"Hicham y Amina se quedan (tres meses más). Pese a ser víctimas de
estafa y carecer de alternativa habitacional con tres menores de 7 y 3
años y seis meses a su cargo, el desahucio de esta familia estaba
previsto este jueves. Finalmente, no se ha ejecutado el lanzamiento
sobre estos vecinos del barrio de San Marcelino, ya que el juez
encargado del caso ha paralizado la ejecución.
Decenas de vecinos y
activistas de la PAH —que ha estado acompañando a la familia durante
todo el proceso— se han concentrado en la puerta del domicilio durante
horas hasta conocer la resolución del juzgado. La familia, que esta
misma mañana temía quedarse en la calle, tiene ahora un respiro para
permanecer en el piso donde, hasta hace poco, creían que eran
inquilinos.
“Llevo doce años viviendo en el barrio, mis hijos
están matriculados en la escuela y todos tenemos nuestra vida aquí”
denuncia Hicham. Al preguntarle por los alquileres, se indigna “¿Tú
sabes cómo están los alquileres aquí? La media en el barrio es de 700 u
800 euros, y nos piden tres o cuatro meses de entrada, es imposible que
nos podamos permitir pagar eso”.
Todo comenzó el pasado 28 de
febrero. Ese día, Hicham, que regenta un locutorio en el barrio, vio
como una pareja entraba al establecimiento para colgar un cartel en el
que advertían que alquilaban un piso. Casualmente la vivienda estaba
cerca de su negocio y el precio era bastante justo. La familia, que
estaba buscando una vivienda para alquilar, pensó que era la oportunidad
perfecta.
“La vivienda estaba bastante mal, y algunos vecinos me
ayudaron a arreglarla para que pudiéramos entrar a mitad de marzo. Le
dimos hasta una mano de pintura” explica Hicham. Firmaron el alquiler,
contrataron la electricidad, el agua y un seguro de un año para la
vivienda, mientras pagaban religiosamente cada mes mediante
transferencia bancaria.
En septiembre, la presidenta de su
comunidad les advirtió de que aquel piso tenía dueño y era un banco. La
familia decidió personarse en una oficina para comprobarlo. Así era. En
el momento fueron conscientes del engaño, interpusieron una denuncia. El
estafador, por el momento, está en busca y captura.
Sin embargo, dos
semanas más tarde, una carta del juzgado consideraba a esta familia
“ocupantes” del piso e indicaba que debían abandonar la que creían su
casa al “no tener derecho a permanecer en la vivienda”. De un día para
otro pasaron de inquilinos a okupas. El 14 de enero recibieron la orden
de desahucio que hoy no se ha ejecutado. (...)
“No somos okupas, nos estafaron”. Hicham siente impotencia frente a
un proceso en el que no se ha tenido en cuenta su condición de víctima.
Durante el proceso judicial por el desahucio no se aborda en ningún
momento que la familia es víctima de estafa. “Nos dijeron que eso va por
otra vía, que es otro proceso, a pesar de que les hemos enseñado todos
los documentos, recibos, papeles y transferencias bancarias que hemos
hecho para demostrar que nos han engañado, pero no cuentan para nada.
Hemos invertido mucho dinero en ese piso ¿Qué vivienda encontramos que
podamos pagar?”.
Hicham defiende que actuaron en todo momento de
buena fe. “Nosotros alertamos de la situación y nos pusimos en contacto
con el banco ¿Y ahora los que nos quedamos en la calle somos nosotros?
Hemos pagado todos los meses y el estafador tenía llaves de la casa
¿Cómo podíamos saber nosotros de quien es el piso?” denuncia. A pesar de
advertir al banco de su situación, ahora, no es el estafador el que
tiene problemas, sino ellos." (Gonzalo Sánchez, El Salto, 31/01/20)
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