"El documento ha sido aprobado con el apoyo de todos
los grupos salvo Ciudadanos. Y a propuesta del PP sostiene que durante
la crisis faltaron medidas alternativas para enfrentarse al fuerte
incremento de la morosidad hipotecaria. "Las entidades tampoco valoraron
(en general, aunque sí alguna entidad) motu proprio
ofrecer soluciones a sus clientes distintas de los cierres de las
operaciones y los posteriores lanzamientos y ejecuciones hipotecarias",
afirma.
E incluso va más allá al apuntar que existían otras
opciones que las entidades podían haber adoptado: "En muchos casos, se
podría haber facilitado la continuidad de las operaciones y que las
familias pudieran seguir manteniendo sus viviendas".
En el fondo, el informe señala que este modo de proceder resultó hasta contraproducente para los propios bancos: "Las entidades financieras se hacían con un número cada vez mayor de viviendas en un mercado que no tenía salida y en un sector de actividad que ellas desconocían". De ahí que el texto de las Cortes tilde los desahucios de "error estratégico".
En el fondo, el informe señala que este modo de proceder resultó hasta contraproducente para los propios bancos: "Las entidades financieras se hacían con un número cada vez mayor de viviendas en un mercado que no tenía salida y en un sector de actividad que ellas desconocían". De ahí que el texto de las Cortes tilde los desahucios de "error estratégico".
"Afectó de forma negativa a la
sociedad y ha generado parte de ese coste reputacional que ahora se
convierte en un reto a mejorar", concluye.
"No tenía sentido. Acumularon inmuebles por los que
tenían que soportar gastos de mantenimiento sin poder venderlos. Junto a
las preferentes, que supusieron un esparcimiento de las pérdidas por
toda la sociedad, ha sido la base del problema reputacional de la banca y
les va a costar años recuperarla", explica Miguel Ángel Paniagua,
diputado del PP encargado del informe y exempleado de banca. En su
opinión, el enfoque de minimizar los problemas e intentar poco a poco
solventarlos obligó a la banca a ir rebañando de todas partes,
incluyendo de las ejecuciones hipotecarias.
El Defensor del Pueblo ya advirtió de este hecho al
Congreso en un informe fechado en enero de 2012. "Las entidades deberían
haber entrado más en las renegociaciones", argumenta Fernando
Zunzunegui, el abogado que elaboró el análisis que sirvió de base para
las propuestas del Defensor del Pueblo. (...)
Como explica el magistrado José María Fernández
Seijo, en los primeros años de la crisis las entidades apostaron por
convertirse en inmobiliarias porque pensaron que el mercado se
recuperaría. Pero eso no sucedió. La crisis se alargó mucho más y adquirió mayores dimensiones que la anterior.
Se tuvo que recurrir al rescate de Europa.
Y ahora las entidades han
tenido que ir deshaciéndose de esas viviendas adjudicadas con grandes
descuentos cuando podían haberlo resuelto antes con reestructuraciones
de la deuda. Así su imagen no habría sufrido tanto y se habrían evitado
pleitos en los tribunales, sostiene Fernández Seijo.
Las responsabilidades
"La situación desbordó a todos. Las entidades intentaron negociar porque no tenían nada que ganar al quedarse con un piso. Supone un coste muy elevado para el banco, y más desde las provisiones que impuso Guindos. Como última solución, se ejecutaron las de aquellos que no podían negociar. De lo que hay que culpar a los bancos es de que concediesen crédito en condiciones muy relajadas. Una parte fue crédito bueno que se volvió malo con la crisis.
Las responsabilidades
"La situación desbordó a todos. Las entidades intentaron negociar porque no tenían nada que ganar al quedarse con un piso. Supone un coste muy elevado para el banco, y más desde las provisiones que impuso Guindos. Como última solución, se ejecutaron las de aquellos que no podían negociar. De lo que hay que culpar a los bancos es de que concediesen crédito en condiciones muy relajadas. Una parte fue crédito bueno que se volvió malo con la crisis.
Pero otra
parte fueron préstamos en los que no se examinó bien la capacidad de
pago y se sobrevaloraron las garantías, algo en lo que sí tuvieron
responsabilidad. Por otra parte, los prestatarios también asumieron una
responsabilidad al firmar", razona Juan Fernando Robles, profesor del
Centro de Estudios Financieros.(...)
De acuerdo con algunas estimaciones, el número de
desahucios de primera vivienda podría haber alcanzado durante la crisis
el entorno de los 230.000. Y las cifras no empezaron a descender hasta
noviembre de 2012, cuando la abogada general de la UE estableció en el
caso de Mohamed Aziz que la legislación española no permitía al
hipotecado la posibilidad de reclamar, lesionando sus derechos. En 2013,
el Tribunal de Luxemburgo publica la sentencia de este caso, dejando
claro que los jueces pueden intervenir para valorar si hay cláusulas
abusivas.
En 2015, el Supremo declara nulas las cláusulas de
vencimiento anticipado, aduciendo que una parte no puede dar por vencido
el préstamo solo por un incumplimiento leve. Desde entonces, hay unas
80.000 paralizadas a la espera de que se siente un criterio. El próximo
26 de marzo se debería resolver este impasse
cuando el Tribunal europeo dictamine sobre las cuestiones prejudiciales
planteadas por el vencimiento anticipado de la hipoteca.
La nueva ley de crédito inmobiliario, que ha aprobado el Congreso
y que entrará en vigor tres meses después de que se publique en el BOE,
endurece los requisitos para que se desaloje. Y además permite que en
las hipotecas viejas el cliente pueda elegir a qué esquema se acoge: si
al nuevo o al antiguo, que en principio se adaptará a lo que establezca
el 26 de marzo el Tribunal de la UE.
El informe del Congreso no solo pone el acento en la
gestión de la banca.
A propuesta de Unidos Podemos e inspirados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se recomienda una mayor coordinación entre jueces y servicios sociales para dar soluciones a los desalojos. Y que las Administraciones otorguen una alternativa habitacional adecuada o un alquiler social.
“Que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos hayan realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños u otras personas en situación de vulnerabilidad”, dice.
Se exige que se paralicen los de primera vivienda cuando haya menores de edad y no se brinde una alternativa habitacional, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. También pide que en todos los contratos para la adquisición de primera vivienda se establezca la responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados. Esta idea haría que no se pudiesen considerar garantías adicionales para lograr la hipoteca, recuerdan fuentes bancarias." (Antonio Maqueda, El País, 10/03/19)
A propuesta de Unidos Podemos e inspirados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se recomienda una mayor coordinación entre jueces y servicios sociales para dar soluciones a los desalojos. Y que las Administraciones otorguen una alternativa habitacional adecuada o un alquiler social.
“Que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos hayan realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños u otras personas en situación de vulnerabilidad”, dice.
Se exige que se paralicen los de primera vivienda cuando haya menores de edad y no se brinde una alternativa habitacional, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. También pide que en todos los contratos para la adquisición de primera vivienda se establezca la responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados. Esta idea haría que no se pudiesen considerar garantías adicionales para lograr la hipoteca, recuerdan fuentes bancarias." (Antonio Maqueda, El País, 10/03/19)
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