Estado español por violar el derecho de la vivienda de las familias desahuciadas.
Pero tal situación continúa, y ha sido, de nuevo, la misma derecha
catalana (ahora rebautizada como PDeCAT) la que ha propuesto ahora
incluso endurecer todavía más tal sesgo pro propiedad de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de manera tal que su propuesta en la
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados permitirá, cuando sea
definitivamente aprobada, el “desahucio exprés”, forzando la expulsión
de los inquilinos de la propiedad en cuestión de dos meses, autorizando
así que las personas propietarias de piso, sociedades sin ánimo de lucro
y agencias públicas de vivienda aceleren el desahucio.(...)
Otras causas del crecimiento del precio de los alquileres
Una causa importante del crecimiento de los alquileres es la escasa oferta de pisos en alquiler, insuficiente para cubrir la demanda.
Y ahí en este tema, el Estado ha hecho muy, pero que muy poco para
incrementar tal oferta. Algunos datos muestran esta realidad. Solo
el 2,5% del total de la vivienda en España es vivienda pública de
alquiler social, encaminada a ofrecer acceso a la vivienda a los grupos
más necesitados. (...)
En realidad, el partido gobernante (Partido Popular) en España ha ido
privatizando la vivienda pública en gran número de municipios y
autonomías donde gobierna. (...)
Blackstone, por ejemplo, ha comprado las carteras de inmuebles de
Catalunya Caixa y del Santander, entre otros, acumulando la
estratosférica cifra de 5.100 millones de euros en bienes inmuebles. (...)
Es precisamente el enorme dominio de tales entidades financieras en el mercado inmobiliario, y la
escasa presencia del sector público, una de las mayores causas al
problema de la escasa oferta de alquileres a precios asequibles. Es más, su comportamiento especulativo se traduce en la retención de largas cantidades
de pisos vacíos por grupos bancarios y/o inversiones de capital riesgo,
los cuales limitan la oferta para conseguir un incremento de los
alquileres.
El número de pisos vacíos, sin embargo, disminuyó debido, en
parte, a la intervención de los ayuntamientos como el de Barcelona, que
no les permite mantener tales pisos vacíos.
Otra causa de la reducción
de pisos vacíos es la masiva introducción de estos fondos (llamados de
alto riesgo) en el alquiler dedicado a los pisos turísticos.
La expansión de este mercado turístico ha sido, a su vez, una de las
principales causas de la disminución de la oferta de pisos de alquiler
para gente normal y corriente. (...)
La expansión de los pisos turísticos
Este sesgo a favor del propietario
explica también el gran crecimiento de los pisos turísticos, pues al
propietario le es mucho más rentable alquilar un piso por periodos
cortos a turistas que no a un ciudadano normal y corriente por un año o
varios años.
De ahí la aparición de empresas que se presentan
como promotores de lo que llaman economía colaborativa, como Airbnb, que
están creando una enorme escasez en la oferta de pisos de alquiler. Hoy hay unas 17.800 viviendas de uso turístico en Barcelona (...)
Por extraño que parezca, los municipios no tienen poder para poder hacer lo que más se necesita para resolver este problema: la regulación de las políticas de alquiler. (...)
El contexto político del drama social: el caso español
El lector habrá notado que a lo largo de este texto y en prácticamente en todos los indicadores
de accesibilidad a la vivienda de alquiler he indicado que España está a
la cola de la UE y, en muchos aspectos, incluso peor respecto a los
países de la OCDE. El derecho a la vivienda que supuestamente garantiza
la sacrosanta Constitución es ignorado por el Estado español (...)
En realidad, la gran mayoría de ciudades están hoy tratando de regular los negocios de alquileres de pisos turísticos, como Airbnb, con medidas que van desde prohibirlos hasta limitarlos en su ubicación y expansión.
Ello explica que tales empresas hayan movilizado a sus
lobbies, para ejercer presión en Bruselas, a fin de que las autoridades
europeas frenen el deseo de controlarlas de los municipios más sensibles
hacia la gravedad del problema, como ha sido el gobierno municipal de
Ada Colau en Barcelona. La orientación neoliberal de la Comisión Europea
y del Parlamento Europeo hace a estas instituciones especialmente
sensibles al impacto de tales lobbies. (...)
La situación en Barcelona: el motivo de la hostilidad de las derechas hacia el gobierno de Ada Colau
(...) Pero a pesar de las limitaciones
impuestas por el orden constitucional (que da muy poco poder a los
municipios), ha tomado una serie de medidas que la colocan
entre las ciudades europeas más progresistas. Entre ellas hay el
intento de influenciar el precio de los alquileres, impidiendo su
crecimiento desbordado.
Para ello ha creado un índice de precios que es
orientativo. Pero, el problema es que no tiene capacidad sancionadora, como la tienen por ejemplo Berlín y Ámsterdam y, en parte, París. (...)
Otra medida del gobierno municipal de Barcelona que merece ser destacada es regular, controlar y evitar (en áreas específicas) los pisos turísticos que habían estado desregulados durante mucho tiempo. El
Ayuntamiento también ha sancionado pisos vacíos y ha aumentado la
liberación de recursos.
Pero, de nuevo, su escaso poder limita su acción
en este campo. Son la comunidad
autónoma y el Estado central los que deberían ser más activos en estas
intervenciones. Sin su activa participación en defensa del usuario, el
problema es de difícil resolución. (...)" (Vicenç Navarrol, Público, 10/05/18)
No hay comentarios:
Publicar un comentario