Familia que será desahuciada en Llucmajor (Stop Desahucios). Europa Press
"No estamos por gusto, estamos por necesidad”. Son
las explicaciones de Trinidad Cortés a las puertas del chalet
deshabitado que hace un año ocupó con el resto de su familia en el
municipio mallorquín de Llucmajor. Este lunes estaba previsto el
desalojo de esta familia de 14 miembros, ocho de los cuales sufren algún
grado de discapacidad, después de que la entidad propietaria del
inmueble recurriera a los tribunales para ordenar su desahucio.
Un
acuerdo de última hora entre Abanca y el Gobierno balear ha permitido
aplazar sin fecha el desalojo con el objetivo de encontrar una solución
adecuada para realojar a los miembros de esta familia.
La familia Cortés llegó hace un año desde Alicante y
después de unos días sin encontrar casa se asentaron en el chalet. Son
gitanos evangelistas, ocho hermanos con sus parejas. Los que trabajan
-dos de ellos- lo hacen en la construcción y una cantera. Las
discapacidades responden a problemas genéticos y de consanguinidad.
Los
servicios sociales del Ayuntamiento dicen que no pidieron ayuda en estos
12 meses. La familia sin embargo, asegura que sí, pero que como no
estaban empadronados les rechazaron y no se podían empadronar porque la
casa era ocupada.
En noviembre de 2017 entraron en la casa y desde
entonces han malvivido en el inmueble, sin agua corriente y apenas
electricidad. Entraron a vivir 15 personas, de las que seis tienen una
discapacidad severa y dos padecen tipos más leves. Uno de los miembros
del clan falleció el pasado sábado y los Cortés apenas han tenido tiempo
de velarlo por el estrés y la angustia del desahucio.
“Después de ver
la particularidad del caso, el director del banco se ha comprometido a
paralizar el desalojo sin fecha” afirma el teniente de alcalde de
Llucmajor, Bernardí Vives. (...)
Desde la plataforma Stop Desahucios Mallorca
denuncian que el Ayuntamiento ha mirado hacia otro lado y que el juzgado
no ha atendido a razones. Juan Segura, portavoz de la organización,
afirma que la familia entregó 200 euros a un abogado que les prometió
gestionar la situación en los tribunales y que “no hizo nada” dejándoles
al borde de la indigencia.
Critica también el papel del Ayuntamiento,
al que acusa de cortar el agua en varias ocasiones “sin enviar antes a
un trabajador social para comprobar la situación de la familia”.
Francisco González, vecino de Llucmajor y exconcejal
en el Consistorio, se ha involucrado con la familia durante las últimas
semanas para llamar la atención sobre la situación por la que estaban
pasando. “Están viviendo sin agua, totalmente hacinados, tienen
gravísimas enfermedades todos ellos, el que menos tiene sordera, hay
personas con cáncer, seis personas discapacitadas, con ceguera, con
parálisis, con Síndrome de Down, con retraso mental, con esquizofrenia y
estaban tan enfermos que el sábado uno de los hermanos falleció” relata
González.
La familia ha vivido en los últimos meses de las pensiones no
contributivas que cobraban algunos de sus miembros y del trabajo de
otros dos, a los que se suma el dinero que gana una de las mujeres
trabajando por horas. “Es un escándalo, el mundo es injusto. Es un caso
más y son miles de familias las que están en situaciones similares”
lamenta González.
Catalina, una vecina que reside en las casas situadas
junto a la parcela del chalet ocupado, lamenta que el banco quiera
echar a la familia cuando la casa llevaba vacía más de dos años y
anteriormente fue objeto de vandalismo, robos y pasto de un incendio.
Abanca se hizo con ella después de que la empresa titular del inmueble
dejara de pagar las cuotas de la hipoteca. “Esta familia ha hecho un
bien a esta casa porque no se mete gente rara. No molestan a nadie, la
mayoría no se pueden ni mover. No dan ningún problema, lo veo todo una
injusticia” clama." (Lucía Bohórquez, El País, 03/11/18)
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