"Hace unos días, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias hizo
referencia en un mensaje de Twitter al artículo 128 de la Constitución
Española que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y
sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".
Lo
hizo para subrayar que, en estos momentos de emergencia sanitaria,
"cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general
del país", un principio constitucional que lógicamente puede llevar a
que puntualmente se disponga que alguna propiedad privada quede al
servicio del bien común. (...)
Enseguida, los medios de comunicación y los dirigentes y economistas de derechas arremetieron contra Pablo Iglesias (...)
Libertad Digital decía en un gran titular: "El pánico se desata:
Iglesias instaura un régimen comunista". Esdiario se refería al mensaje
del líder de Podemos diciendo que el "tuit chavista de Pablo Iglesias
aterroriza a todo el mundo con ahorros". El diario El Economista
aseguraba, también a toda plana, que "Iglesias quiere nacionalizaciones y
socializar ahorros como Venezuela". (...)
Los juicios tan dramáticos y extremistas contra Iglesias son realmente
chocantes si se tiene en cuenta que no mencionó ningún artículo de la
extinta constitución soviética ni de la bolivariana de Venezuela sino
uno de la española. Sorprende porque no parece lógico que, quienes a
todas horas manifiestan su compromiso con nuestra Carta Magna y se
denominan a sí mismos los constitucionalistas, puedan mostrar tanto
temor cuando se invoca uno de sus artículos.
Si hay algo de comunista,
de bolivariano, de radical y terrible en la declaración de Pablo
Iglesias será porque todo eso está en nuestra Constitución y no porque
lo haya afirmado el vicepresidente. (...)
Quienes critican a Iglesias por recordar la letra y el espíritu del 128
olvidan (seguramente lo saben, pero no quieren tenerlo en cuenta) que
preceptos de ese tipo se encuentran, con una u otra redacción concreta,
en casi todas las constituciones avanzadas y que es precisamente su
ausencia lo que da problemas en momentos como los que estamos viviendo.
Así lo ha reconocido nada más y nada menos que el expresidente Felipe
González en un artículo de prensa en el que subraya la necesidad de
tenerlo presente, naturalmente, reconociendo y cumpliendo al mismo
tiempo con el resto de los principios constitucionales, como no puede
ser de otra forma. (...)
Son unas acusaciones tan exageradas y estruendosas, tan
desproporcionadas y malvadas que lo que muestran es que el
constitucionalismo de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox es falso, de
pacotilla. No puede ser de otro tipo dada la escasísima confianza que
tienen en la Constitución que dicen defender. (...)
O, mejor dicho, sólo puede entenderse que digan que la defienden con
tanto ahínco porque mienten. La Constitución les importa un rábano y
sólo están preocupados por dinamitar a cualquier gobierno que defienda
-con la Constitución en la mano- intereses que no sean los de la grandes
empresas o los de la cúpula que controla la Iglesia Católica. (...)
gobiernos tan poco sospechosos de izquierdismo como los de Francia y
Alemania están yendo mucho más lejos de lo que ha ido en España el
vicepresidente Pablo Iglesias.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó la semana pasada que allí se está valorando la posibilidad de tomar participaciones en las empresas que lo necesiten e incluso realizar nacionalizaciones. Y el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, también ha anunciado que llevarán a cabo nacionalizaciones si fuese necesario. Y hasta el presidente Trump ha ordenado a General Motors y a Ford que se pongan a fabricar respiradores.
No es que Iglesias se haya infiltrado en los gobiernos de Francia y
Alemania y los esté haciendo bolcheviques. No. Lo que simplemente ocurre
es que, en momentos de emergencia como los que estamos viviendo, lo
lógico es que los gobiernos tengan esa previsión y que invoquen el mismo
principio al que hizo referencia el vicepresidente español. (...)
Para poder disponer de todos los medios que necesita nuestro sistema
sanitario y para evitar que miles de empresas cierren por la obligada
inactividad, el gobierno no puede tener la más mínima duda: si hace
falta colocar a las empresas privadas al servicio del interés común debe
hacerlo, lo mismo que debe proteger a todas las empresas que lo
necesiten, cueste lo que cueste y de cualquier manera que sea, para
evitar que desaparezcan.
Hay muchas empresas españolas que tienen
servicios de logística por todo el mundo ¿no es lógico, por ejemplo, que
se recurra a sus redes para aprovisionarnos con seguridad en estos
momentos de crisis? ¿no es razonable que se obligue, si fuera preciso, a
que se reconviertan las que hagan falta para producir aquí lo que ahora
no se pueda conseguir en los mercados internacionales, como algunos
productos sanitarios? (...)
Esperemos que el gobierno sea capaz de superar la agresión continuada,
que acierte en el tratamiento de la crisis, que actúe con inteligencia y
mayor prontitud para garantizar los ingresos perdidos por las empresas y
las personas y que no tengamos que ver a empresas y bancos, no sólo en
España sino en el resto de Europa, pidiendo ellos mismos ser
nacionalizados." (Juan Torres López, Público, 05/04/20)
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