"(...) la realidad es que el futuro de esa lucha entre el sector inmobiliario/financiero y el nuevo Ejecutivo acaba de empezar. (...)
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria (SAREB), más conocida como el Banco Malo, participado en un 45%
por el Estado y el resto por inversores privados —principalmente
grandes bancos nacionales— puede ser ese arma, pero también puede
estallarle en los morros a Iglesias y Sánchez.
Continuas pérdidas,
opacidad, pérdida de su control por parte de los poderes públicos y un
préstamo avalado por el Estado y que no tiene pinta de poder devolverse,
convierte al Banco Malo en un cuchillo de doble filo. (...)
“Lo primero que el Gobierno debe hacer es investigar exhaustivamente qué ha sucedido en ella”, explica a El Salto Manuel Gabarre, autor de Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler
(Traficantes de Sueños, 2019), apelando a la realización de una
auditoría de la SAREB para conocer “qué obligaciones ha asumido y de qué
bienes dispone ahora mismo”, además de publicar qué se ha vendido hasta
el momento, por cuánto y a quién. (...)
El listado de bienes que, según Gabarre, debería realizar el nuevo
Gobierno sobre los activos para conocer “qué pisos con sus direcciones,
qué solares o que préstamos a promotores” tiene la entidad, sería el
punto de partida para el principal uso que le darían tanto Sánchez Mato
como la abogada de la PAH: “Hacer política de vivienda y convertirla en
herramienta de provisión de vivienda social”. (...)
Porque, afirma el exconcejal, continuar con la senda actual “que no es
otra que regalar suelo, créditos y vivienda a fondos buitre
oportunistas”, solo ahonda las pérdidas mientras que, según él, el
Gobierno hace dejación de funciones en materia de Vivienda. (...)
El camino no es de rosas y el PP lo dejó todo “atado y bien atado”
con la SAREB. Los beneficiarios de la marcha de la entidad en los
últimos años son “personas muy bien relacionadas con el poder”, declara
Gabarre, “que se opondrán a cualquier acción que vaya en contra de sus
intereses”, pero remarca que los grandes beneficiarios son los fondos
buitre y la gran banca, que ha funcionado como músculo financiero
gracias en parte a las enormes cantidades de dinero que han conseguido a
tipos de interés cercanos al 0% y que han prestado a dichos fondos. Por
lo tanto, añade, “cualquier acción en materia de vivienda que
perjudique a los fondos de inversión va a ser rechazada por la banca,
que es un enemigo muy poderoso”.
Para Liliana Pineda, abogada y
activista de ATTAC, todas las limitaciones son de carácter político.
Pineda explica que “con base a la garantía de no repetición de riesgo,
principio jurídico que debiera aplicarse con toda normalidad en el
ámbito de lo económico, debe acometer una reestructuración a fondo de la
Sareb y, valorando el riesgo y el peligro asumido, transformarla en un
instrumento útil a la sociedad”. (...)
En cambio, para Jacinto sí que puede haber complicaciones de carácter
económico para este nuevo Gobierno en caso de que, como ella recomienda,
se nacionalice la SAREB y se utilice para realizar políticas de
vivienda social, ya que “supondría que el Estado tendría que asumir la
deuda de la entidad e incumplir los objetivos del déficit”. Pero
coincide con Pineda en que “no se puede ni se debe mantener la entidad
así, como una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas y que
en cualquier momento caerá sobre nosotros”. (...)
La espada de Damocles a la que se refiere la activista de ATTAC tiene
forma de aval, uno de 40.000 millones de euros. Cuando se conformó la
entidad, 45% pública y 55% privada para evitar contabilizar sus deudas y
pérdidas como públicas, tuvo que pedir un préstamo de 50.000 millones,
concedido por la Unión Europea en el marco de los acuerdos para el
rescate a la banca española en 2012, usados para comprar las viviendas,
solares y préstamos a los bancos. Pero el Banco Malo no ha arrojado más
que pérdidas. (...)
Todo ello lleva a ese escenario donde la bomba puede estallarle en la
cara al nuevo Gobierno: el día que venza el préstamo, el Banco Malo no
tendrá dinero para pagarlo y el Estado es el único garante. Quedan
40.000 millones por pagar, ya que se han devuelto unos 10.000 hasta el
momento, y, según Gabarre, “el aval que concedió el Estado a Sareb, es
decir, la obligación del Estado de pagar todo lo que la Sareb no pueda
devolver, es por tanto una obligación legal que contrajo España con la
Unión Europea”. (...)
El precio de la vivienda está subiendo, pero la SAREB ya ha vendido los
lotes más apetitosos para los mercados y sus intentos de crear
herramientas para su venta, SOCIMI principalmente, tampoco parecen que
vayan a llenar las arcas del Banco Malo como para poder devolver los
40.000 millones. (...)
En resumen, PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la difícil tarea de
afrontar una legislatura donde el mismo arma les puede servir para
materializar una verdadera política de vivienda social y calmar los
precios del alquiler en muchas zonas del Estado español, pero que, en
caso de estallar, puede provocarles un quebranto que desfigure los
Presupuestos Generales y el déficit exigido por Bruselas, provocando
unos recortes que dejarían a los que sufrimos en la época de crisis como
un chiste." (Yago Álvarez, El Salto, 11/01/20)
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